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Málaga: dos condenados que vuelven "por su pueblo"

En la provincia hay al menos  nueve cabeza de lista imputados

Entre los candidatos hay también dos condenados en firme: Juan Martín Serón, en Alhaurín el Grande, y Abdeslam Lucena, en Benamocarra

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Juan Martín Serón, en su comparecencia. Detrás de él, con chaqueta verde, Antonia Ledesma

Juan Martín Serón, con su equipo, el día que regresó a la alcaldía

El candidato a la reelección por el Partido Popular en Vélez-Málaga mira a la cámara, hace como que aparta con la mano derecha algo que le disgusta y dice: "A quien tenéis que analizar es a mí; no a Mariano Rajoy, ni a Cospedal, ni yo soy Gürtel. Yo soy una persona honrada, una persona seria y tengo mis manos limpias". Francisco Delgado Bonilla se salvó a sí mismo hace un par de días disparando una bala perdida que fue a dar, por alusiones, en los líderes de su partido. Nada menos. Para decir las cosas claras, a veces hay que decirlas sin querer.

El resbalón escenifica el intento, a veces algo patético, que hacen los partidos por desvincularse de la corrupción y señalarla en el adversario. Hay quien denuncia que eso provoca un recrudecimiento de la judicialización de algunos asuntos en las semanas previas a las elecciones. David Valadez, candidato del PSOE en Estepona, y Francisco Salado, del PP de Rincón de la Victoria, han sido imputados recientemente: el primero, por interponer supuestamente una denuncia falsa; el segundo, por injurias. Ambos han sido denunciados por rivales políticos.

Esto provoca que, en ocasiones, los jueces miren con recelo la interposición de ciertas querellas o denuncias. "Es que esto tenéis que resolverlo políticamente", le dijo un juez al abogado de un candidato que había denunciado un caso de presunta corrupción. Finalmente, el asunto será investigado. Los casos de corrupción no son "asuntos políticos" sino penales, pero hay un trecho de la imputación a la culpabilidad y, a veces, hay quien lo aprovecha.

Condenados que vuelven "por el pueblo"

En Málaga, ni las condenas son obstáculo para algún candidato y si lo son, se acude al "clamor" popular contra la injusticia de la justicia. Juan Martín Serón, el alcalde de Alhaurín en Grande  condenado en firme por el Tribunal Supremo por cohecho, se presenta como cabeza de lista de Por Alhaurín. Abandonó el PP después de una pugna no del todo soterrada con la dirección provincial,  volvió a la Alcaldía cumplido el plazo de suspensión y anunció en rueda de prensa que no se presentaría "salvo hecatombe". Aspira a gobernar de nuevo. Se lo han pedido los vecinos: "El pueblo tiene derecho a que me presente".

También fue condenado por sentencia firme Abdeslam Lucena, que opta a la reelección con su nuevo partido después de romper con el PP. Por Mi Pueblo, se llama su partido. Lucena está inhabilitado para ser elegido por delitos calumnias, injurias y desobediencia. Se le condenó por colocar unos carteles acusando al director de un instituto y concejal socialista de ser un "enchufado". Aunque su candidatura fue impugnada, salió adelante porque ha pedido que se suspenda la pena hasta que se resuelva la petición del indulto solicitado por los presidentes de nueve asociaciones del pueblo. Los firmantes confían en la "magnanimidad" del ministro de Justicia y creen que Lucena ejerció la libertad de expresión. Los delitos "nada tienen que ver con el mal o el fenómeno de la corrupción", esgrimen en su escrito.

Manilva: tres imputados a elegir

La mayor parte (no es una exageración) de los alcaldes de los grandes municipios malagueños han estado imputados alguna vez, pero no han llegado a juicio. El último exonerado ha sido Joaquín Villanova, alcalde popular de Alhaurín de la Torre, a quien el Tribunal Supremo (es aforado porque también es senador) acaba de archivar una causa por malversación en la concesión de una caseta municipal.

Otros siguen en el punto de mira de la justicia. En Manilva, los vecinos pueden elegir entre candidatos a alcalde imputados actualmente: Diego Urieta (Compromiso Manilva, expulsado de IU), Emilio López Berenguer (Asociación Socialista de Marbella, expulsado del PSOE) y Diego José Jiménez (PSOE). Los tres declararon el pasado 10 de abril en un juzgado de Estepona en la pieza separada del procedimiento que arrancó con el caso de los presuntos 470 enchufados bajo el mandato de la  exalcaldesa Antonia Muñoz (expulsada de IU).

Imputados novatos e imputados veteranos

El PP señaló con el dedo al PSOE hace un par de semanas, a cuenta de tres casos. David Valadez, candidato socialista en Estepona, fue citado para declarar por la supuesta interposición de una denuncia falsa. Él insiste en que no está imputado, sino querellado. Es decir, declarará porque un particular (según él, vinculado con la candidatura del PP) ha interpuesto una querella. Valadez destapó el caso Astapa, donde hay un centenar de investigados. Entre ellos, el exalcalde de su propio partido, Antonio Barrientos.

Francisco Hidalgo, candidato socialista a la reelección en Fuente de Piedra, está imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y falsedad. La jueza investiga si se ejecutaron las obras financiadas con cargo a una subvención de la Diputación de Málaga.

También está imputado el alcalde más veterano de la provincia. Cristóbal Torreblanca, alcalde socialista de Almogía desde 1983, fue detenido en 2009 por la Guardia Civil, que registró el ayuntamiento buscando pruebas de un posible delito por la concesión de licencias urbanísticas irregulares. Según las crónicas de aquel día, Torreblanca dijo que renunciaría al cargo si le imputaban. Se presenta en 2015 anunciando que será su última legislatura. En 2011 explicaba su visión de la tipología penal en una entrevista en La Opinión de Málaga: "Quiero dejar claro que en ningún caso estoy imputado por corrupción. Sobre mí pesan cargos por prevaricación y falsedad documental". "Yo creía que lo estaba haciendo bien", comenta más adelante. Seis años después de arrancar, el caso sigue en instrucción.

"El voto del pueblo te limpia"

El candidato de Unión Centro Benalmádena, Francisco Salido, está imputado por las presuntas irregularidades en la justificación de 262.500 euros recibidos en concepto de subvenciones por el comedor social, del que era responsable. El secretario de la asociación que lo gestionaba es su cuñado, también investigado, como lo está su hermano, voluntario. El 1 de junio declarará el interventor del Ayuntamiento.

La Audiencia Provincial ordenó recientemente reabrir Salido, el procedimiento abierto por la adjudicación de unas obras en el puerto deportivo cuando Salido era responsable, iniciado en 2011. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, denunció hace apenas una semana estos hechos, que ya habían sido aireados por Encarnación Cortés, exconcejala de UCB, hace tres años. El PP mantuvo un pacto de gobierno con UCB desde que triunfó su moción de censura contra el PSOE, en abril de 2012, hasta noviembre de 2014.

Antonio Marín Lara está imputado en el caso Acinipo, un asunto de presunta corrupción urbanística. Encabeza la lista de Alianza Por Ronda. Alcalde con el Partido Andalucista desde 2004 con el apoyo de los populares, dejó el PP para pasarse al PSOE y fue declarado oficialmente tránsfuga por la Mesa Nacional Antitransfuguismo. Se le conoce como "Toti", se define populista y en 2013 declaró a El País lo siguiente: "Un alcalde tiene que estar en el límite de lo legal, o no es alcalde". Cerró la entrevista así: "El voto del pueblo te limpia".

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