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La familia adoptiva de Maloma denuncia que el cónsul español no ha logrado verla desde que está en los campamentos

Tras una semana en los campamentos de Tinduf, el cónsul español en Argel, Cristian Font, solo se ha podido reunir con miembros de las autoridades saharauis

Los familiares españoles denuncian que el Frente Polisario ha bloqueado el encuentro de Font con la ciudadana española de origen saharaui secuestrada por su familia biológica

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores señalan que se trata de un asunto de "máxima prioridad"

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Manifestación por la liberación de Maloma. Foto: Alejandro Ávila

Manifestación por la liberación de Maloma. Foto: Alejandro Ávila

Una semana de negociaciones estériles entre el Gobierno español y el Frente Polisario para que Maloma vuelva a España. La familia adoptiva de Maloma Morales, la ciudadana española de origen saharaui que lleva más de cinco meses retenida contra su voluntad por su familia biológica en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) según denuncian la ONU y Human Right Watch, ha afirmado este martes que el cónsul español en Argel, Cristian Font, "lleva una semana en los campamentos y no ha conseguido ver a Maloma, ni entrevistarse con su familia, que la mantiene retenida en la casa familiar del campamento de Smara".

Ismael Arregui, pareja de hecho de Maloma, y José Morales y María del Carmen Matos, padres adoptivos de ella desde 2014, aseguran en un comunicado que "el Ministerio de Asuntos Exteriores sólo nos ha informado de que el Cónsul ha mantenido una reunión con el Ministro saharaui de Justicia y Asuntos Religiosos, Ahmed Lehbib Abdi, y con el de Juventud, Mrabih El Mami, que es el máximo responsable de la organización del programa Vacaciones en Paz, aunque no nos han dado información alguna respecto al contenido o los resultados obtenidos en dicha reunión".

En declaraciones a eldiario.es/andalucía, culpan al Frente Polisario, autoridad gubernamental saharaui en los campamentos, de bloquear el encuentro entre el cónsul y Maloma, para permitir así su liberación. La familia señala que la tribu de Maloma, Rguibat Ouled Mousa, "mantiene una postura errática e intransigente y que no permite ni acepta que ella, como mujer adulta que es, pueda decidir libremente".

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores confirman que el cónsul sigue en los campamentos y que se encuentra en contacto con las autoridades del Frente Polisario. Ni confirman ni desmienten que las autoridades saharauis hayan impedido que Font se reúna con Maloma. "No hay ni un día que este caso esté encima de la mesa, es un asunto de máxima prioridad", han indicado.

Las llamadas de Maloma fueron "paños calientes"

Tras lograr hablar con ella en dos ocasiones la semana pasada, denuncian que las llamadas  "sólo fueron paños calientes para intentar que abandonemos nuestra lucha por su libertad. Desde entonces, no hemos logrado volver a contactar con ella. No le han dado un teléfono como dijeron y, por eso, tenemos que llamar al de su hermano mayor, Mohamed Lamine, que cuelga cada vez que intentamos comunicarnos".

Desde que Maloma fue introducida por la fuerza en un coche por dos primos y su hermano el 12 de diciembre de 2015, según denuncia Pepe Morales, que fue testigo del supuesto secuestro, la familia adoptiva apenas ha contado con el apoyo del movimiento prosaharaui español o de de la delegación española y andaluza del Frente Polisario. Así, denuncian que en un acto en Madrid celebrado este lunes, "la Delegada saharaui en España, Jira Bulahi; el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara – CEAS, Pepe Taboada; y el Delegado saharaui en Madrid, Abdullah Arabi, siguieron negando la existencia de retenciones ilegales contra la voluntad de las mujeres en los campamentos y, por supuesto, desmintieron el secuestro de Maloma".

El caso de Maloma es la punta del iceberg, afirman, de hasta un centenar de casos recogidos de forma no oficial por otras familias de acogida españolas que se han visto afectadas por la retención de mujeres que pasaron años en su casa y que, en visitas a sus familias en el Sáhara, se vieron retenidas contra su voluntad, a pesar de ser mayores de edad, contar con permiso de residencia en España y haber expresado su deseo de continuar viviendo en España. 

Una violación de los derechos humanos

La familia de Maloma exige por ello "el debido respeto que merecen los Derechos y la Libertad de Maloma y las demás mujeres retenidas ilegalmente en los campamentos por sus familias biológicas". Tanto Naciones Unidas como organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado públicamente o ante el Frente Polisario que este tipo de violaciones de los derechos humanos se estén llevando a cabo en territorios que se encuentran bajo su autoridad, como es el caso de los campamentos de Smara.

Asimismo, denuncian que están siendo "objeto de una campaña de descrédito intolerable y vergonzosa, con ataques directos en las redes sociales con acusaciones muy graves que vamos a denunciar ante la Policía" y que se sienten "desprotegidos" solo por  "perseverar en la defensa de que la libertad de las mujeres es esencial en un Estado que presume de ser democrático, como es la República Árabe Saharaui Democrática que gobierna el Frente Polisario y que España no reconoce como tal".

Ismael Arregui lamenta en el comunicado que "el Gobierno español no se haya posicionado públicamente respecto al secuestro y retención contra su voluntad de mi pareja, como tampoco lo han hecho ninguno de los partidos políticos españoles, aunque sí algunos de sus miembros".

Zaida Cantera, diputada socialista y ex militar que denunció a su superior por acoso sexual, mantuvo la semana pasada un enfrentamiento por Twitter con un veterano del Polisario y le declaró a este diario que está dispuesta a interceder personalmente por Maloma. " Yo le pago el billete de mi bolsillo, voy allí a recogerla y que me diga aquí, sin ningún tipo de presión, dónde quiere vivir. Si no quiere estar en España, yo misma le pago el billete de vuelta. Hoy por hoy, todos los indicios me dicen que esta mujer no es libre", sostuvo.

Arregui concluye exigiendo que "nuestro Gobierno y todos los representantes políticos deben defender con uñas y dientes los Derechos Humanos de una ciudadana española, por encima de intereses de otra índole, y traerla de vuelta para que ella, libre e individualmente, sin presiones de ninguna clase, pueda decidir su propio futuro. Maloma debe ser puesta en libertad ya, sin excusas, y el Gobierno español y Frente Polisario deben afrontar la realidad de esta situación y adoptar medidas urgentes para solucionarlo y que no se vuelva a producir".

 

  

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