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Los desafíos de la ruta migratoria libia

Un grupo de inmigrantes esperan en un centro de internamiento de una ciudad libia tras ser detenidos

Una de las principales rutas migratorias del Mediterráneo pasa por Libia para alcanzar las costas italianas (más de 600.000 en cuatro años) y llegar a los países nórdicos. Al igual que otras rutas migratorias, esta ruta no está exenta de riesgos y peligros para los migrantes que las siguen desde su principal origen en el África subsahariana y el Cuerno de África. Aunque existen una serie de operaciones en el Mediterráneo (la Operación Themis, de Frontex), estas no son suficientes para abordar un problema que se encuentra vinculado a otros factores estructurales en los países de origen de los migrantes, causas más profundas relacionadas con el ámbito económico (como consecuencia del funcionamiento del sistema económico nacional e internacional), demográfico, socio-cultural (corrupción, expectativas vitales y laborales) y político (interno de los Estados e internacional).

A causa de la porosidad de las fronteras de Libia en el sur del país, resulta relativamente fácil acceder al país, siempre que se puedan sortear las duras condiciones del desierto, la presencia de organizaciones criminales y las dinámicas del conflicto interno. En cuanto al entramado delictivo de las redes de tráfico de personas, se encuentra segmentado y se solapan una serie de actores como: traficantes “autónomos”, mafias, milicias y secuestradores que luchan por sus cuotas de mercado y reputación. En el caso de Libia, una amenaza constante que afecta a los migrantes a su paso por el país magrebí es la multiplicidad de actores armados que se aprovechan del estado de necesidad de estos. La inestabilidad interna de Libia ha favorecido la aparición de un gran número de milicias que cobran por prestar “protección” a los migrantes, así como otros servicios. Asimismo, años atrás, cuando la presencia de las organizaciones yihadistas en Libia era mayor, estas encontraron en el tráfico de personas una fuente de financiación para sus acciones terroristas, que hasta el día de hoy se mantiene. No es de extrañar que durante abril de 2017 se liberaran veintiocho rehenes eritreos y siete nigerianos quienes fueron secuestrados más de 4 meses por Daesh en Sirte.

Ante esta situación, la respuesta de la Unión Europea y de los países miembros, en particular los principalmente afectados por las migraciones descontroladas, ha llegado tarde y, por desgracia, no se puede calificar de satisfactoria. Las olas de migraciones descontroladas que suelen dejar un gran número de víctimas en el mar Mediterráneo, por norma general encuentran su respuesta en acciones humanitarias y planes de gestión que pasan por evitar que las embarcaciones abandonen Libia. Por ese motivo, Italia, uno de los principales impulsores de esta estrategia, ha sido el país que más esfuerzos ha dedicado a entrenar y coordinarse con los guardacostas libios desde el verano de 2017. En este sentido, la coordinación con las autoridades locales libias se convierte en la piedra angular para realizar una correcta gestión de los migrantes. Sin embargo, ante la falta de una autoridad unificada libia y la corrupción generalizada, la gestión se convierte compleja con los diferentes actores y milicias; inclusive se han dado casos donde los propios guardacostas libios han escoltado embarcaciones a aguas internacionales. Otra tarea pendiente es la mejora de las condiciones de los centros de detención en Libia, calificables como prisiones inhumanas. Actualmente, más de 20.000 personas se encuentran actualmente detenidas en estos centros de detención libios, donde son incluso golpeados, extorsionados, torturados y sufren todo tipo de abusos.

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Salvar vidas y denunciar las violaciones de los Derechos Humanos es ejercer la solidaridad, no un delito

Las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Seguridad fortaleciendo los discursos de odio contra los flujos migratorios es una prueba más de cómo nuestro trabajo diario se encuentra amenazado constantemente por la criminalización de la solidaridad bajo la excusa del "buenismo en materia de inmigración" y la "defensa del territorio".

En los meses veraniegos fue el anuncio de la creación de un "código de conducta" para la actuación en el Mediterráneo de los barcos de rescate de las ONGs poniendo en tela de juicio su labor y responsabilizándolos de facilitar el trabajo de las mafias que trafican con vidas humanas. También se ha abierto un proceso judicial para criminalizar el trabajo que desarrolla desde hace años Helena Maleno como defensora de los derechos humanos, debido a las constantes vulneraciones que se producen en la Frontera Sur y la pérdida de vidas en el Mediterráneo.

En los últimos días, hemos conocido que los bomberos andaluces que fueron detenidos mientras realizaban tareas de rescate para la asociación Proemaid (Professional Emergency Aid), después de que las autoridades griegas equiparasen sus labores humanitarias con el tráfico ilegal de personas, se enfrentan a diez años de cárcel. No son hechos aislados. Como denunciábamos en el manifiesto internacional #DefenderAQuienDefiende, está en juego "el Estado social, el Estado de derecho, la propia democracia y con ello la libertad y los derechos más fundamentales de los pueblos, especialmente de aquellos que ejercen su derecho a defender derechos".

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La delincuencia y la inmigración: dos fenómenos sin relación

Es frecuente asociar la inmigración con la delincuencia. Según una encuesta internacional (International Social Survey Programme), el 51% de los encuestados de toda Europa y el 50,3% de los españoles está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación "los inmigrantes hacen que aumente el índice de criminalidad".

También las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que el aspecto negativo de los inmigrantes que en mayor medida se destaca, a bastante distancia de los siguientes, es el relacionado con la delincuencia y la inseguridad. Y entre los encuestados que menos simpatía tienen por los inmigrantes, la mayoría argumenta que es debido a su vinculación con la delincuencia y el crimen organizado.

Pero si en lugar de acudir a percepciones subjetivas acudimos a investigaciones científicas encontramos algo muy diferente: más de un siglo de estudios indican que la tasa de delincuencia es menor entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en el país. Según datos oficiales de EEUU entre 1990 y 2012, cuando la inmigración tanto legal como irregular alcanzó niveles históricos, la tasa de delincuencia a nivel nacional disminuyó, sobre todo en ciudades y regiones de alta concentración de inmigrantes como Los Ángeles, las ciudades fronterizas de San Diego y El Paso, Nueva York, Chicago y Miami (Rombaut y Ewing, 2017).

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El lamentable experimento en Archidona del Sr. Zoido

El pasado 20 de noviembre de 2017, de acuerdo a la información publicada en la web oficial del Gobierno de España y en diversos medios de comunicación, siete juzgados de la región de Murcia autorizaron trasladar al centro penitenciario Málaga II (nueva cárcel de Archidona, en Málaga) a un grupo de aproximadamente quinientas personas inmigrantes que había llegado ese pasado fin de semana a las costas de Murcia. El Delegado de Gobierno en Murcia pretendía justificar la medida del Ministerio de Interior alegando la falta de capacidad de las instalaciones de la región.

Tras la perplejidad y el rechazo que nos produjo tan desagradable sorpresa a todas las organizaciones sociales, surgieron numerosos interrogantes. El primer problema con el que nos encontramos era saber cuántas personas habían sido encarceladas realmente. Y es que, si bien manejábamos inicialmente una cifra -464 personas-, no tuvimos conocimiento del número real hasta que se procedió a finalizar tan desafortunado experimento: 572 personas, según comunicaba el propio Ministerio del Interior el pasado 10 de Enero de 2018.

Ese mismo día el Ministerio del Interior envía una nota de prensa comunicando oficialmente que ya no queda ningún inmigrante encarcelado en la prisión de Archidona, un comunicado en el que parece claro que le preocupaban más los daños a las instalaciones que las condiciones padecidas por más de 500 personas en su interior: “Se procederá a reparar los daños que se han producido para que en las próximas semanas se pueda inaugurar como centro penitenciario”: ¿Qué esperaba el ministro que podía suceder cuando 572 personas de forma inesperada son encarceladas durante 52 días en una cárcel sin terminar y custodiados por policías antidisturbios?

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Helena, todo no puede ser

La noticia de la citación a Helena Maleno para declarar en Marruecos como resultado de una investigación, al parecer iniciada por el Gobierno de España, no debería haber sido una sorpresa. Es el nuevo paso de un proceso largo de deslegitimación y persecución de su trabajo y el de su organización, Caminando Fronteras.

Que el trabajo de Helena ha sido fundamental para salvar la vida de cientos o miles de personas no es cuestionable para quienes asistimos al esperpento de la construcción de la Europa Fortaleza desde la orilla norte del Mediterráneo. Son demasiadas ocasiones las que los profesionales de Salvamento Marítimo han sido alertados gracias a una llamada, un aviso de Caminando Fronteras que les permite llegar a tiempo para impedir que crezca un poco más una de las cifras que debería avergonzar a Europa. El número de muertos en el Mediterráneo, en torno a 3.000 sólo en 2017.

El próximo año se cumplirán 30 años de muertes en el mar entre España y Marruecos. Tres décadas de ir llenando silenciosa y discretamente la fosa común del Estrecho de Gibraltar. En estos treinta años la respuesta de los gobiernos de España y la UE ha sido levantar vallas cada vez más altas, pagar a Marruecos para que haga de gendarme de la UE y últimamente chantajear a los países de origen de las personas migrantes condicionando la ayuda al desarrollo a que impidan la salida de sus ciudadanos.

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Corresponsabilidad en el alojamiento de personas trabajadoras temporeras

La Asociación Jaén Acoge, con una trayectoria de más de 25 años de existencia, ha sido pionera en la atención a inmigrantes temporeros y desde entonces seguimos trabajando para conseguir mejoras sociales, laborales y condiciones dignas de alojamiento para este colectivo tan especial por sus características específicas.

En todo este tiempo, hemos sido testigos y agentes activos en las diferentes campañas de recogida de la aceituna, de la llegada de un número muy elevado de inmigrantes temporeros. Esto ha supuesto, en muchas ocasiones, tener que superar muchas dificultades, pues a pesar de existir una planificación previa en el trabajo, el hecho de incrementarse el número de personas que vienen a la campaña, ha supuesto y supone un esfuerzo mayor para poder atenderlos; con el tiempo, y gracias al fortalecimiento y alianzas con todos los agentes implicados (Ayuntamientos, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Jaén, ONGs, Sindicatos y Asociaciones agrarias, a través de la creación del Foro Provincial de Inmigración, que ha ido coordinando las acciones para el colectivo temporero).

La creación de la red pública provincial de albergues que con el tiempo ha alcanzado a día de hoy 22 albergues en toda la provincia con 717 plazas en total, ha supuesto un avance importantísimo para paliar la situación de alojamiento de los temporeros en la primera acogida. Aunque es la única provincia que cuenta con una red de albergues para temporeros, siguen existiendo muchas dificultades para este colectivo ya que gran parte de la problemática radica en la falta de responsabilidad de algunos empleadores agrícolas que siguen sin ofrecer una vivienda a los temporeros ya contratados, pues la red de albergues se creó como un sistema de alojamiento de primera acogida diseñada para la búsqueda de empleo y no para albergar a trabajadores en activo.

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Mujeres migrantes vistas por el cine

El territorio español ha sido, hasta la década de los ochenta del siglo pasado, un territorio emigrante. En la actualidad es un país receptor. Según el  Informe del Observatorio Permanente de la Inmigración (2012), el número de personas extranjeras residentes en España ascendía a 5.333.805. Casi el 49% del total son mujeres. La procedencia de éstas son: Paraguay, Brasil y República Dominicana.

La inmigración unida a los medios no ha sido objeto prioritario de estudio en nuestro país hasta hace relativamente poco tiempo. Es en la primera década del siglo XXI cuando la comunidad científica manifiesta un acertado interés, especialmente a través del análisis de informativos (audiovisuales y escritos), de series de ficción televisadas y cine.

Nos hacemos muchas preguntas relacionadas con estos datos que van más allá de si se está feminizada la emigración. En el estado español, las mujeres que se encuentran en el tramo de edad de 20 a 29 años son ya mayoría frente a los hombres. Las preguntas a las que nos gustaría responder están vinculadas con estas dos: ¿qué mirada mantiene el cine? ¿la realidad y la ficción coinciden en sus maneras de plantear cuestiones relacionadas con el tema?

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La construcción conjunta de la convivencia

Corría el año 1987. Granada era una pequeña capital de provincia acostumbrada a los numerosos visitantes que llegaban desde lejos para admirar los delicados palacios y jardines de la Alhambra, para perderse por las intrincadas calles del Albaicín o para dejarse llevar por el desenfreno en una exótica zambra del Sacromonte.

Pero poco a poco fueron llegando otras personas desde lejos, que en lugar de maletas cargaban con la esperanza de echar raíces y construirse un futuro más próspero, tanto para ellas mismas como para las familias que dejaban atrás. Personas cuyo viaje era arriesgado y peligroso, que encarnaban el sueño de toda una comunidad que construyó con ellas un proyecto migratorio que beneficiaría también a la colectividad.

Su presencia en las calles granadinas era una consecuencia más del cambio social que estaba experimentando España, que estaba dejando de ser un país de emigrantes para convertirse en un país de acogida. Pocos podían intuir entonces la profunda transformación que viviría la sociedad en las décadas posteriores, la cual supuso un inmenso cambio de conducta en toda una población cuyo nivel adquisitivo aumentaba, permitiéndole el acceso a empleos con sueldos más elevados y mejores condiciones laborales.

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Un antes y un después en la Frontera Sur

Fotografía tomada aquel día en la que se ve cómo, tras descender por una de las escaleras colocadas por la Guardia Civil, dos personas fueron entregadas a las autoridades marroquíes por una de las puertas de acceso de la valla.

El pasado 3 de Octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  condenó a España (ECHR 291 (2017)03.10.2017) a indemnizar a dos ciudadanos de origen subsahariano que en Agosto de 2014 intentaron entrar en España, a través de la valla de  Melilla, e interceptados por las autoridades españolas fueron  devueltos a Marruecos. El Tribunal considera que esta devolución vía de hecho o devolución en caliente, vulnera la legalidad contemplada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, concretamente los artículos 4 del Protocolo 4 y artículo 13, por estar prohibida expresamente.

Para poder concluir con las posibles consecuencias que tendrá para España, y la legislación de extranjería, hay que analizar la figura de las devoluciones en caliente, una práctica que se ha detectado en la frontera entre España y Marruecos, concretamente en la zona territorial de Ceuta y Melilla. En estos territorios se ha constatado que las personas que intentan entrar en España por puestos no habilitados y son interceptadas por las autoridades españolas se ponen a disposición de las autoridades marroquíes, sin control administrativo ni judicial y, por tanto, como han denunciado tanto ACNUR como otras ONGS que trabajan en estos territorios, dicha práctica es contraria tanto al orden constitucional español como al europeo e internacional.

Desde el año 2000 cuando se promulgó la Ley 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España (Ley de Extranjería) se implanta un procedimiento de devolución para quienes pretendan entrar irregularmente por un puesto de control fronterizo y también para los que intenten la entrada ilegal por lugares no habilitados, que conlleva unas garantías jurídicas imprescindibles: individualización, audiencia con asistencia letrada, motivación y sometimiento al correspondiente control jurisdiccional.

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Resaca veraniega

Después de vivir el estío más dramático que se recuerda tras el ataque terrorista a las Ramblas, debemos seguir trabajando para vencer esta resaca. Es alarmante escuchar y leer reacciones que van desde las expulsiones masivas de cualquier persona incluso con nacionalidad española sobrevenida; pasando por alentar bombardeos indiscriminados sin saber dónde ni contra quién, hasta intentar suprimir derechos adquiridos en función de la etnia del individuo.

Duros tiempos en los que mezclamos de manera aleatoria los términos yihadista, árabe, musulmán o islamista sin saber muy bien la diferencia de sus significados y sin calcular la dimensión del error terminológico.

Con el trasfondo de una pretendida consulta electoral, continuamos analizando si se tomaron las adecuadas medidas de seguridad que se aconsejaron las pasadas navidades o si le dimos alguna credibilidad a los avisos dados meses atrás sobre la posibilidad de que podría pasar lo que finalmente ocurrió en el lugar más emblemático de Barcelona. Seguimos preguntándonos como el conductor terrorista pudo salir por su propio pie del lugar más transitado de Cataluña -tras recorrer más de medio kilómetro atropellando transeúntes-, apuñalando incluso a otro inocente en su huida, antes de ser abatido días más tarde. Nos interrogamos cómo, días antes, no pudieron llamar la atención decenas de bombonas almacenadas con material sospechoso en un lugar que a la postre resultó ser el refugio terrorista donde se planeaban asesinatos indiscriminados contra la población civil.

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