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La jueza abre cinco nuevas piezas del caso ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha abierto cinco nuevas piezas separadas para investigar las ayudas, entre otras, a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

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En cinco autos distintos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla abre cinco nuevas piezas separadas para investigar las ayudas a las empresas Aglomerados Morell Corvillette, González Byass, Cespa e Intersur, además de las relativas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla.

En este sentido, la juez expone en cada uno de los cinco autos notificados ahora a las partes que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Al hilo, la instructora dice que, "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable".

La magistrada, asimismo, acuerda llevar testimonio de dichas resoluciones a la causa matriz de los ERE.

Respecto a Ángel Rodríguez de la Borbolla, las nuevas diligencias previas incoadas por la magistrada abarcarán las ayudas recibidas por cinco empresas ligadas al sector del corcho, como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

En un escrito fechado el 26 de octubre, la Fiscalía reclamó a la instructora que dictara un nuevo auto "por el que se acuerde la incoación de pieza separada que englobe el total de las ayudas recibidas por el grupo de empresas ligadas" a Ángel Rodríguez de la Borbolla, "cuyo entramado empresarial" ya ha sido objeto de análisis por la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Junta de Andalucía.

La Fiscalía recuerda que, sobre estos hechos, ya han prestado declaración como investigados el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla, que fue imputado por la juez Mercedes Alaya mediante auto de 5 de marzo de 2012, el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE), y el extrabajador de algunas de estas empresas Rogelio Becerra Martín.

LA IMPUTACIÓN

En marzo de 2012, la juez Mercedes Alaya, entonces titular del Juzgado, imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla al considerar que, mediante un "entramado" de empresas, "habría obtenido con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud" 9.009.108 euros en ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.

La juez consideraba que, "mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla, habría obtenido, con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108 euros con cargos a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA".

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