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Ángel Ojeda lamenta que la formación ha sido "la ruina" de sus empresas y dice que le deben cinco millones de euros

El exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda ha declarado este martes como investigado ante la juez María Núñez Bolaños por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta y ha lamentado que la formación "ha sido la ruina" de su grupo de empresas, asegurando que la Administración autonómica "le puede deber" a sus empresas unos cinco millones de euros, a lo que hay que sumar "los expedientes de reintegro que están saliendo ahora".

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Ojeda lamenta que la formación ha sido "la ruina" de sus empresas y dice que la Junta le debe cinco millones

Ángel Ojeda ha comparecido por espacio de cerca de tres horas ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha subrayado que los cinco millones de euros que le "debe" la Junta están "justificados hasta el último céntimo" y ha puesto de manifiesto que, "con todo este escándalo, les han ido quitando cursos por el tema de la alarma social creada" en torno a los cursos de formación.

La juez investiga al exconsejero por delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones en relación a la actividad desarrollada por empresas del Grupo Prescal, que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010".

Núñez considera que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".

El exconsejero, que no se ha ratificado en la declaración que prestó en el Juzgado de Cádiz tras su detención en agosto de 2014 "porque estaba en estado de shock", ha puesto de manifiesto que "los cursos siempre se han realizado a plena satisfacción" y "sólo tres años después de terminarlos han empezado a surgir los temas", ya que "ahora la Junta nos pide a todas las empresas que justifiquen lo que ya han justificado cuatro años antes".

"LIBRO ABIERTO"

Tras insistir en que "siempre ha presentado todos los papeles que acreditan que han realizado cursos", Ojeda ha afirmado que, para él, "las subvenciones significaban que tenían que dar el trabajo, el beneficiario era el trabajador o el desempleado" y él "tenía que pagar previamente absolutamente todo y luego la Junta no les pagaba todo lo que le tenían que pagar".

Ojeda ha indicado que fue consejero de Hacienda en 1987 y tras terminar su vida profesional en la Junta se fue a Madrid, de manera que una vez transcurridos 20 años "empezó" otra vez "a tener relación con la Junta" por los cursos de formación y a través de su grupo de empresas nacido en 1996, insistiendo en que "toda su actividad es un libro abierto", ya que "se han atenido siempre a la más estricta legalidad" y los datos "eran públicos y notorios".

En relación a Delphi, el exconsejero ha narrado que fue el 25 de julio de 2009 cuando recibieron una llamada del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la cual "llamaban a todas las entidades en Andalucía que tuvieran en su objeto social la formación, entre ellas la Asociación de empresas Aeronáuticas en nombre de la cual actuaba" Ojeda, añadiendo que estuvo en una reunión "donde había unas 30 asociaciones" y a la que asistieron el entonces director gerente del SAE, Antonio Toro, "y personas de la Junta, personal de la Dirección General".

Tras precisar que su cuñada, la ex directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programa para el Empleo Teresa Florido, "no tuvo nada que ver con esta reunión", Ojeda ha indicado que "se les propuso que personal de Delphi iba a cumplir los dos años de paro en septiembre y la Junta haría convocatoria excepcional para hacer contratos y dar cursos de formación y empleo" a dichos trabajadores.

DELPHI

"De las asociaciones que estaban allí y en otras reuniones que hubo, solo afrontaron dicho reto ocho asociaciones", ha manifestado, agregando que dicho "reto" consistía en que "el 1 de septiembre tenían que tener dispuesto aulas, talleres y personal para hacerse cargo de 900 u 855 trabajadores para contratarlos y darles formación", una oferta "que marcó exclusivamente la Junta".

"Sólo podían ser empresas con dinero e instalaciones suficientes en un mes de agosto" y "todo el mundo se echó para atrás" salvo estas ocho entidades que "estaban dispuestas a hacer la obra", ha dicho el exconsejero, añadiendo que "quedó claro que la oferta era formación y empleo, de forma simultánea", tras lo que la Asociación de empresas Aeronáuticas "dio de alta" a más de 100 trabajadores.

Ojeda ha querido dejar claro que "todo fue por indicación de la Junta" y ha precisado que se realizaron tres fases en el marco de las cuales "las clases se dieron en su totalidad", pues los alumnos "dieron sus cursos porque tuvieron que demostrar que el sistema era 'huellero', se ponía la huella al entrar y salir de las aulas y entre medio pasaban lista por sorpresa". "Cada uno hacía allí su curso", ha explicado el exconsejero.

"De los 33 millones de euros que les dieron en las tres fases, 18 millones se daban para el pago de los trabajadores, y después todos los cursos se realizaron hasta el último céntimo", ha subrayado Ojeda, quien ha agregado que en el caso de Delphi las cinco asociaciones "dieron más de un millón de horas a los alumnos", por lo que "saldría a diez euros la hora los cursos que se dieron" por parte de Delphi, "un 30 por ciento por debajo del coste habitual que hace la Administración pública".

En su declaración, ha aseverado que "lo que hacía era anticiparle a la Administración el dinero de la formación", y en el caso de Delphi "tuvieron que adelantar hasta las nóminas de los trabajadores" porque la Junta "les pagaba tarde y mal", mientras que en otros cursos "la Junta les debe dinero, hasta el 95 por ciento del 25 por ciento que pagan". "La mecánica general, aparte de Delphi, era también anticipar el dinero a la Junta", ha apostillado.

En el caso de Delphi, ha defendido que los trabajadores "trabajaron físicamente en los talleres" y de hecho "hay fotografías" y los inspectores "lo comprobaron".

Por último, ha querido asegurar que su hijo Marcos Ojeda, investigado también en esta causa, "entró como vicepresidente de una asociación y tenía poderes", pues él "quería que tuviera una firma autorizada por si le pasaba algo", pero ha dejado claro que su hijo "no administraba ni tomaba decisiones". "No ha dirigido nada, lo que estaba era rodando, aunque no tomaba ninguna decisión", ha concluido.

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