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El PSOE-A pide que la Junta traslade al Gobierno su oposición a la “privatización” de los registros civiles
El Partido Socialista defenderá el próximo miércoles una proposición no de Ley en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a trasladar al Gobierno de la Nación su “oposición al proceso de privatización” del Registro Civil anunciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para trasladar sus competencias al Colegio de Registradores por considerar que “iría en detrimento del interés de los ciudadanos”.
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE-A emplaza al Ejecutivo andaluz a defender el Registro Civil “como servicio público y gratuito, que no pase a ser gestionado por los registradores” y a reclamar al Ministerio que “las posibles modificaciones que pueda sufrir vayan precedidas del diálogo y el consenso con partidos políticos, agentes sociales y profesionales del sector”.
Los socialistas recuerdan en primer lugar que el Registro Civil es un servicio público encargado de “dejar constancia de hechos o actos como los nacimientos, la filiación, el nombre y apellidos de las personas, los fallecimientos o los matrimonios”, así como de ofrecer “datos relativos al estado civil de las personas que deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiado en archivos oficiales”.
En este sentido, el PSOE-A advierte de que la “decisión política” de Gallardón de traspasar las competencias del Registro Civil al Colegio de Registradores “no tiene consenso político ni social ni de los profesionales del sector y va en detrimento de los intereses de los ciudadanos” y supondría un “coste añadido a los ciudadanos, que aún está por cuantificar” por un servicio público “que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870”.
Por todo ello, los socialistas lamentan que “Gallardón, con sus reformas, esté consiguiendo alejar, encarecer y hacer muchísimo más difícil el acceso a la justicia de miles de personas, tanto por razones económicas (subida de tasas) como por razones territoriales, con la supresión de los juzgados y los gastos en desplazamiento que va a ocasionar a muchísimas personas”.
