Los ayuntamientos de Palos (Huelva) y Armilla (Granada), investigados en una trama de adjudicaciones
Operación por sorpresa de la Guardia Civil con centralización en Cataluña, pero que afecta también, de momento, a dos ayuntamientos andaluces, los de Palos de la Frontera (Huelva) y Armilla (Granada). Hasta el momento, no se tienen muchos datos del trabajo que están haciendo los agentes, pero sí se apunta desde el operativo que se han realizado 48 registros en diez provincias españolas, y que pueden ser más los ayuntamientos registrados o a los que se pida información durante la jornada de hoy.
De hecho, desde el operativo se apunta a “varios ayuntamientos” como los susceptibles de ser registrados de una u otra forma, dentro de una operación que se lleva a cabo desde primera hora de la mañana una operación contra la corrupción municipal, en la que prevé once detenciones. La mayoría de los registros se llevan a cabo en Cataluña, en el marco de una investigación por contratos vinculados a las consultoras Efial y CGI. En Palos gobierna Carmelo Romero, del PP, mientras que en Armilla es regidor el socialista Gerardo Sánchez.
El dispositivo se centraliza desde el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Además de los consistorios registrados, se prevé que la Guardia Civil acuda a ayuntamientos como los de Girona, Barcelona y La Seu d'Urgell (Lleida) a requerir documentación sobre contratos vinculados a Efial.
Los registros se efectúan en siete entidades públicas empresariales locales, doce mercantiles, siete despachos profesionales y 14 domicilios particulares, así como en los Ayuntamientos de Tortosa, Ametlla de Mar, Ascó y Vandellós, en Tarragona, Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra (Madrid) y Trillo (Guadalajara), entre otros.
De forma simultánea se lleva a cabo en las cuatro provincias catalanas y en Castellón, Baleares, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara.
Ayuntamientos de Convergència en su mayoría
La macrooperación, impulsada por la jefatura de Información de la Guardia Civil, arranca en el denominado 'caso Efial', por el nombre de la consultora especializada en administración local que trabajaba para numerosos ayuntamientos de Tarragona gobernados en su mayoría por Convergència Democràtica (CDC).
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que el juez ha acordado los registros y detenciones en el marco de una pieza separada que se inició con la investigación al Ayuntamiento de Torredembarra, en el año 2014, que desembocó en una de sus ramificaciones en el caso del 3 %, en el que el pasado año la Guardia Civil registró la sede de CDC en Barcelona.
La agencia EFE ha informado de que la investigación se ha iniciado y ha saltado fuera de Cataluña después de que Efial fuese absorbida hace meses por la sociedad CGI. Esta sociedad ha sido contratada por varias administraciones en diversas provincias españolas, y de ahí las ramificaciones de los registros en esta operación.
Armilla defiende la legalidad de sus contratos
Mientras no hay aún explicación alguna del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, el de Armilla ha emitido un comunicado en el que asegura que el contrato que suscribió con la consultora CGI estaba “debidamente fiscalizado”, además de asegurar que ha tenido noticias de la operación a nivel nacional a través de los medios de comunicación. Este consistorio ha detallado que, hasta el momento, no ha recibido “ningún requerimiento ni notificación” relacionada con este caso, pero que en el momento en que así sea facilitará la documentación que se requiera.
Con relación a una de las empresas mencionadas en informaciones periodísticas, el Ayuntamiento de Armilla ha indicado que suscribió un contrato con la firma CGI en el año 2014 por un importe de 18.000 euros y cuyo objeto de contrato era “asistencia técnica de gestión tributaria”.
Se trató, ha añadido, de un contrato “obligado” por muchos ayuntamientos debido a las limitaciones establecidas a partir de la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y asegura que los importes fueron abonados en varias facturas mediante transferencia bancaria “debidamente fiscalizados” por los servicios técnicos y con sus debidos informes jurídicos y técnicos correspondientes.
