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37.115 plazas de empleo público en Andalucía: ¿qué, cómo y cuándo?

Este martes ha sido aprobado el grueso de los puestos de la oferta de empleo público extraordinaria para estabilizar el sector

El proceso, con el que se pretende reducir una tasa de temporalidad de prácticamente la cuarta parte de la plantilla, durará varios años

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La Junta de Andalucía ha aprobado este martes el grueso de las plazas de la oferta de empleo público extraordinaria de 37.115 con las que pretende para estabilizar el sector, en concreto 25.520. Se trata de una medida que estableció el Gobierno de España para permitir que fueran sustituidos eventuales, que se han disparado durante la crisis por la tasa de reposición 0, por indefinidos.

Son independientes de las ofertas de empleo público (OEP) que cada comunidad autónoma tenga programadas cada año. La ventaja para los que ya ocupen esos puestos es la puntuación por experiencia con la que competirán con el resto de aspirantes a un empleo público en la comunidad autónoma que, por sus dimensiones, más plazas saca a concurso público.

Una vez que se complete este proceso, que se prolongará durante varios años según el calendario previsto, la tasa de temporalidad en la Junta de Andalucía pasará del 23% a un 8%, "una cifra que se considera óptima, teniendo en cuenta que el 92% de los profesionales han adquirido la condición de fijeza", en palabras de María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública. 

¿Cómo se distribuyen por sectores?

Las plazas en cuestión se distribuirán de la siguiente manera: 18.618 para sanidad; 12.603 para educación; 3.991 serán para entes instrumentales "que prestan servicios en sectores prioritarios";  1.515 para administración general; y 388 para personal de justicia distinto a letrados, jueces y fiscales. Dentro del mayor paquete, el de sanidad, está previsto que 4.851 plazas sean para médicos, 4.023 para enfermeros, 2.833 para auxiliares de enfermería y el resto, principalmente para celadores.

¿Cuándo se convocarán?

Dentro de los plazos que marca la legislación del Estatuto Básico del Empleado Público, se aprobarán las diferentes convocatorias, previa negociación en el ámbito correspondiente. El grueso de las plazas ha sido aprobado este martes: 25.520 en total, lo que supone las 18.618 previstas para sanidad, 902 de las 1.515 para administración general y prácticamente la mitad del paquete de educación (6.000).

Dentro de estas últimas, se convocará en 2018 un total de 3.000 para los cuerpos de profesores de secundaria, formación profesional y enseñanzas artísticas e idiomas y otras tantas en 2020. Las otras 6.603 se aprobarán más adelante con convocatorias previstas para 2019 y 2021 en el cuerpo de maestros .

En el caso de los entes instrumentales, dependerá de su aprobación por los respectivos consejos rectores o de administración. Las de justicia serán por decreto del Ministerio de Justicia, pese a que se propongan desde la Junta de Andalucía. El resto, serán también aprobadas directamente por el Consejo de Gobierno, que calcula que por lo menos hasta 2022 habrá exámenes todavía de esta OEP extraordinaria. 

¿Cuáles serán las reglas básicas?

Se garantizará el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad y se podrán introducir medios electrónicos en la gestión de los procedimientos. Las distintas convocatorias recogerán el cupo de discapacidad del 10% del total de las plazas, con porcentajes específicos del 2% para discapacidad intelectual y del 1% para enfermedad mental. En todos los casos, se debe acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que se superen los procesos selectivos y se asegure la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

En febrero, se pondrá en marcha una ventanilla única para informar sobre lo relativo a esta oferta extraordinaria. "Se han apurado las plazas que permite el Gobierno de España para la consolidación de los servicios públicos que pasa porque los trabajadores que los prestan sean fijos", ha enfatizado la consejera.

Ésta ha llamado la atención también sobre la necesidad de evitar el denominado efecto llamada, de manera que las convocatorias serán coordinadas con las comunidades autónomas.

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