Podemos estudia denunciar por vía penal a la Junta andaluza por los trabajadores del SAE y ALPE

En declaraciones a los periodistas tras reunirse en Sevilla con representantes de ambos colectivos, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha explicado que es “obligación” de Podemos, como representantes de los ciudadanos, plantear la posibilidad de llevar este conflicto laboral por la vía penal porque la “mala gestión” de la Junta “permite que haya dinero que va corriendo en salarios de tramitación mientras que hay un servicio que los trabajadores no están pudiendo dar a la ciudadanía”.

Ha criticado, en este sentido, “la voluntad, por incompetencia e irresponsabilidad del Gobierno andaluz, de judicializar conflictos laborales, saturando los juzgados al obligar a la gente a plantear demandas individuales”.

Esta circunstancia, como ha explicado la diputada andaluza, “supone un perjuicio para los servicios públicos en varios ámbitos”.

Por un lado, se ha referido a las contrataciones en fraude de ley que se han estado haciendo con fondos estatales y europeos, de manera que “la Junta, gobernada por un partido que se dice socialista, incumple la normativa laboral” y, además, “con cierta reprimenda para los colectivos que los denuncia”, puesto que, como ha explicado, la consecuencia para estos trabajadores que denunciaron “fue el despido”.

De la misma manera, para Podemos, esta situación perjudica a la ciudadanía andaluza porque “siendo la región con más desempleo de la UE, las oficinas de empleo necesitan personas”.

Además, ha lamentado que las políticas activas de empleo “se han suprimido”. “Hemos pasado de tener programas mal gestionados, presuntamente para beneficiar a los amigotes, como el caso de los cursos de formación y los ERE; a la desaparición absoluta de las políticas activas de empleo”, ha lamentado la líder andaluza de Podemos.

Y también entiende que la situación de los ALPE y los trabajadores del SAE perjudica a los ciudadanos toda vez que “van corriendo salarios de tramitación que hay que pagar y que corren por cuenta del herario público”.

Según Rodríguez, “que se vayan a pagar millones de euros y que esos trabajadores no tengan acceso para desempeñar su puesto de trabajo, es el resultado de una gestión nefasta, de la irresponsabilidad e incompetencia de la Junta a la hora de organizar los recursos de empleo”.

Entretanto, ha lamentado que las Proposiciones No de Ley (PNL) aprobadas por todos los grupos sobre la circunstancias de este colectivo, así como las sentencias que les dan la razón, “son papel mojado”, aunque, añade, Podemos “insistirá por la vía parlamentaria, hablaremos con el resto de grupo para decirle a la Junta que tiene que cumplir la legalidad vigente y acatar las sentencias”.

Son un total de 787 los despedidos en fraude de ley de los ALPE en Andalucía, como ha recordado Javier Urbano, representante del colectivo que se ha reunido con Teresa Rodríguez, y que ha explicado que llevan 32 meses esperando que se cumplan las sentencias que declaran nulos sus despidos y contemplan su readmisión, así como el pago de salarios de tramitación, unos 70.000 euros al día, y ya son “más de 65 millones los que nos tiene que pagar la Junta”.

Por parte de los despedidos del Servicio Andaluz de Empleo, Miguel García Ramos ha indicado que son 413 personas las afectadas, que fueron despedidas el 31 de diciembre de 2012. Ha explicado que se da la “paradójica” situación de que “en la región con más desempleo de la UE, las oficinas del SAE están sin personal técnico”, esto es, a su juicio, “bochorno”.

“Es bochornoso ver que ganamos todas las sentencias y que no se nos incorpore, que estemos cobrando en nuestras casas y no podemos trabajar”, ha lamentado.