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La crisis de la formación profesional para el empleo en Andalucía en 10 cifras

Repasamos lo que Andalucía ha perdido tras cinco años sin convocatoria de estas subvenciones y también por la gestión que ha hecho previamente de las mismas y que la llevan a pedir reintegros

Las ayudas para cursos vuelven este mes mientras la Junta de Andalucía pierde pulso en sus reclamaciones, por un lado, pero ve desinflarse el caso en algunos tribunales, por otro

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Comisión de investigación del Parlamento de Andalucía.

Comisión de investigación de la formación en el Parlamento de Andalucía.

Se cumplen tres años desde que el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras (Cádiz) empezó en 2012 las primeras pesquisas sobre supuestas facturas falsas para subvenciones de formación profesional para el empleo concedidas por la Junta de Andalucía. Desde entonces se han sucedido media docena de operaciones policiales, bautizadas generalmente como Edu con sus correspondientes apellidos y en un caso como Barrado; apertura de diligencias en 18 juzgados, de los que tres se han inhibido ya; una revisión en profundidad por parte de la Junta de Andalucía que todavía no ha concluido; y una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía que acaba de terminar su primera ronda de comparecientes.

En este tiempo, las cifras en torno a este caso han variado mucho, igual que diferente ha sido el tratamiento dado en Andalucía a un problema detectado en una decena de comunidades autónomas en la gestión de estos fondos públicos, pero que en este caso ha focailzado el punto de atención en la administración más que en el uso que los beneficiarios de las subvenciones han podido hacer de las mismas. He aquí una guía práctica en 10 grandes cifras actualizadas para no perderse:

EXPEDIENTES TOTALES: 18.023 son las subvenciones concedidas, en el marco de la partido presupuestaria 32D, entre 2002 -cuando se transfirieron estas políticas a las autonomías- y 2011, el último año en que se convocaron en Andalucía, por un importe total de 2.896 millones de euros. Todo ello, objeto de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía en octubre de 2015 y que ha concluido, tras tres meses, su primera ronda de comparecencias con 69 citados, de los que sólo han faltado dos.

EXPEDIENTES EN REVISIÓN: 8.505 son los expedientes entre 2007 y 2011 que la Junta de Andalucía comenzó a revisar uno a uno en un plan de choque iniciado en septiembre de 2013 y con vistas de acabar en septiembre de 2015. El objetivo: detectar irregularidades y exigir la devolución del dinero, y en lugar de hacerlo con un muestreo, como es lo habitual, optar por mirarlo todo, para lo que ha sido necesario dedicar a un equipo de 68 personas. No miraba los años previos porque cualquier irregularidad habría prescrito. De hecho, de ese total, 5.009, por un importe de 1.673 millones de euros, están vivos, y se han verificado ya 2.547, de los que la mitad está justificada correctamente. Los otros 1.142 están pendientes de reintegro en firme o en fase de alegaciones. Eso significa que quead en torno a un tercio del trabajo todavía, tras más de dos años de depuración.

CANTIDADES RECLAMADAS EN FIRME: 90 millones de euros es la cantidad de dinero que la Junta de Andalucía reclama por expedientes de reitegros en firme relativos a subvenciones concedidas entre 2007 y 2011 cuya documentación ya ha sido verificada y ha presentado problemas de justificación.

CANTIDADES EN FASE DE RECLAMACIÓN: otros 51 millones de euros suman subvenciones a cuyos beneficiarios se les ha comunicado el inicio del proceso de reintegro si bien todavía están en plazo de subsanar los errores y evitar tener que devolver el dinero.

DINERO EFECTIVAMENTE RECUPERADO: 3 millones de euros es la cantidad que a 31 de marzo de 2016 había sido ingresada en las arcas públicas, bien en vía voluntaria, bien en la ejecutiva pero sin necesidad de ir a los tribunales. 

CANTIDADES PRESCRITAS: 58.473 euros es el importe que suman los tres expedientes que estaban incorrectos y cuya posibilidad de reclamar el dinero ha prescrito, por lo que se ha perdido definitivamente, en lo único que por el momento reconoce el Gobierno de Andalucía -en un informe remitido a los jzugados- haber perdido definitivamente en la materia por su incapacidad de reclamarlo en tiempo y forma. Son subvenciones concedidas en 2002 y 2003 que la Junta de Andalucía ha reconocido que no puede recuperar.

SENTENCIAS EN CONTRA: 6 en el caso del exconsejero y empresario Ángel Ojeda, el mayor beneficiario de subvenciones -unos 50 millones de euros- que ha ganado estos pleitos en los tribunales en su reclamación a la Junta de Andalucía de subvenciones que le habían sido concedidas y no le fueron abonadas en su totalidad. En total, Ángel Ojeda le ha puesto a la Junta de Andalucía 61 pleitos por estas razones. De momento, la administración ha sido condenada a pagarle casi 250.000 euros en las seis sentencias referidas.

CAUSAS SOBRESEÍDAS. Por un lado, de manera provisional han sido archivadas seis de las nueve piezas en las que se dividió el supuesto fraude de la formación en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla cuando Mercedes Alaya era su titular. Su sustituta, María Núñez, no es que le haya dado carpetazo a este asunto, sino que lo sobresee provisionalmente porque  la Dirección General de Formación para el Empleo no le ha remitido los informes sobre subvenciones que pide para avanzar en las pesquisas. Por tanto, las sobresee a la espera de la documentación para no consumir tiempo y que pueda prescribir.

En cambio, en las últimas semanas se ha conocido otro dato que sí permite ver que el caso Edu se desinfla en la provincia de Málaga: la fiscalía ha pedido el archivo de 18 de las 26 piezas en las que se dividió la causa porque cree que no hay delito dado el volumen de las cantidades que en ninguna de ellas supera los 120.000 euros. Para las otras ocho piezas ha pedido  que se declaren de especial complejidad para poder contar con más tiempo.

Pero sin duda, la más contudente ha sido la decisión conocida recientemente del Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén que ha decidido archivar la causa en la que estaban implicados hasta 15 cargos de la Junta de Andalucía. Es la primera vez que un juez se pronuncia en contra de la teoría que se había establecido como una pesada losa sobre la Junta de Andalucía de que se creó un sistema para permitir el uso fraudulento de estos fondos públicos. Y supone también que pierde fuelle la parte que había convertido en diferente la causa contra el fraude de la formación en Andalucía, respecto a los casos que hay en otras 10 comunidades autónomas, por ir también contra políticos y no sólo contra los beneficiarios de las subvenciones.

NUEVAS SUBVENCIONES: 141,1 millones de euros es el importe de las subvenciones que se convocan este año tras cinco sin ellas. El reparto es éste: 50,3 millones de euros para escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo; 70,1 para cursos dirigidos a desempleados; y 20,7 para trabajadores en activo. 

DINERO QUE SE HA DEJADO DE INVERTIR: 800 millones de euros aproximadamente ha dejado de destinarse a los cursos, tras no haberse convocado subvenciones en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. En este sentido, la media eran 200 millones de euros por ejercicio. De hecho, para 2016, la Junta de Andalucía contaba con poder llegar a 207 millones de euros, pero se ha quedado en los 141,1 citados por no estar a tiempo para la convotoria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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