Los exconsejeros Recio y Ávila defienden el control sobre las subvenciones a la formación profesional

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Manuel Recio ha afirmado este viernes que “no conocía” al empresario y exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda cuando él era titular de Empleo y el empresario se benefició de subvenciones para la formación profesional para el empleo concedidas por la Junta, así como que en su etapa al frente de dicha Consejería “nunca se relajaron los controles” en esa materia.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación profesional para el empleo, donde, tanto a preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero como del parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro ha negado que conociera a Ojeda.

“Ni le conocía ni le conozco, nunca tuve ninguna reunión con Ojeda”, ha aseverado Recio --consejero de Empleo entre marzo de 2010 y mayo de 2012--, quien ha apuntado también que se enteró de que la que fuera directora general de Formación Profesional Teresa Florido era cuñada de Ojeda cuando ésta “me pidió que tuviera una avocación de sus responsabilidades porque era familiar” de dicho empresario.

Ha argumentado que al ver las resoluciones de concesión de subvenciones “ve el nombre de las empresas o asociaciones”, pero “sería incapaz de asociarlas con Ojeda”, de quien “no tenía ni idea de quién era”, según ha insistido.

De igual modo, Recio ha aseverado que si en su “etapa profesional” ha sido “escrutado el día a día por órganos de fiscalización, de control de todo tipo, ha sido en su paso por la Consejería” de Empleo, porque “nunca se relajaron los controles y siempre fuimos supervisados”.

Ávila niega que la normativa de formación sea “laxa”

El exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila ha defendido este viernes durante su comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las subvenciones a la formación profesional para el empleo que cuando estuvo al frente del cargo no firmó exoneraciones ni dio trato de favor, al tiempo que ha negado que la normativa referida a esta materia sea “laxa, sino todo lo contrario, es exigente y singular, respecto a otras comunidades”.

En su intervención inicial ante este órgano, Ávila ha explicado que no tuvo las competencias para la formación profesional para el empleo, ubicadas en la Consejería de Educación, y que las resoluciones de exceptuación que pudo firmar como presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) son “plenamente legales, válidas y justificadas en virtud de nuestra legislación, alejadas de cualquier sombra de irregularidad”.

“Cumplieron los todos los requisitos previstos, estaban debidamente motivadas y se justificaron sobradamente, fueron iniciadas administrativamente de oficio por los servicios competentes tras comprobarse que tales entidades habían presentado la documentación justificativa, pero la administración no había tenido la posibilidad de analizarla en su totalidad”, ha explicado.

Durante su comparecencia, Ávila ha defendido la fórmula legal de las resoluciones de exceptuación y ha querido dejar claro que las mismas “no eximen ni dispensan” del cumplimiento de ninguna obligación pendiente. “En ningún caso perdonan, las subvenciones tienen que ser justificadas por parte del beneficiario y llegado el caso, si no se ha cumplido, deben reintegrarse”.