El Supremo llama como testigos en los ERE a los encargados de los 'consejillos' de la Junta

El Tribunal Supremo baja un escalón en la instrucción del caso ERE. A petición de la defensa del exconsejero Gaspar Zarrías, que declaró como imputado el pasado 16 de abril, ha llamado como testigos a dos exviceconsejeros que, en la época que se investiga, tuvieron una participaron importante en los denominados consejillos (Comisión de Viceconsejeros), el órgano inferior al Consejo de Gobierno que elevaba propuestas al máximo escalón del Gobierno andaluz.

Se trata de Luis García Garrido, viceconsejero de Obras Públicas y Transportes de 2000 a 2008, también consejero entre 2008 y 2009, y luego exdelegado del Gobierno en Andalucía (2010-2011). Igualmente, el exviceconsejero de Igualdad y Bienestar Social José María Oliver Pozo, que fue secretario de la citada Comisión de Viceconsejeros y secretario general técnico de la Consejería de Presidencia, también ha sido citado como testigo este próximo martes 5 de mayo.

“Creo que ha quedado claro que la Comisión de Viceconsejeros que yo presidía, y que no tenía poder decisorio sino que simplemente elevaba al Consejo de Gobierno cuestiones, siempre, en todo momento y cualquier circunstancia, elevó ninguna que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y por tanto todo era perfectamente ajustado a derecho”, dijo Zarrías a los medios tras declarar ante el alto tribunal.

Precisamente, ambos ampliarán la información sobre las funciones y labor de los consejillos. Son dos exresponsables públicos que tenían un papel importante en estas reuniones semanales de cada miércoles donde se anticipaban las cuestiones a las que, seis días después, daba el visto bueno la Junta. Zarrías tuvo que afrontar en el Supremo preguntas relativas a las doce reuniones del consejillo relacionados con las ayudas y modificaciones presupuestarias del programa '31L', donde se abordaron las transferencias de financiación, una de las figuras claves de la causa. Zarrías participó en ocho para su discusión y en cuatro simplemente para dar el visto bueno a lo abordado en encuentros anteriores. Según la Guardia Civil, en un informe entregado al Supremo, la trama afecta a todo el Gobierno pero que solo Empleo y el consejillo debían figurar.

Ratificación del contrainforme de Griñán

Por otro lado, el jueves 7 de mayo se producirá la ratificación pericial ante el juez del informe de los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago que elaboraron a petición de la defensa del expresidente José Antonio Griñán. El informe presentado por la representación legal de Griñán argumentaba, principalmente, que ni Griñán ni los exaltos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirigió tras ser nombrado por Chaves entre 2004 y 2009, tuvieron competencias ni responsabilidad en la tramitación de las modificaciones presupuestarias de las que 'bebieron' las supuestas irregularidades en el otorgamiento de las ayudas sociolaborales, que “se produjeron en la fase de ejecución del gasto”. Y puso en el tejado de otra consejería la posible responsabilidad: “Las competencias para la ejecución del gasto correspondiente a las ayudas sociolaborales financiadas con cargo a créditos de transferencias de financiación del programa 3.1.L. 'Administración de las Relaciones Laborales' ha estado siempre atribuida a la Consejería de Empleo”.

El juez no ha aceptado, por contra, la petición formulada por Manos Limpias para que comparezca el que fuera director del Gabinete Jurídico entre 2001 y 2008 Francisco del Río al no considerarla necesaria en esta fase del juicio.