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El Supremo reclama los documentos que, según Griñán, demuestran que el Parlamento validó las ayudas de los ERE

El Tribunal Supremo ha solicitado la documentación sobre los presupuestos de 2000 a 2003 y que, según el expresidente, demostraría que el Parlamento andaluz dio el visto bueno el sistema de ayudas.

La defensa de Griñán y el exconsejero Gaspar Zarrías intenta desmontar con esta documentación el informe de los peritos de la Intervención General del Estado.

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El magistrado encargado de instruir la causa que investiga los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha reclamado a la Junta de Andalucía, el Parlamento autonómico y la jueza Mercedes Alaya que le remitan los documentos que el Consejo de Gobierno proporcionó para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de los años 2000 a 2003.

La defensa del expresidente José Antonio Griñán pretende rebatir a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), que defienden en su informe que se indujo a error al Parlamento al elaborar las leyes de presupuestos. La defensa intenta demostrar que la finalidad de la partida presupuestaria a través de la cual se canalizaron las ayudas, el denominado programa 31L, "estaba claramente establecida desde un principio, y era totalmente conocida y aprobada por el Parlamento de Andalucía".

A través de la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la Cámara de Cuentas quedaba nítidamente delimitado el proceso de transferencias de financiación con el objetivo de "mantener la política de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades y atender las necesidades públicas de mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz, a través de los acuerdos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la subvención y ayuda a sectores y empresas con dificultades financieras", aducen las defensas de Griñán y del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías.

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