El Supremo reclama los documentos que, según Griñán, demuestran que el Parlamento validó las ayudas de los ERE

El magistrado encargado de instruir la causa que investiga los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha reclamado a la Junta de Andalucía, el Parlamento autonómico y la jueza Mercedes Alaya que le remitan los documentos que el Consejo de Gobierno proporcionó para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de los años 2000 a 2003.

La defensa del expresidente José Antonio Griñán pretende rebatir a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), que defienden en su informe que se indujo a error al Parlamento al elaborar las leyes de presupuestos. La defensa intenta demostrar que la finalidad de la partida presupuestaria a través de la cual se canalizaron las ayudas, el denominado programa 31L, “estaba claramente establecida desde un principio, y era totalmente conocida y aprobada por el Parlamento de Andalucía”.

A través de la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la Cámara de Cuentas quedaba nítidamente delimitado el proceso de transferencias de financiación con el objetivo de “mantener la política de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades y atender las necesidades públicas de mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz, a través de los acuerdos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la subvención y ayuda a sectores y empresas con dificultades financieras”, aducen las defensas de Griñán y del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías.