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Podemos sacrificará su estructura orgánica en más de la mitad de los municipios con el nuevo reglamento de primarias

Podemos replica a los obispos que monten un partido y concurran a elecciones

Olga Granado

La renovación de las secretarías generales y los consejos ciudadanos municipales (CCM) en 2018 viene marcada por un nuevo reglamento que, salvo que se apliquen de forma masiva las excepciones que también contempla, supondrá el desmantelamiento de la mitad de la estructura orgánica de Podemos en los municipios. De este modo, con carácter general, sólo habrá CCM en los municipios con más de 50 militantes, que son los inscritos con máximo nivel de compromiso y por tanto el censo más menguado. El que se actualiza cada seis meses y es coordinado a nivel estatal.

Pero además, para tener CCM, o siquiera secretaría general, se contempla que el censo de militantes ampliado -donde sí se cuentan todos los inscritos y no se exige presencialidad- represente por lo menos el 0,075% del total de los habitantes del municipio. Se trata de un reglamento propuesto por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y que ha contado con el voto en contra de Andalucía y Aragón, después de un periodo de alegaciones que lo ha convertido en definitivo.

Son condiciones que han generado muchos recelos de cara a un proceso que tendrá lugar justo el año previo a las elecciones municipales, las primeras a las que concurrirá Podemos, y con el que se pretende renovar las estructuras creadas en 2014, con en nacimiento del partido, cuando se constituyeron tras las primarias 331 CCM -incluidas todas las capitales de provincia- y se eligieron 760 secretarías generales por todo el territorio. La mitad, según cálculos de algunos integrantes de Podemos, no sobrevivirán por la imposibilidad de cumplir los requisitos para celebrar las asambleas para las votaciones.

Las excepciones previstas

Cierto es también que el reglamento fija que la exigencia de que el censo de militantes ampliado suponga mínimo el 0,075% del total de los habitantes se reducirá y será del 0,065 %, si se da una de las dos condiciones siguientes, y del 0,055 % si se dan las dos: que Podemos haya obtenido por lo menos el 10% de los votos en las dos últimas elecciones en el municipio, ya sea en solitario o con otras candidaturas, y que el mismo esté en un área de elevado nivel de despoblación, circunstancia que deberá ser probada y motivada por el Consejo Ciudadano Autonómico (CCA).

Mientras, para los CCM también establece que cabe la posibilidad de que el CCA encuentre que el censo de militantes “no representa la potencia del partido en el municipio” y puede también en este caso solicitar que el Consejo de Coordinación Estatal (CCE), “mediante informe motivado”, una excepción. O sea, que se trate a ese municipio como si tuviera más de 50 militantes. La decisión final será siempre del CCE. Estas excepciones se incluyeron después de que borrador, que ya adelantó eldiario.es/andalucia supusiera un aluvión de alegaciones desde las secretarías de Organización autonómicas, que ven un especial impacto de estas restricciones en los territorios con muchas ciudades medias.

Sin embargo, desde el equipo de Pablo Iglesias sostienen que estas condiciones se imponen porque se ha detectado que en las áreas geográficas despobladas, “la participación se encuentra por debajo de niveles críticos”, por lo que “es necesario reforzar el sistema de selección previa de las candidaturas, dando primacía a la presencialidad, a la participación y selección” de las bases. “Ni la existencia de órganos es garantía de que nos presentemos en un municipio ni es condición para ello”, matizan, no obstante.

De este modo, se pretende “alinear la existencia y el tamaño de los órganos a la participación en los mismos de las personas que ya lo hacen en los demás espacios de Podemos”. O sea, evitar “la constitución de órganos que sólo se representen a sí mismos, en un vacío democrático estéril y burócrata”.

Por otra parte, el procedimiento establece que las votaciones serán presenciales, pese a que se utilicen herramientas telemáticas para ello. También, garantías de paridad: que en la fase de inscripción de candidaturas provisionales debe haber por lo menos dos y una sea de mujer en el caso de las primarias para la secretaría general. Para las primarias para los CCM, se exige también mínimo dos candidaturas provisionales y que la mitad de sus integrantes sean mujeres.

Igualmente, se mantiene el sistema de avales propuesto por primera vez en el borrador y que no se limita, como hasta el momento, a exigir la firma de un órgano colegiado para concurrir. Los candidatos a la secretaría general deberán ser doblemente avalados: por inscritos que no supongan menos del 0,025 % de los habitantes del municipio y sin que haga falta recabar más de 50, y por un órgano colegiado. Mientras, los candidatos del CCM podrán optar por ser avalados individualmente o en bloque.

También en este caso se habla de posibles “circunstancias excepcionales” en las que el CCA estime que este sistema de firmas puede haber dejado pasar a candidatos de valía que no cumplen la exigencia, por lo que podrá elevar informe motivado para que el CCE decida si le vale con su aval.

Con este panorama, los secretarios de Organización autonómicos están estudiando el impacto de este ordenamiento en sus territorios. De hecho, el mismo reglamento prevé que se puedan cambiar algunos de sus puntos, lo que deberá hacerse vía asamblea o CCA, según lo que se quiera tocar, y por lo menos dos meses (o uno en casos de urgencia debidamente justificada) antes de las primarias.

Sin embargo, para los críticos con este reglamento, este punto de partida supone “renunciar” a estos órganos en los municipios cuando Podemos está negociando su posible confluencia para las elecciones municipales con IU que, por el contrario, sí cuenta con estructuras orgánicas fuertes. Especialmente en el caso de Andalucía, donde el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, el gran valedor de Alberto Garzón, y firme defensor de esta confluencia, está llamando desde hace meses a las puertas de Teresa Rodríguez, su homóloga en Podemos, para sentar las bases de ese nuevo sujeto político para 2019.

CCM en riesgo en Andalucía

Poniendo el caso de Andalucía, el segundo territorio donde Podemos tiene más implantación tras la Comunidad de Madrid, tomando el censo de militantes actualizado a noviembre de 2017, tan sólo las ocho capitales de provincia y Algeciras, Benalmádena, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera y San Fernando tienen más de 50 y por tanto conservarían CCM. Y, además, Algeciras y Jerez de la Frontera, junto con Córdoba, Málaga y Jaén, se renovaron el pasado año así que no entran en este juego.

En estos momentos hay 58 CCM en Andalucía resultantes de las pasadas primarias, y se quedarían fuera, si no se acogen a excepciones, los de ciudades tan importantes por población como Marbella, Roquetas de Mar, El Ejido, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Vélez-Málaga, Mijas, Fuengirola, Alcalá de Guadaíra, Torremolinos, Sanlúcar de Barrameda, Estepona, La Línea de la Concepción, Motril, Linares y Utrera, todas ellas de más de 50.000 habitantes.

Este proceso se desarrollará en un máximo de “tres tandas” en 2018, para ahorrar gastos. De manera que habrá que esperar a que cada territorio defina su calendario. Sólo quedan fuera las 12 ciudades que el año pasado decidieron adelantar la renovación de sus órganos tras la convocatoria de primarias por la crisis en el CCA de Madrid -a la que se sumaron también Andalucía y Extremadura- y que son Alicante, Pamplona, Donostia, Santander, Málaga, Palma, León, Burgos, Salamanca, Sabadell, Hospitalet de Llobregat, Lleida y Tarragona.

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