El Tribunal de Cuentas exonera a Magdalena Álvarez y Griñán de responsabilidad contable por el caso ERE

El Tribunal de Cuentas ha dejado a los exconsejeros Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Antonio Fernández fuera de la responsabilidad contable por las irregularidades en las subvenciones gestionadas por la Junta de Andalucía entre 2001-2009 y que están siendo investigadas en el marco del caso ERE, relativo a los fraudes en los expedientes de regulación de empleo tramitados en ese periodo. Su investigación se centra, por tanto, en la actuación de los exdirectores generales en las áreas de economía y hacienda, a los que reclama la cantidad como cautela. 

Es lo que recoge el acta de liquidación provisional notificada este martes por el órgano, derivada de una denuncia interpuesta en mayo de 2001 por el que fuera secretario regional del PP-A y actual delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en relación con la existencia de presuntas irregularidades. El acta precisa que los responsables contables son los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, de manera que también deja fuera al que fuera delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, a quien igualmente apuntaban los populares. Cabe recordar que en su denuncia, Antonio Sanz sostenía que en la Junta de Andalucía se diseñó un sistema “por el que seguir subvencionando a empresas en crisis o en proceso de reetructuración, soslayando así los procedimientos (...) para los controles de fiscalización previos”.

En su resolución, el Tribunal de Cuentas constata una “referencia nominal y reiterada” por parte de Antonio Sanz a los que fueran consejeros Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán, cuya intervención en el procedimiento se desprendería según éste de la firma de distintas órdenes y publicación de actos administrativos en los boletines oficiales de la comunidad autónoma. Sin embargo, el órgano precisa que la responsabilidad de los hechos se centra en la actuación de los exdirectores generales durante el periodo examinado “y con competencia en la gestión económica de dichos fondos”.

Concretamente, el Tribunal de Cuentas señala que el “presunto alcance” de las irregularidades asciende a un total de 64,362 millones de euros, de los que 5,484 corresponden a intereses. Por ello, reclama a los supuestos responsables que “depositen o afiancen el importe provisional del alcance”, igual que los intereses, “bajo apercibimiento de embargo”.

La resolución se ha notificado este martes a los exdirectores generales Francisco Javier Guerrero, Daniel Rivera y Juan Márquez, seis consistorios y 40 empresas, que habían sido citados para comparecer en la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por dos piezas que instruye este órgano relacionadas con los ERE y por las que se reclama un montante cercano a los 100 millones de euros. La instrucción de la tercera pieza, también por la denuncia del PP-A, aún no está tan avanzada, pero es la que tiene una reclamación más cuantiosa.