UCA-UCE y Facua piden más controles en la banca en la Ley para la Protección en la Contratación Hipotecaria

Las organizaciones de consumidores UCA-UCE y Facua han pedido a la Junta que establezca más controles hacia la banca dentro del proyecto de Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos hipotecarios, sobre la que han debatido los agentes sociales en el seno del Parlamento andaluz.

Así, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha pedido ante el Parlamento Andaluz “garantías y soluciones” respecto al mercado hipotecario, en su valoración en el Parlamento andaluz de este proyecto de Ley.

Una delegación de UCA-UCE encabezada por su presidente, Juan Moreno y su vicepresidente, Miguel Ángel Ruiz, ha comparecido ante la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía para trasladar sus valoraciones sobre el Proyecto de Ley en el que actualmente trabaja la cámara andaluza, donde ha destacado el trabajo diario de la Unión de Consumidores de Andalucía en materia de préstamos y créditos hipotecarios, “tramitados en la mayor parte de los casos con una importante falta de transparencia, con mínima evaluación de la solvencia del deudor o con nula información de las consecuencias a los que avalaron operaciones”.

Tras lamentar que todas estas situaciones y la posterior concurrencia de un escenario de crisis económica “han acabado provocando un gran número de desahucios de viviendas, UCA-UCE ha dado la bienvenida a una iniciativa legislativa cuyo objeto está llamado a ”garantizar la protección de los consumidores, regulando la transparencia y el acceso a la información que se debe facilitar“.

En cualquier caso, considera que es una normativa que “llega tarde y con retraso” para muchos y cree que “se debería haber exigido en las notarias” en tiempos anteriores, de forma que hasta ahora “ha fallado el control que se ha hecho de las obligaciones legales”. “Mucho se podría haber evitado si se hubiera trabajado desde la perspectiva de mejorar la formación financiera de la ciudadanía”, ha añadido.

UCA-UCE espera que esta Ley “no quede en papel mojado porque incida en errores ya conocidos y testados”. La organización ha trasladado sus interrogantes como si las estructuras actuales de la Consejería de Salud, competente en materia de Consumo, “tendrían capacidad para analizar miles de contratos o si serían capaces de poder velar por los derechos de los consumidores, cuando en algunas provincias los inspectores de consumo no llegan a la decena”.

Igualmente, UCA-UCE echa en falta “una regulación más específica de las nuevas tareas y compromisos de los profesionales que giran alrededor de la contratación hipotecaria, es decir, notarios, gestorías de servicios, agencias inmobiliarias”.

UCA-UCE duda de los resultados que pueda tener el Tribunal Andaluz para las Ejecuciones Hipotecarias y los Desahucios, y duda también de que los bancos vayan a adherir al sistema arbitral para tratar las ejecuciones hipotecarias. Del mismo modo se ha contemplado la dificultad de establecer Órganos Sectoriales de Mediación en el seno del Consejo Andaluz de Consumo, tanto a niveles autonómico como provinciales.

“La ciudadanía quiere garantías y soluciones con respecto al mercado hipotecario, no quiere más falsas expectativas ni bienintencionadas regulaciones que una vez aprobadas después, en la práctica diaria se vean sobrepasadas por la realidad”, ha añadido UCA-UCE, quien insiste en “una profunda regulación de todo este sector financiero”.

Por su parte, la presidenta de Facua-A, Olga Ruiz, ha valorado este proyecto de ley, que se ha elaborado con “una alta participación social”, pero, si bien, ha apuntado que “necesita ser reforzada con más controles sobre la banca, que garanticen la protección de los derechos de los consumidores y dotarse de presupuesto”.

Ruiz ha pedido mejoras concretas en algunos artículos para reforzar la protección de los consumidores, pero “sobre todo que se refuercen los controles sobre la banca y las multas por incumplimientos”.

El “principal escollo” para que esta ley resulte “realmente efectiva” es la falta de dotación presupuestaria para su puesta en marcha. En su comparecencia, Ruiz ha destacado que “este proyecto de ley, sin recursos económicos, no previstos expresamente en los presupuestos de 2016, y sin voluntad de control y supervisión de las conductas y prácticas bancarias resultará papel mojado”.

Ruiz ha recordado que el proyecto de ley prevé la creación de un Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios en el ámbito de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía y creará órganos de mediación sectoriales. “Y sin embargo, ninguno de estos nuevos organismos tendrá dotación presupuestaria propia”.

En cuanto al marco sancionador, la federación demanda un aumento sustancial tanto de las cuantías de las multas establecidas en el texto como de las fijadas en la ley andaluza de defensa de los consumidores de 2003, en la que se redujeron las sanciones fijadas en los años 80.

POSTURA DE CCOO-A

Por su parte, el sindicato CCOO-A ha calificado de “oportuna y necesaria” el proyecto de Ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios pero matiza que “no solucionará las graves deficiencias de una legislación hipotecaria que ha quedado obsoleta” y reclama una “reforma integral” de la misma.

Es por ello que CCOO ha pedido a la Junta de Andalucía que inste al Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre, a emprender sin demora, una reforma de la legislación hipotecaria y civil que refuerce la protección de las personas deudoras hipotecarias en general y, particularmente, en los procedimientos ejecutivos hipotecarios.

En cuanto al contenido de la norma, CCOO valora la creación del Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios, si bien ha pedido mayor concreción sobre su funcionamiento y competencias “para evitar falsas expectativas”.

El sindicato ha reclamado asimismo que la Ley “dé un paso más para garantizar un mayor equilibrio entre las partes contratantes mediante la firma de un código ético por parte de las entidades en el que se comprometan a la supresión de las cláusulas abusivas y a adherirse al Sistema Arbitral de Consumo”.

En cuanto al diseño de un sistema integral de información y asesoramiento a las personas perjudicadas, el sindicato valora el servicio que va a prestar aunque critica que no se haya informado previamente de esta iniciativa al Observatorio Andaluz de la Vivienda.