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UCA-UCE baraja llevar a los tribunales el decreto sobre el registro de asociaciones de consumidores

EP

SEVILLA —

La organización de consumidores UCA-UCE está barajando llevar a los tribunales el decreto de la Junta de Andalucía aprobado para regular el registro andaluz de asociaciones de consumidores y usuarios, toda vez que “aborda por esta vía del decreto, tanto el régimen jurídico de las mismas, como su carácter más representativo”.

Por ello, UCA-UCE pedirá una “rectificación urgente” de la Junta y su derogación para dar marcha atrás “ante las nefastas consecuencias que para la ciudadanía tendría la entrada en vigor de este decreto”, barajando incluso la posibilidad de solicitar ante los tribunales su anulación.

En una nota, la Unión de Consumidores de Andalucía ha mostrado su preocupación en los últimos tiempos por el decreto que preparaba la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que el pasado martes era aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

A este respecto, UCA-UCE “defiende y defenderá la necesidad de reserva de ley para un texto normativo de estas características, que no sólo estará para regular como inicialmente se contempló, la ordenación del citado Registro Público, sino que también pretende por esta vía de decreto, articular el régimen jurídico de las asociaciones e incluso los criterios para ser o no organizaciones más representativas en Andalucía”.

Agrega que el texto aprobado el martes por el Gobierno andaluz “incorpora elementos tan inquietantes como que las organizaciones de consumidores lleguen a medirse en función del poder adquisitivo de las personas socias que en ellas se integren, en base a las cantidades recaudadas por cuotas, dejando sin valor las políticas propias de asociacionismo que puedan libremente tener las organizaciones en función de acoger en su seno a personas con independencia de su poder adquisitivo o de su capacidad de atender el pago de dichas cuotas”.

En ese sentido, UCA-UCE ha explicado que sigue atendiendo a aquellas personas asociadas que, “encontrándose en situación de desempleo, no pueden afrontar el pago de sus cuotas, algo que no cabrá en el decreto aprobado, pues ello sería un obstáculo para defender ese criterio de organización más representativa”.

“No debería ser tan preponderante un criterio que valoraría sobremanera el 'copago' de la ciudadanía a su asociación por los servicios recibidos, frente a otros tales como la accesibilidad del conjunto de la ciudadanía a nuestros servicios, el número de convenios firmados con otras entidades o la trayectoria de participación institucional desarrollada entre otros”, ha agregado.

UCA-UCE considera que con el nuevo decreto “se estarían imponiendo por parte de la Junta de Andalucía los criterios de cuotas y admisión de personas asociadas con un excesivo y desmesurado intervencionismo de la administración, en una sociedad democrática y libre”.

De esta forma, lamenta que, tras su entrada en vigor, la Unión de Consumidores de Andalucía “tendría que modificar su política de socios exigiendo a personas desempleadas y en riesgo de exclusión social el pago de la cuota de socio para que puedan ser computados como tales a efectos de representatividad de las asociaciones de consumidores y usuarios”.

UCA-UCE entiende que esta política de establecimiento del 'copago' en el ámbito del consumo “supondría la mera mercantilización de las asociaciones de consumidores”.

“Miente el Gobierno andaluz cuando habla de consenso con el movimiento asociativo”, asevera UCA-UCE, quien ha explicado que en el preceptivo trámite de audiencia, “el texto aprobado ni tuvo el apoyo y voto favorable de federaciones andaluzas de consumidores como UCA-UCE u otras, ni tampoco alcanzó el consenso necesario del Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, que concluyo su informe con el voto particular y disconforme de todas y cada una de las federaciones que lo integran”.

Agrega que la Junta “miente también cuando argumenta que este decreto responde al Pacto por la Garantía de los Derechos de los Consumidores de Andalucía que suscribimos en su día con el Ejecutivo andaluz”, toda vez que dicho Pacto “contemplaba el avance en las políticas de Concertación, muy alejadas del mantenimiento de las políticas de subvenciones en régimen competitivo por la que apuesta este decreto, con unas premisas previstas única y exclusivamente para poner en valor un determinado modelo de asociación por la que Valderas ha optado, tradicionalmente afín a sus tesis”.

“Nos hubiera tranquilizado más que esta norma hubiera pasado por nuestro Parlamento, un necesario filtro democrático para identificar los intereses creemos ocultos de esta norma”, ha añadido la organización.

Por ello, en estos momentos y ante la transcendencia del tema, UCA-UCE trabaja la elaboración de un informe jurídico que argumente la reserva de ley que defiende pues, “tratándose de entidades de relevancia constitucional y estatutaria como lo son las organizaciones de consumidores, su regulación requeriría, sin duda, la modificación en sede parlamentaria de la actual Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía”.

Finalmente, UCA-UCE lamenta que el Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Susana Díaz, “no haya sido capaz de lograr el necesario consenso en la aprobación de este decreto”. “Valderas, en su empeño por favorecer a una concreta federación afín a su cuerda, impone sus tesis con este decreto, frente a un Gobierno que se pliega y no llega a ver la trascendencia de lo que aprobaba”, se lamenta.

Por ello, UCA-UCE pedirá una “rectificación urgente” de la Junta de Andalucía y su derogación para dar marcha atrás “ante las nefastas consecuencias que para la ciudadanía tendría la entrada en vigor de este decreto”, barajando incluso la posibilidad de solicitar ante los tribunales su anulación.

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