La UE investiga la responsabilidad de Atlantic Copper en varios ingresos hospitalarios en 2012

Veinte meses después de que varios vecinos de Huelva necesitasen asistencia médica, sobre todo relacionada con problemas respiratorios, la Unión Europea ha decidido ponerse manos a la obra con este asunto, con el fin de esclarecer la responsabilidad que la actividad química onubense tuvo en ese episodio.

Por ello, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha abierto una investigación para determinar las posibles irregularidades en la fábrica de Atlantic Copper en Huelva cuando el 5 de octubre de 2012 se produjo un escape que se pudo sentir en parte de la capital onubense.

Todo mediante una denuncia que en su día planteó la organización “Mesa de la Ría”, entidad que persigue que los terrenos que ocupa el Polo Químico de Huelva vuelvan a ser usados por la ciudad, y no por las industrias que lo ocupan hace más de medio siglo. Esta organización, que denunció los hechos, puso en conocimiento de la UE la posible nube tóxica se produjo en coincidencia con un apagón eléctrico generalizado en la capital onubense y parte de la costa.

Aquella noche, posiblemente por el fallo eléctrico generalizado, los filtros de la factoría fallaron, y una nube tóxica afectó a parte de la ciudad, según el escrito que ha recibido la organización denunciante por parte de la UE, remitido a el diario.es/andalucia.

El escrito de la comisión explica que “la denuncia ha sido transferida a la aplicación EU Pilot”, y el protocolo consiste en que la Comisión se pone en contacto “con las autoridades del Estado miembro afectado para solicitar información o intentar resolver los problemas. Solo así pueden confirmarse todos los aspectos de la situación de hecho y de derecho y extraerse las conclusiones oportunas”.

Un área para agilizar las respuestas

Quien se va a encargar de estudiarlo, el mencionado EU Pilot, es un órgano instaurado por Europa en 2008 para “agilizar y mejorar el proceso de intercambio de información y resolución de problemas”, y a él se ha derivado este asunto, con el fin de agilizarlo lo más posible.

Este proyecto funciona desde abril de 2008 con el objetivo de proporcionar de forma más rápida y completa respuestas a las preguntas y soluciones a los problemas derivados de la aplicación de las normas de la UE – especialmente los planteados por los ciudadanos y las empresas – que exigen confirmar la situación jurídica o de hecho en un Estado miembro.

Así, fue concebido para mejorar la comunicación y la solución de problemas entre los servicios de la Comisión y las autoridades de los Estados miembros en relación con la aplicación del Derecho de la UE y la conformidad de la legislación de los Estados miembros con el Derecho de la UE en la fase previa a la incoación del procedimiento de infracción, caso del que se estudia por el asunto de Atlantic Copper.

Con arreglo al proyecto, la queja presentada es examinada por el servicio competente de la Comisión y remitida a la autoridad del Estado miembro de que se trate, junto con las cuestiones o indicaciones señaladas por el servicio de la Comisión. Los plazos marcan que antes de finales de junio se pueda tener un primer informe de los hechos y ser comunicado a las partes, como explica la misma respuesta que ha recibido la Mesa de la Ría. Sus componentes explican que “normalmente hay que esperar diez semanas para obtener una respuesta del Estado miembro a la Comisión, pero este plazo puede ser más breve. Los servicios de la Comisión dispondrán a su vez de un plazo de diez semanas para analizar la respuesta propuesta por las autoridades nacionales implicadas” para posteriormente informar “de las conclusiones que hayamos extraído”.

Los síntomas que sufrieron los onubenses esa noche están claro para los denunciantes. Concretamente hablan de que que la nube tóxica provocó “afecciones respiratorias, vómitos y mareos, y algunas personas tuvieron que ser hospitalizadas”. Por eso, pidieron a las autoridades españolas “a facilitar a la opinión pública toda la información sobre accidentes químicos atmosféricos, así como las constantes incidencias de subida de picos de contaminación por arsénico y partículas finas y ultrafinas”.

“Para nosotros no hay novedades”

Sin embargo, a pesar de la claridad de la denuncia y de que la UE le haya dado trámite, una portavoz de Atlantic Copper asegura que en la empresa “no hay novedades en este caso, ni nada que comentar”, y se remiten a las instancias oficiales a la hora de valorar la responsabilidad que haya podido tener la factoría en los hechos que se denuncian.

Así, sostiene que ha remitido a la Junta de Andalucía toda la información sobre el escape ocurrido en su fábrica, para recalcar que “no hay novedad” en la apertura de una investigación por parte de la Unión Europea.

Uno de los trámites que cumple la UE a la hora de investigar es pedir información a las administraciones con competencia en estos casos, que en el caso del Polo Químico de Huelva es la Junta de Andalucía. La misma portavoz admite que, a pesar de que consideran que no hay novedades, las consejerías de Industria y Medio Ambiente han reclamado la información sobre este suceso a la empresa, “que ya se les ha entregado, así que no hay nada más que decir sobre este asunto”.

Si se cumplen los plazos, el próximo mes de junio, como máximo, se conocerán las primeras conclusiones de la Unión Europea en este asunto, y si la denuncia sigue el recorrido por los despachos judiciales que pretende la Mesa de la Ría.