“El amianto mata no es una frase hecha”
Este lunes se celebra en Sevilla uno de los juicios planteados por trabajadores expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbesto), uno de los múltiples contra la empresa Uralita, multinacional española de elementos para la construcción, en este caso en el ámbito civil. La historia de los afectados, que cuenta con 15 asociaciones en España, viene de lejos. Aprovechando esta vista oral, que deberá determinar las responsabilidades de la empresa, han querido retomar la atención de la opinión pública y la “amplia franja de afectación” del amianto, causa de muertes y enfermedades en trabajadores y familiares.
El problema es tan antiguo como reciente. Hace escasos tres meses cerraron parte del Parlamento Europeo al detectarse contaminación de amianto. RTVE adjudicó a finales de año un contrato para la demolición, por riesgo de amianto, de siete edificaciones de su sede de Prado del Rey (Madrid). Los casos más antiguos van goteando sentencias laborales. “No bajamos la guardia”, señala el presidente de la asociación Avida en Andalucía, Antonio Delgado, que defiende a exempleados y parientes afectados por la nocividad del producto en cualquiera de sus manifestaciones clínicas. “¿Qué va a pasar con los edificios con amianto que se van a derribar?”, se pregunta, denunciado las “consecuencias nocivas” y la “falta de vigilancia sanitaria” ante el “tremendo rosario de enfermedades” que provoca el amianto.
La legislación contempla un listado de enfermedades profesionales, entre las cuales aparecen asociadas con trabajos expuestos a la inhalación de amianto la asbestosis (asociada o no al cáncer de pulmón), carcinoma primitivo de bronquio o pulmón por asbesto y mesotelioma por asbesto.
España, a través de la Orden de 7 de diciembre de 2001, transpuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE, por la que se prohíbe el uso y comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contengan. Uralita, que llegó a contar con una plantilla de mil trabajadores en su fábrica de Sevilla, cerrada en 1999, siempre ha defendido que ha cumplido con la legislación específica en materia de amianto y de tipo medioambiental, pidiendo en los numerosos juicios planteados ser eximida de su responsabilidad alegando que, antiguamente, no existía una normativa que le obligara a adoptar medidas. “Buscan resquicios dirigidos a la prescripción de la culpa, no a la relación causa-efecto ya demostrada”, apunta Delgado, que recuerda que la empresa no puso en su momento medidas de seguridad ni advirtió a los trabajadores.
Se trata del primer juicio colectivo de estas características, planteado por 22 demandantes que reclaman una cantidad total de 2,2 millones de indemnización. Es un proceso iniciado en 2010, tiempo durante el cual han fallecido cinco personas. Antonio Delgado ha comentado en rueda de prensa, junto al secretario general de UGT- A, Francisco Fernández Sevilla y el secretario general de MCA-UGT-A, Manuel Jiménez, que la baremación es muy estimada para el establecimiento de indemnizaciones por amianto y que se les aplica el correspondiente a los accidentes de tráfico
Sin registro de afectados en Andalucía
Su situación no responde a “una foto fija”. Es un “tema pendiente”, como lo califica el presidente de Avida Andalucía. En el último congreso de la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur (Neumosur), en marzo pasado, el Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz presento un estudio que mostraba que el 85% de los postexpuestos a inhalación de amianto en industrias de la Bahía gaditana, atendidos por el programa específico creado el citado hospital, han desarrollado una enfermedad respiratoria. Las patologías más prevalentes entre los sujetos analizados son las placas pleurales y el cáncer de pulmón, con un 44% y un 10% de casos, respectivamente. Avida intenta que se imparta formación específica a los neumólogos de los hospitales andaluces en las unidades habilitadas para ello.
La asociación tiene solicitada desde finales de enero reuniones con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta. Se sienten “desatendidos” por las administraciones y critican la “descoordinación” de sus “compartimentos estancos”, que impide cruzar los datos entre las consejerías de Salud e Innovación. “Amparándose en la ley de protección de datos, la Administración no se puede desentender de un problema de tal envergadura”, apunta Manuel Jiménez, de MCA-UGT-A.
Andalucía no dispone de un registro de afectados. “Nosotros hemos tenido que aportar las listas para intentar crear uno”, señalan desde Avida. Hasta tal punto que en el cuadrante del Ministerio de Trabajo, los datos de andaluces afectados no aparecen, pero sí de otras comunidades autónomas. Piden “voluntad política”, según el secretario genetal de UGT-A, pero los argumentos en contra obedecen a motivos “fundamentalmente económicos”, lamentan tanto desde el sindicato como desde Avida. “¿Es la muerte y el silencio nuestro único recurso?”, se pregunta. “El amianto mata no es una frase hecha”, sentencia.
El Parlamento vasco ha aprobado recientemente que estudiará la creación de un fondo de compensación para trabajadores afectados, por el que también luchan en Andalucía. En diciembre de 2004, el Parlamento de Andalucía instaba al Consejo de Gobierno de la Junta a participar activamente en el Grupo de Trabajo Amianto, creado en Madrid en 2002, así como incorporar a Avida al grupo de trabajo constituido en Andalucía, según la Proposición no de Ley aprobada el 30 de octubre de 2001. “Esto no es un juego de niños; acabaremos en Bruselas en un frente común si nos se nos atiende debidamente”, concluye Antonio Delgado, solictado a las administraciones que arbitren los mecanismos adecuados para el reconocimiento de las víctimas de amianto y la prevención en todo lo relacionado con el producto.
