Distinta campaña, mismos casos: el 26J en Andalucía, también pendiente de los juzgados

“Las campañas sin Alaya en los ERE ya no son lo mismo”, comentaba recientemente un abogado, no sin cierta ironía. Pendiente o no de las decisiones la jueza, ahora en la Audiencia de Sevilla y lejos del juzgado de instrucción desde donde lanzaba alguna de sus “bombas”, como se conocían en el mundillo judicial sus autos y su evidente impacto en la política andaluza, lo cierto es que la actualidad judicial sigue caliente en la antesala de unas nuevas elecciones generales con viejos casos conocidos.

El caso de los ERE, que había perdido cierto impacto mediático en los últimos meses, ha resucitado con el auto de procedimiento abreviado contra los expresidentes Chaves y Griñán, y una veintena de exaltos cargos de la Junta. Al tiempo, el archivo del caso Aznalcóllar en otoño, que había sido 'la mina de la oposición' antes de las elecciones andaluzas del año pasado y asunto recurrente incluso durante el proceso de investidura andaluz, podría volver a la actualidad si Alaya (sí, Alaya, que delibera estos días junto a sus compañeros de la Audiencia) decide reabrir el caso. Y además, la omnipresente comisión parlamentaria sobre el asunto de la formación de estos meses, aún con cuestiones pendientes, corre paralela a un camino judicial algo disperso en distintos juzgados.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que habían pasado en marzo junto a tres exconsejeros por los juzgados de Sevilla, tras hacerlo el año anterior por el Supremo y el TSJA, respectivamente, han vuelto a la actualidad judicial y política tras la resolución del pasado 1 de junio. A priori, y dados los plazos para recursos y escritos de calificación, no tiene por qué haber más novedades importantes antes del 26-J en esta causa. Desde hace varios años en el 'candelero' judicial, el caso ERE quizá por desgaste había perdido algo de fuerza pero, con el referido auto, la oposición ha retomado los argumentos a los que había recurrido en los últimos años como arma electoral.

Otro caso que ha perdido cierto fuelle, entre otras cosas, al desgajarse en piezas, es el de los cursos de formación. Desperdigado en varios juzgados de distintas provincias, por un lado, y con la causa principal (con dos exconsejeros investigados) disuelta en entramados empresariales, consorcios de la administración y otros componentes, el foco informativo es difícil de centralizar y las novedades relevantes llegan con cuentagotas (esta guía ayuda a conocer los orígenes del caso).

Paralelamente discurre la comisión de investigación que se está desarrollando en el Parlamento de Andalucía, donde comparecen muchos de los protagonistas que ya fueron llamados a los juzgados y que, precisamente por esa razón, limitan sus aportaciones o se niegan a declarar a la espera o después de haberlo hecho en sede judicial. De hecho, los grupos políticos han expresado con más o menos intensidad su decepción con la evolución del órgano parlamentario.

Un ojo en Aznalcóllar y otro en el TSJA

Uno de los temas que presente estuvo en los enfrentamientos electorales hace aproximadamente un año, tanto para las elecciones andaluzas como para las municipales, fue el procedimiento judicial que se abrió por la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y el concurso para la adjudicación de la explotación del yacimiento. El juzgado archivó la causa el pasado noviembre y la Audiencia de Sevilla delibera estos días el recurso interpuesto por la empresa Emerita Resources España, que perdió el concurso, adjudicado a la agrupación empresarial México-Minorbis. Este momento procesal tiene la coincidencia de que supone el 'reencuentro' entre la jueza Alaya y la Junta de Andalucía, ya que es la magistrada la ponente de dicho recurso. ¿Se reabrirá el caso?

Quizá el último caso judicial con recorrido regional sea el del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, quien prestó el 10 de mayo declaración como investigado ante el TSJA por su participación en la adjudicación de un proyecto arquitectónico denunciado por la Fiscalía Superior cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla. El asunto no pasó inadvertido para los partidos de la oposición, sobre todo para el PP, pero Ciudadanos, bastón para la investidura de Susana Díaz, no ha enmarcado esta citación judicial en un asunto de corrupción politica. En cualquier caso, la decisión que tome el alto tribunal andaluz tendrá irremediables consecuencias en la comidilla política andaluza.

También con referencia en el TSJA, otro asunto tiene de actualidad en este caso a un exconsejero, Luciano Alonso, por el nombramiento de Luis Guerrero como director del Centro Andaluz de Flamenco. El alto tribunal andaluz ha archivado recientemente la causa contra el exdirector, pero las diligencias respecto a Alonso, que en sede judicial defendió la “legalidad” del nombramiento, siguen su curso a la espera de diversos informes.

Asuntos pendientes en Málaga y Granada

En un ámbito más provincial, el caso más sonado de cuantos se tramitan en la provincia de Málaga afecta al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Después de tomar declaración a González, la jueza indaga ahora quién está detrás de la sociedad que supuestamente alquiló y luego vendió la vivienda de Estepona al político y su mujer.

Por otra parte, Ángeles Muñoz, ex alcaldesa de Marbella y número uno al Senado por el PP, está en el ojo del huracán por dos asuntos: sus supuestas vinculaciones con sociedades radicadas en Gibraltar, que ella niega; y el polémico deslinde con Benahavís. El equipo de Gobierno (PSOE, IU y OSP) anunció que había remitido a la Fiscalía planos del PGOU de 2010 supuestamente falsificados, y el PP replicó que interpondría acciones judiciales por estas acusaciones.

De otro lado, Francisco Conejo, secretario de Política Institucional del PSOE-A y portavoz del grupo en la Diputación, está siendo investigado por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Conejo construyó una piscina en su vivienda de Rincón de la Victoria antes de obtener la preceptiva licencia de obras, lo que ocurrió un mes después de que el PSOE se hiciese con la alcaldía, en 2009. La Audiencia Provincial ordenó en febrero reabrir la causa, que había sido archivada en primera instancia.

En Granada las tramas judiciales se centran sobre todo en la Operación Nazarí por supuesta corrupción urbanística del anterior equipo de Gobierno del PP en la capital y que provocó la dimisión del alcalde Torres Hurtado. Ahí es donde emerge la figura de Sebastián Pérez, presidente de los populares en la provincia. Pérez, que repite al Senado por el Partido Popular, dimitió junto al alcalde de Granada para mostrar “responsabilidad política”. Sin embargo, a nadie se le escapa que Sebastián Pérez ha pretendido el puesto de alcalde desde hace años y que su relación con la investigación que ha puesto en marcha la UDEF, por la que ya ha declarado Torres Hurtado, está por determinar.

(Esta información ha sido elaborada por Néstor Cenizo, Álvaro López, Javier Ramajo)