El auge de las detenciones espectaculares de políticos: causas posibles

¿Se está buscando el escarnio público previo a la condena? La reciente detención del ya dimitido alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), rodeado de camaras de televisión y fotógrafos, ha reavivado el debate sobre si el sometimiento de los investigados a estas exhibiciones puede colisionar con el respeto a la presunción de inocencia. En este caso en concreto, ha seguido la polémica también por el comunicado de la Fiscalía General de Estado poniendo en cuestión “medidas tan intrusivas”, que incluyeron el registro de la vivienda del munícipe, pero es un episodio más en una tendencia creciente a la exposición del sospechoso para una ciudadanía hastiada de que a diario estallen casos de corrupción o conductas ilegales de políticos, cargos públicos o personas de relevancia.

Pudo marcar un punto de inflexión el juicio a la cantante Isabel Pantoja en 2012 que obligó a un importante despliegue de fuerzas de seguridad para su protección -muchos recuerdan la imagen de ella subiéndose a duras penas a un coche sin poder ocultar su ropa interior- y donde se llegó a decir incluso que su condena de dos años terminó con ella en la cárcel porque era “ejemplarizante”, si bien lo cierto es que la pena se incrementó porque no podía hacer frente a la multa y la cambió por días de privación de libertad. Desde entonces, las imágenes para la polémica se han sucedido: Rodrigo Rato con un funcionario agachándole la cabeza para meterlo en el patrullero; las detenciones con preaviso de los exdelegados de Empleo de la Junta de Andalucía por el supuesto fraude de la formación; el paseíllo que se evitó Cristina de Borbón en su acceso a los juzgados por el caso Nóos y el que no pudieron esquivar, pese a que lo pidieron al juez, los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la causa de los ERE...

José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, cree que una de las cuestiones que ha cambiado es que “todo está mucho más mediatizado” e incluso que “hay cierta sobreactuación”, pero no considera que los jueces o la policía estén dejándose llevar por una demanda de la ciudadanía de mayor exhibición de su trabajo. Eso sí, critica cuestiones muy concretas, como “las detenciones espectaculares en las que se recurre a cosas innecesarias, como el uso de las esposas, cuando no ha lugar”. En su opinión, en casos como por ejemplo el del alcalde de Granada o incluso el de los exdelegados de la Junta de Andalucía, “habría bastado con citarlos para que pasaran por comisaría a una hora determinada”.

En cuanto a los paseíllos, entiende que es “inevitable que generen expectación mediática”, pero recuerda que cualquier ciudadano inmerso en procesos en los tribunales se enfrenta a ellos. “Cada día entran decenas de personas en cualquier juzgado para declarar y no hay ningún periodista esperándolas”, remarca, por lo que rechaza que se dispense un trato diferente a quien sea un cargo público, “como por ejemplo meterlo por el garaje o la puerta de atrás”, porque es “discriminatorio” con el resto.

Recuerda que este año ha entrado en vigor la Directiva 2016/343 de la Comisión Europea que se fundamenta en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que los países tienen de plazo hasta el 1 de abril de 2018 para transponerla a sus ordenamientos internos. Tiene entre sus objetivos evitar que se vulnere la presunción de inocencia por parte de los funcionarios y cargos públicos y que esto se traslade a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. En todo caso, manifiesta que no supondrá poner cortapisas a los medios de comunicación, que tienen “una función pública clave”, pero sí las manifestaciones que lleven a pensar en la culpabilidad de una persona que no ha sido condenada. Entre otras cosas, prohíbe la divulgación de imágenes o vídeos de la policía de detenciones, registros o traslados de los detenidos, es decir, los que no son tomados por los propios medios de comunicación.

Mientras, Paula Díaz Pita, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla, opina que “es inevitable que la ciudadanía opine con el sólo hecho de la detención, porque la búsqueda de venganza es una cuestión connatural”. Sin embargo, incide en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación -“entendiendo que es un equilibrio muy complicado”- cuando ofrecen estas informaciones. Y también se refiere ella a lo ocurrido en Granada. “Es verdad que si se procede a una detención es porque está fundamentada en motivos racionales para ello. Pero la detención es una cautela mínima. No puede trascender la imagen de que esa persona ha delinquido”, subraya, recordando que los asuntos pueden dar muchas vueltas: “Ya se vio con el exministro José Blanco y ese hombre no ha vuelto a la política y se ha quedado con su nombre mancillado”.

En esta línea, continúa: “Hay una confusión en los medios de comunicación en los tiempos porque la investigación puede iniciarla también un fiscal o la policía. Con limitaciones, porque, por ejemplo, no pueden ordenar escuchas o registros, lo que únicamente compete a un juez. Luego, si creen que hay base suficiente es cuando pasa a una instrucción. Pero insisto, es muy limitado porque ni el fiscal ni la policía tampoco pueden ordenar una prisión o una libertad provisional”.

Tampoco cree que sea una cuestión de terminología, como ha ocurrido con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en la que se ha borrado la palabra imputado. “El cambio de término lo considero absurdo. Es cambiar imputado material y formal por investigado y encausado, respectivamente. Dentro de unos años el término investigado será tan peyorativo como el de imputado”, vaticina.

La crisis ha influido en ello

Los expertos también sugieren que la crisis ha influido en este clima, por cuanto que la ciudadanía busca culpables. Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla la Mancha, recuerda “la necesidad de respetar la presunción de inocencia, un derecho fundamental que a veces se olvida”, y en su opinión, la reforma de la Lecrim “sí ha contribuido a reforzar esto”.

De todas maneras, precisa que, “pese a que esté bien definido este derecho en términos jurídicos, no ocurre de cara a la ciudadanía, y por eso se puede terminar dinamitando el honor de personas que luego son absueltas”. Lo ejemplifica: “Los medios de comunicación suelen dedicar mucho tiempo y páginas a los momentos en los que hay sospechas e indicios, pero si luego hay una sentencia absolutoria pasa prácticamente desapercibida”.

No por ello deja de reconocer “el también derecho fundamental a la información”, pero desde un “ejercicio de responsabilidad” donde “no basta con cubrirse las espaldas usando la palabra presunto”. Es más, tampoco olvida el problema de “la lentitud de la justicia que hace que determinados procesos se alarguen años, lo que para la vida política se convierten en un mundo”.

En este sentido, diferencia entre responsabilidad política de la judicial y cree que la primera “debe ser asumida en determinados casos de posibles delitos vinculados con el cargo público”. Lo ve “positivo por cuanto que hay una mayor exigencia de limpieza en la vida pública”. Pero aclara: “Creo que a veces hemos dado una vuelta de tuerca cuando ni siquiera hay una investigación, sino una situación que puede presumirse poco ética, se están exigiendo esas responsabilidades políticas”.

Por su parte, Francisco Jurado Gilabert, activista del 15M y experto en Filosofía del Derecho y Política, recalca que desde hace unos años “vivimos en un contexto en el que parece que la tolerancia hacia la corrupción se ha desvanecido y hay una mayor contestación popular”. En ello cree que han tenido que ver dos cosas. Por un lado, el escenario de crisis. “Mientras se creaba y reproducía un discurso de la austeridad, de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, dirigido fundamentalmente a la ciudadanía, salen a la luz, casi a diario, casos como éstos. Esto produce un sentimiento de indignación al ciudadano, que ve como incoherente que le digan que, mientras él tiene que apretarse el cinturón, la clase que lanza estos mensajes vive un grado por encima, no sufre las consecuencias de la crisis (que ella ha creado) y, además, se salta la legalidad”, apunta.

Y por otro lado, el incremento de los medios de información, sobre todo los digitales, y otros canales de comunicación e investigación (filtraciones, buzones de denuncia...): “Permite que se conozca públicamente un porcentaje mayor de casos de corrupción que antes, cuando la información de masas se concentraba en pocos y asociados, además, a definidas tendencias partidistas”.

Tres elementos en juego

En términos parecidos se expresa Isabel V. Lucena Cid, profesora de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide (UPO): “Cada vez que surge una nueva información acerca de algunos de estos casos, se pone en marcha la maquinaria informativa copando programas de tertulias, titulares, tuits, memes, etcétera, elevando un poco más la exasperación y el hastío de la ciudadanía”. Eso le despierta diferentes preguntas: ¿hace falta el escarnio público para atenuar o rebajar la tensión y la indignación ciudadana? ¿son necesarias esas detenciones espectáculos de aquellos de los que se presupone una conducta delictiva? ¿encuentra la ciudadanía mayor satisfacción ante este proceder?

Lo aborda desde tres puntos de vista. El primero, el político. “Como consecuencia del alto grado de corrupción (sobre todo en el partido del Gobierno), permitir estas escenificaciones públicas de detenciones, registro, paseíllos a los juzgados, es una manera de redimirse ante la ciudadanía, de decirles a los ciudadanos ¡ahí los tenéis! Se pretende con ello dar un mensaje de que se está contribuyendo con la justicia para regenerar la democracia y las instituciones”, comenta. Desde el punto de vista mediático, el periodismo se proclama como valedor de la democracia “destapando una tipología detallada de casos de corrupción y fraudes”. Y en tercer lugar, entran en juego los órganos judiciales. “El inmediato y cercano seguimiento de estos procesos judiciales (en muchos casos demasiados largos), representa un continuo que no satisface las expectativas de la ciudadanía, sino que la deja con una sensación de impunidad la mayoría de las veces”, valora.

En este contexto está convencida de que “la ciudadanía no se regocija con estos espectáculos ni necesita del escarnio público”, sino que está “cansada e indignada, saturada, irritada y demanda, en primer lugar, determinación, ejemplaridad y resolución, por parte de los políticos, de las situaciones que han propiciado que aquellos que se debían a la gestión y al servicio público se hayan aprovechado, para su beneficio, de los recursos de todos”. En segundo lugar, “la ciudadanía está demandando de los medios de comunicación rigor y profesionalidad en el tratamiento de la información y que verdaderamente sean agentes de control de las instituciones y de la democracia”. Y en tercer lugar, la ciudadanía le pide a la justicia “no sólo garantías procesales, sino celeridad en la resolución de los casos”.

“Se debe romper con la idea de impunidad y del fracaso de la justicia en la persecución contundente de los delitos en general y de los asociados a la corrupción y el fraude en particular. En definitiva, no considero que sea necesaria la humillación de los perseguidos por la justicia a causa de sus delitos, sino una verdadera regeneración de la política y de la democracia. Reforzar el sentido de servicio público de los medios de comunicación y restituir el valor de la justicia para afrontar y acabar con las causas del malestar y el hastío de la ciudadanía”, concluye.