Archivada la querella del PP contra el alcalde de Cádiz por injurias sobre el agua de Loreto

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento y archivo provisional de la causa contra el alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), su edil de Medio Ambiente y el jefe de gabinete de Alcaldía por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de gobierno del PP --que interpuso una querella-- en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014.

En el auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada deja sin efecto las citaciones de querellantes y acusados en relación a esta causa, que estaban previstas a partir de este miércoles.

El juzgado ha entendido, según argumenta en el auto, que el recurso de reforma interpuesto por el alcalde y el resto de investigados debe ser atendido “ante la evidencia de que no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar y sí, por el contrario, la concurrencia de un ánimo de crítica respecto a la gestión de los asuntos públicos”.

En cuanto a las supuestas calumnias, señala que es “una crítica política, que no se imputa un delito de forma concreta y evidente, y que existe, cuando menos, una actuación administrativa irregular en relación con algunos aspectos de la empresa municipal de aguas”.

Así, no se entiende acreditado el delito de calumnias, pues “no consta imputación de hecho delictivo alguno dado que se denunciaban meras irregularidades”. En cuanto a las injurias, dice la juez que “no podemos desconectar lo manifestado con el ámbito en el que se efectúan las expresiones, que pueden ser excesivas o poco acertadas, pero no integrantes de responsabilidad penal”.

Al respecto, abunda que “no se imputa de forma genérica a los querellantes por parte de los querellados la comisión de un delito contra la salud pública, sino que se hace referencia a irregularidades administrativas cuyo responsable último sería el Gestor de Aguas de Cádiz, y en su caso la Autoridad Sanitaria, que es la competente para proceder al corte del suministro”.

SOBRE LA QUERELLA

El auto también apunta que los hechos objeto de la querella se remontan al pasado 7 de marzo, a una rueda de prensa en la que “no están presentes ninguno de los querellantes”. Por tanto, considera la magistrada que “no pueden determinar cuál fue exactamente el contenido de las palabras del alcalde”.

En este sentido, añade que “tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones” en las que se basaría la querella, en las que aparece “una declaración entrecomillada sacada de contexto”, realizando “una interpretación subjetiva el periodista”. Al hilo de ello, destaca que “las afirmaciones vertidas en un medio de comunicación no tienen presunción 'iuris et de iure' de veracidad”.

Ha incidido en que no se realiza por parte de los querellados imputación de delito, sino que “sólo se habla del tipo penal en abstracto, no se ha demostrado la falsedad de dicha imputación y no existe temerario desprecio a la verdad, ni imputación inequívoca de un hecho específico y determinado a persona concreta”.

Entre otras cuestiones, el auto recoge que las declaraciones se produjeron “en el contexto de una crítica política”, aunque “ciertamente agria”. Asimismo, destaca que “es evidente que las personas que desempañan cargos públicos están sometidas en mayor medida a crítica”.

Por ello, “el límite entre su derecho al honor y la libertad de expresión de los demás cede en detrimento del primer derecho, pero se entiende que en el presente no se ha traspasado ese límite, toda vez el derecho al honor de los querellantes y su trayectoria no queda menoscabado por unas declaraciones que se realizan dentro del contexto de libertad de expresión y exigencia de la crítica política mayor o menor afortunada”.

Aprovecha la titular del juzgado para comentar que se refleja “una falta de conocimiento tanto de querellantes como de los querellados de las incidencias ante una posible contaminación de aguas y quién es el responsable del corte de suministro, lo que hace que la misma deba quedar fuera de la esfera penal”.

Una vez notificada la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, éstas pueden interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.

Una “buena noticia”

El alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), ha calificado de “buena noticia” el auto de la juez que sobresee y archiva temporalmente la causa abierta contra él por la “fallida estrategia” del PP de presentar “una querella vacía” por presuntas calumnias e injurias ante la gestión realizada por el equipo de gobierno --del PP-- en el suministro de agua en el barrio de Loreto en 2014.

En rueda de prensa, González ha señalado que es “la estrategia de titular pretencioso --del PP-- se ha demostrado ser una estrategia fallida”. Asimismo, ha añadido que el archivo de la causa “es una buena noticia que en favor de desjudicialización de la vida política”.

En este sentido, el alcalde ha afirmado que el PP “que ha centrado su labor de oposición en embarrar la acción de este equipo de gobierno, se ha caído con todo el equipo”, ya que “esto nos da la razón, porque dice que quien tiene que explicar a los vecinos lo que pasó en Loreto no es el equipo de gobierno actual, sino el PP”.

Además, González ha afirmado que el auto de la juez “confirma que nuestro recurso no era para retrasar o dilatar plazos como maliciaban algunos, era porque pensábamos que llevábamos la razón, que es lo que pensamos actualmente”.

“Nuestra afirmación ni faltaba al honor ni era injuriosa, lo que decía el PP que habíamos dicho basándose en algunas publicaciones de prensa no era lo que habíamos dicho, y así lo recoge la jueza”, ha manifestado.

González, tras hacer un repaso de algunas cuestiones del razonamiento jurídico del auto dictado por la juez, como que, según la magistrada, “tampoco se puede determinar el mayor o menor rigor periodístico de las publicaciones” en las que basa el PP su querella, ha incidido en que se trata de “una crítica política ante un hecho irregular”.

Asimismo, ha insistido en criticar al PP en “su intento de hacer de los tribunales un medio más en su labor de oposición”, en contraposición del equipo de gobierno, que abrió, según González, una “vía política” con la creación de la comisión realizada por aclarar lo sucedido en Loreto en octubre de 2014.

En cuanto al hecho de que el equipo de gobierno llevara el caso ante la fiscalía, González lo ha justificado en que se trata de una “responsabilidad de gobierno” el llevarlo “para que sea ella la que determine si hay hechos o no constitutivos de delito”.

“Los vecinos merecen una explicación, porque la solución que le dieron ya se ha demostrado que era falsa”, ha afirmado el alcalde, que ha añadido que la intención del equipo de gobierno es “llegar hasta el final, que significa depurar responsabilidades”.

El PP recurrirá

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, ha señalado que presentarán recurso ante la Audiencia Provincial ante el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz en el que acuerda el sobreseimiento y archivo provisional de la causa contra el alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP) - , su edil de Medio Ambiente y el jefe de gabinete de Alcaldía por un presunto delito de injurias y calumnias a cuenta de las declaraciones vertidas contra el anterior equipo de gobierno del PP --que interpuso una querella-- en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014.

En declaraciones a los periodistas, Romaní ha señalado que, “como no podía ser de otra forma”, respetan “esta y todas las decisiones judiciales”, aunque “no compartimos las tesis esgrimidas en el auto”.

En este sentido, ha añadido que a juicio del PP, “no creemos que el hecho de ser cargo público o político exima a nadie de imputar un delito a otra persona”.“ Para nosotros suministrar agua contaminada a sabiendas durante 14 días a un barrio entero es un delito, y si alguien nos acusa de eso, nos acusa de un delito”, ha afirmado Romaní, que ha añadido que “por eso creemos que sí existe calumnia y, por supuesto, injuria”.

Asimismo, ha señalado que este auto “no puede ser una patente de corso para que, a partir de ahora, cualquiera, sea político o no, pueda imputarle todo tipo de delitos a un cargo público sin el menor miramiento y sin pagar por ello”.

Romaní ha explicado que otra de las razones por las que el PP recurrirá es “por el hecho de que en el auto se pone en duda la veracidad de lo publicado, pero no en un periódico de papel o en un periódico digital, sino lo publicado el mismo día por todos los medios escritos y audiovisuales”.

En este sentido, ha añadido que “en el auto se viene a decir que puede ser que los medios hayan sacado de contexto las palabras del alcalde”, y “no dice que han sido todos los medios en el mismo día, ni que todos los medios recogieron la ratificación de González Bauza en las puertas de la Audiencia, ni dice que se le preguntó expresamente hasta en tres ocasiones por el sentido de sus palabras”

Por ello, Romaní ha afirmado que como el PP “sí cree lo que hemos visto publicado en todos los medios de comunicación, y como también creemos que no es correcto hacer esas afirmaciones sin haber escuchado a esos periodistas durante la instrucción, vamos a recurrir ese auto”.

“No vamos a entrar en valoraciones sobre el rigor de la prensa, la premura por el cierre de la edición o como hemos podido leer en la pagina seis del auto, de cómo se puede tergiversar los hechos a efectos de conseguir un titular impactante que permita un incremento en las ventas”, ha añadido.

En este sentido, Romaní ha afirmado que no entiende que “se puedan llegar a conclusiones tan aseverativas sobre el papel de la prensa en esta cuestión, a la que el auto le dedica bastantes párrafos, sin haber practicado las diligencias testificales”.

Así, ha preguntado “cómo se puede poner tan en tela de juicio todo lo publicado, hablando de premura, subjetividad o incremento de ventas, con la documentación aportada, en la que se evidencia que varios medios de comunicación, por no decir todos, coinciden en relatar lo que se dijo en esa comparecencia ante los vecinos de Loreto y sin llamar a testificar a ninguno de los periodistas que son autores de esas crónicas”.