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El Gobierno requiere al Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) la "inmediata retirada" de una bandera republicana

"No queremos de ningún modo entrar en mayores polémicas, pero las normas y los principios de neutralidad y objetividad están para cumplirlo", dice el subdelegado

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Si este martes era el Ayuntamiento de Cádiz el que acataba la medida cautelar del juzgado y  retiraba la bandera republicana tras una denuncia del Gobierno central, ahora ha sido la Subdelegación del Gobierno en Cádiz la que ha informado de que ha requerido al Ayuntamiento de Puerto Real la "inmediata retirada" de una bandera republicana izada en las instalaciones municipales de la plaza de Jesús, donde, entre otros servicios, se encuentra la Alcaldía.

En un comunicado, el subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, ha explicado que la bandera ha sido izada este miércoles, y esta misma tarde se ha requerido a través de la Secretaría General de la Subdelegación la "inmediata retirada" de dicho símbolo. También se le ha requerido a que traslade el acuerdo plenario donde se recoge la aprobación para llevar a cabo tal izado.

Para Muñoz, "estamos ante un nuevo caso de intento de situar la acción de una administración por encima de las normas y la legalidad vigente", por lo que ha confiado en que "en este caso el equipo de gobierno del Ayuntamiento (SSPPR y EQUO) recapacite y dé marcha atrás.

"No queremos de ningún modo entrar en mayores polémicas, pero las normas y los principios de neutralidad y objetividad están para cumplirlos y hacerlos cumplir, y la Subdelegación va a estar atenta a que así sea", ha enfatizado.

Según ha señalado, la Ley Orgánica 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas "es clara e inequívoca" apuntando que "en un edificio público no se puede exhibir ninguna bandera que no sea oficial o la propia del municipio".

Por último, Muñoz ha esperado una "rápida y satisfactoria" respuesta municipal, "dentro de la responsabilidad que los gobernantes, instituciones y administraciones públicas tienen en el ordenamiento constitucional vigente".

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