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La campaña del Parlamento de Andalucía con la empresa donde trabaja el sobrino del presidente deja muchas dudas en la oposición

Durán llevará el martes a la Mesa los contratos del 35 aniversario del Parlamento andaluz, incluida la campaña del 4D

Olga Granado

Ningún grupo cuestiona la legalidad de la contratación de la primera campaña del Parlamento de Andalucía por el 4D, por el 40 aniversario del 4 de diciembre de 1977 en el que los andaluces se echaron a la calle reclamando una autonomía de primera, con una empresa en la que trabaja el presidente de la institución, Juan Pablo Durán.

Pero sí todo lo que rodea a esta decisión: porque un mes antes se flexibilizaron las condiciones para los contratos menores, o sea por debajo de los 18.000 euros como es este caso; porque el presidente les ocultó que su sobrino trabajaba en la misma; porque la promoción se lanzó el mismo día de la concesión; y porque no les ha aclarado por qué esta firma y no otra, por citar varios ejemplos.

Este martes, en el que como había prometido Juan Pablo Durán les ha facilitado el expediente completo, ha servido para que el PP, Podemos e IU se ratifiquen en sus dudas en torno a un procedimiento que como mínimo consideran poco limpio, y en el que, por el contrario, el PSOE y sus socios de C's creen que hay que dar carpetazo a este asunto que ha ensombrecido la celebración, por primera vez en esta institución, del 4D.

De momento, hay que reseñar que la documentación facilitada por el presidente a los grupos pone en evidencia varias cuestiones que no se sabían, como que la campaña no ha costado “14.000 euros” como se dijo, sino casi 3.000 más (16.996). Llama la atención también que la memoria justificativa se firmó el 22 de noviembre, lo que invita a pensar que la empresa empezó a hacer el vídeo sin que se hubiera tramitado el contrato, ya que se lanzó esa misma jornada en algunas redes sociales y en el resto, al día siguiente. O también que dicha memoria justificativa la firma la jefa del Gabinete de Presidencia sin que haya ningún documento rubricado por personal administrativo que haya participado en el procedimiento para acreditar que todo está correcto.

Con estos datos, el PP va a pedir que la Cámara de Cuentas fiscalice todos los contratos menores aprobados en la Mesa del Parlamento de Andalucía. De hecho, los populares han reclamado una relación con todas las contrataciones que ha hecho la institución con motivo del 35 aniversario, entre ellos el de la referida campaña del 4D, que se incluyó en el paquete porque, según explicó el Juan Pablo Durán, antes no habían pensado en celebrar la efemérides.

“No ha dado ninguna información que aclare por qué se optó por la empresa objeto de este contrato, ni tampoco por qué ocultó a la Mesa de la Cámara que en ella trabaja su sobrino, máxime cuando en la última reunión, desde el PP le preguntamos concretamente por qué eligió a la misma”, ha criticado Carmen Crespo, portavoz de esta formación, después de que la versión ofrecida por el Parlamento de Andalucía fuera que se trataba de “los mejores” para este trabajo.

El grupo parlamentario de Podemos, por su parte, va a volver a reclamar que tanto el orden del día como las actas de la Mesa de la Cámara sean públicas al objeto de evitar que se repitan situaciones como la contratación de El Cañonazo Transmedia, empresa con sede en Madrid, para esta campaña. La portavoz adjunta de Podemos, Esperanza Gómez, ha expresado en este sentido: “ No hay ningún motivo para que eso no sea así.. Nadie nos explica por qué no son públicos, sería importante poder poner el foco ahí porque muchas cosas se harían de forma distinta”.

También desde IU insisten en conocer por qué criterios se eligió a esta empresa y no a otra. El líder de esta formación, Antonio Maíllo, ha interpelado a Juan Pablo Durán para que aclare estos extremos, especialmente porque se trata de un tema “tan profundamente emocional e inserto en la educación sentimental y política de Andalucía como el 4 de diciembre”.

De su lado, el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, ha defendido la “máxima transparencia y el cumplimiento de la legalidad” por parte del presidente. Ha recordado que el propio Juan Pablo Durán hizo la pasada semana, tras la publicación de la noticia, un reconocimiento público “de que podía haber sido un error las decisiones que tomó en su momento respecto de un contrato” con la empresa en la que trabaja su sobrino y militante de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba, donde hasta hace poco el presidente del Parlamento de Andalucía era secretario general del PSOE.

Entretanto, la campaña continúa. Consistente de momento en tres vídeos, cuyo recurso a los tópicos sobre Andalucía también ha sido criticado, el primero lleva más de 500.000 visualizaciones, lo que desde el PSOE han destacado como todo un logro, dado el objetivo de acercar la efemérides a los jóvenes.

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