Afectados del caso ERE se apoyan en el Supremo y en Rato para rebatir las fianzas millonarias

Algunos imputados en el caso de los ERE reclaman que el juzgado ajuste la cuantía de la fianza exigidas. No es la primera vez que lo solicitan y responde al sentir de varios afectados por la causa, con millonarias fianzas de responsabilidad civil impuestas por la jueza Mercedes Alaya. Ahora, se apoyan en el último auto del Tribunal Supremo (“no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario -31L- haya sido defraudado en perjuicio del erario público”) y en las alegaciones de Rodrigo Rato en el caso Bankia cuando aludió en su recurso, hace unos meses, a “la indeterminación del supuesto perjuicio económico”.

Rato recriminó al juez Fernando Andreu que le impusiera una fianza civil solidaria de 800 millones de euros basada en “una mera estimación, provisional y no soportada en bases sólidas”, reconociendo que el supuesto perjuicio causado a los accionistas que compraron títulos de Bankia en la Oferta Pública de Suscripción era “de muy difícil cuantificación”. Pese a ello, multiplicó por 25 la cifra que reclamaron los perjudicados personados en la causa, que ascendía a apenas 33 millones. “La indeterminación del supuesto perjuicio económico que puede ser objeto de reclamación, reconocida abiertamente por el Juzgado Instructor, impide completamente el establecimiento de un afianzamiento cautelar”, subrayó Rato.

El juez del caso Bankia había estimado la garantía sobre un conjunto de afectados “indeterminado”, cuyo quebranto no estaba acreditado en la causa ya que lo calculó sobre el total de la inversión de los pequeños accionistas afectados, es decir, sobre 1.800 millones de euros, de los que fijó una cobertura de un tercio (600 millones) más otro tercio que marca la ley. “Entendemos que no pueden tener peor trato los titulares de empresas en dificultades que suscribieron un Expediente de Regulación de Empleo que los directivos de Bankia”, dice ahora una de las empresas afectadas por uno de los ERE en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucia.

Esta empresa explica que, en el caso de los ERE, “también existe dicha indeterminación puesto que sigue sin darse respuesta a la legalidad o ilegalidad de las cantidades que han percibido, y siguen percibiendo, las personas afectadas por el ERE y que, de estimarse legales, deben ser detraídas de las fianzas solicitadas”. Los aseguramientos establecidos por Alaya cubren, además de las cantidades ya aseguradas, otras provenientes de otros ERE o actuaciones, y tampoco se han individualizado en las fianzas impuestas ni cuáles se corresponden con los hechos concretos por los que se reclama a los imputados. “Tal circunstancia debe subsanarse y se deben desglosar tales cantidades caso por caso”, piden en la línea marcada ahora por el Supremo.

Precisamente esta misma semana, el PP-A ha presentado una pregunta por escrito al Gobierno andaluz pidiendo a la Junta que detalle de manera diferenciada cuánto se ha recuperado por reclamación a trabajadores, a empresas y a ayuntamientos, y que aclare cuánto dinero se ha recuperado por la reclamación de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis y que fueron otorgadas durante el periodo 2001-2010.

El pago de las prejubilaciones

Según la empresa, si realiza la individualización de los conceptos por los que se fijaron las fianzas, el juzgado debería “ajustar la cuantía” y ser disminuida en aquellos importes que ya han sido objeto de afianzamiento suficiente por aquellos otros imputados o responsables civiles que también las hayan asegurado. Como consecuencia, se eliminará lo que no es sino “un aseguramiento múltiple y excesivo a todas luces con multitud de avales, consignaciones, embargos y demás fianzas prestadas por los mismos conceptos”. Las fianzas por responsabilidad civil hace un año superaban ya los 2.200 millones de euros en una causa que ha sumado unos 130 imputados más desde entonces, llegando hasta los 262.

Fuentes de las defensas consultadas por este periódico manifiestan que la suma abonada por la Junta de Andalucía en prejubilaciones asciende a unos 621 millones de euros que, divididos entre los más de 6.000 prejubilados, supone que cada imputado, si salen de la instrucción las cuantías abonadas a los prejubilados legales, respondería entre cero y un máximo de 103.000 euros, lo que resalta la importancia de la solución del problema planteado, sin que hasta la fecha la jueza, la Fiscalía y la propia Junta de Andalucía hayan dado respuesta a esta cuestión a pesar de los distintos escritos presentados por distintas defensas.

Por otro lado, el escrito de esta empresa hace referencia a lo emitido por el Supremo en cuanto a que las concesiones pudieron ser ayudas o prejubilaciones legales, con independencia de que el procedimiento empleado para su concesión y/o financiación, una cuestión mantenida por esta parte en anteriores alegaciones. “Si no se ha solicitado la paralización del pago de las prejubilaciones, ni solicitado el reembolso de las mismas, es porque son legales, y no deben formar parte de la instrucción”, apunta la empresa.

El escrito señala que “se hace imperiosa la necesidad de que se resuelva dicha cuestión antes de tomar una decisión sobre la escisión de la causa, dado que no podrá, posteriormente, dársele un tratamiento diferenciado a las peticiones de esta parte de otras similares, sobre la legalidad o no de las ayudas abonadas a los prejubilados, y sobre su cuantificación”. Por cierto, nueve imputados se oponen a dividir el caso ERE en piezas, según ha trascendido esta semana pasada, alertando de las “devastadoras, desproporcionadas e injustas” consecuencias que ello tendría, ya que algunos imputados podrían ser condenados en varios procesos por el mismo delito.

Por último, la empresa indica que “no se han cuantificado los perjuicios reales supuestamente causados a las acusaciones personadas en las actuaciones, siendo necesario que cada una de ellas justifique qué daños se le han causado, debiendo levantarse las fianzas por aquéllos importes que superen dichas cantidades”. Asimismo, incide, junto con otras defensas de esta causa para cada caso particular, en “lo profundamente injusto” que resulta el hecho de que se integren en la base del cálculo de la responsabilidad civil el importe total abonado efectivamente por su representada, para atender a los costes de prejubilación (20 días por años de salario trabajado con el límite de un año de salario), lo cual se ha hecho con fondos propios y no con fondos públicos.

El informe de las sobrecomisiones

Por otra parte, la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha fijado para esta semana entrante la ratificación del informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que cifró en 66.155.573 euros las sobrecomisiones por encima de la media de mercado pagadas en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta de Andalucía.

En una providencia, según Europa Press, la jueza fija para los próximos días 8, 9 y 10 de julio la ratificación de este informe pericial, cuyo señalamiento ha sido aplazado hasta en tres ocasiones tras ser señalada inicialmente por Mercedes Alaya para el día 20 de mayo. En su informe, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones recoge una serie de irregularidades, como por ejemplo que en las pólizas de los ERE actuaron agentes para varias entidades a la vez, se pagaron comisiones a varios mediadores por la misma póliza, hubo tomadores impropios y no hubo una identificación adecuada del mediador.