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La Carlota le pasa factura a las compañías energéticas: cobrará una tasa por sus instalaciones en espacio público

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Carmen Reina

El Ayuntamiento del municipio cordobés de La Carlota va a pasarles un recibo a las compañías de luz y gas. Dándole la vuelta a la tortilla, esta localidad ha aprobado una medida para obtener una compensación económica de quienes se lucran de todo el pueblo por abastecerlo de energía. Y es que va a imponer una tasa a las empresas eléctricas y gasísticas por la ocupación del espacio público que hacen con su cableado, torres y otras construcciones.

Así lo ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales -PSOE, PP, IU y Ganemos La Carlota- el Ayuntamiento de La Carlota en su último pleno ordinario del mes de enero, donde se ha acordado desarrollar una “ordenanza para el establecimiento de la tasa por ocupación de dominio público a las construcciones de las empresas distribuidoras de energía” en la localidad, según consta en la moción aprobada a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia.

Siguiendo la línea de ayuntamientos que cobran a bancos por sus cajeros en la vía pública bajo la premisa del 'quien más gana, que aporte al municipio', este municipio desarrollará una ordenanza municipal para implantar una tasa a las compañías energéticas por hacer uso del dominio público con sus cables, torres, cabinas o cualquier otra instalación necesaria para suministrar gas o electricidad.

La iniciativa de este pueblo se ampara en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que “establece que las empresas eléctricas, de gas, de agua e hidrocarburos deben pagar a los municipios a los que suministran por aire, suelo o subsuelo un 1,5% de su facturación en el término local e, igualmente, también establece como hecho imponible la ocupación por las instalaciones que atraviesan los municipios aunque no les suministren”, reza el documento.

Y así, con el artículo 20 de esta ley en la mano, desde La Carlota señalan su capacidad de establecer esta tasa a las compañías energéticas por “la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local”, donde se contemplan “tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre ellos”, según recoge la ley referida.

Sentencias del Tribunal Supremo y estudio de la FEMP

Asimismo, el Ayuntamiento de La Carlota se ampara para tomar este acuerdo en las sentencias del Tribunal Supremo dictadas sobre ordenanzas similares de los municipios de Arteixo (La Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora), sentencias que aceptan “la valoración de dichos ayuntamientos de las líneas eléctricas y las canalizaciones como construcciones a efectos de cálculo de la base imponible de la tasa por utilización del dominio público”. Sobre ello, el Supremo recoge que “no se trata de gravar un suelo rústico de uso agropecuario, sino la utilidad que le reporta al sujeto pasivo la utilización privativa o el aprovechamiento especial del mismo, con exclusión de los demás, para una actividad netamente industrial consistente en transportar y distribuir energía eléctrica.” Y, por ello, el alto tribunal concluye considerando que una tasa de ese tipo es “de todo punto ajustada a las exigencias legales”.

Así las cosas, el Ayuntamiento de La Carlota ha aprobado realizar un estudio técnico de las construcciones que pasan por su término municipal a estos efectos y establecer las tarifas que se implantarán para el cobro de esta tasa a las compañías de electricidad y gas. El cálculo de dichas tarifas se basará en un estudio técnico elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por el que la cuota que deberán pagar las empresas energéticas oscilan en una horquilla de entre 3.000 y 12.000 euros por metro lineal, según el tipo de tensión, para las compañías eléctricas y entre los 500 y 4.000 euros para las empresas que suministran gas.

La moción aprobada con el acuerdo unánime de todo el pleno municipal ha sido presentada por el único concejal de Ganemos La Carlota, Javier Mengual, quien considera esta iniciativa “justa y ajustada a derecho” para recabar fondos públicos de quienes obtienen un beneficio del espacio público del pueblo. “Es una contraprestación para la población”, señala a este medio: “Recuperar fondos para el Ayuntamiento y que lleguen a la ciudadanía”.

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