Desahuciados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación por ocupar uno de sus locales para vivir
El 24 de noviembre, Saray, José, Miguel y Rafi se sentaron en el banquillo denunciados por la vía penal por ocupar para vivir en él un local cerrado desde hace dos décadas perteneciente a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), organismo perteneciente a la Junta. Los afectados, dos parejas –una con dos hijos de corta edad y la otra en espera de su primer bebé- sin apenas ingresos ni otros recursos, decidieron entrar en el local hace unos ocho meses e instalarse bajo ese techo para vivir en la capital cordobesa.
“Nos parece especialmente grave que desde AVRA se haya considerado que la solución para esta situación era un desahucio por la vía penal, en vez de activar los recursos sociales necesarios para ofrecer una alternativa habitacional digna a estas familias”, dicen desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), quienes han mantenido contacto con los responsables de la agencia andaluza en Córdoba sin que obtuvieran una respuesta positiva a su solicitud de retirar la acción penal contra estas dos familias.
Saray, José y sus dos hijos de 2 años y de 7 meses, y Miguel y Rafi, embarazada, comparten su vida hasta ahora en ese local del barrio de Las Moreras que llevaba dos décadas cerrado. Cuentan que han solicitado una vivienda social desde hace años pero no han obtenido respuesta y, como solución, buscaron la manera de habilitar ese local como espacio para vivir. Ahora, se encuentran a la espera de sentencia tras la denuncia de la agencia de la Junta de Andalucía y el procedimiento judicial rápido por el que han tenido que sentarse en el banquillo. Además de obligarlos abandonar la que ha sido su vivienda en este tiempo, pueden estar obligados a pagar una multa que los cuatro afectados no saben cómo afrontar por su ausencia de recursos.
Tanto ellos como APDH-A denuncian que la solución que haya encontrado precisamente la Agencia de Vivienda de la Junta para su caso sea denunciarles “sin diálogo” previo. “No tienen otra alternativa y para no verse en la calle ellos y sus hijos, entraron a vivir en ese local”, relata el responsable de la ONG en Córdoba, Carlos Arce. “La respuesta de la administración no puede ser sentarles en el banquillo. A una situación de emergencia social no se le puede dar una solución penal”.
Rafi cuenta cómo cuando entraron en el local “era un nido de bichos después de veinte años cerrado” y, con la ayuda de algunos vecinos, lo limpiaron y adecentaron para poder vivir allí. “¿Quién quiere vivir en un local? Nadie, pero no tenemos otro lugar. ¿Quieren que vivamos en un cajero automático?”, se pregunta. “Mi niño no va a nacer en la calle habiendo pisos vacíos”, dice para reclamar que se atienda su derecho a la vivienda “como a todos los españoles”. José relata, de igual manera, que él y su pareja llevaban “mucho tiempo -unos 3 años- solicitando un piso” social, pero sin respuesta positiva “nos vimos obligados a vivir en el local”.
Según APDH-A, el organismo de la Junta de Andalucía “ha interpuesto más denuncias a otras personas por ocupar sus locales vacíos” en Córdoba. En ese sentido, critican que “la Junta de Andalucía a través de su agencia de vivienda y rehabilitación recurra a la forma de desahucio más expeditiva posible como respuesta ante las realidades de auténtica emergencia habitacional” como ésta. “Son acciones incompatibles con el discurso sostenido desde el Gobierno andaluz, en teoría contrario a los desahucios”, alertan.
“No cumple en absoluto las mínimas condiciones de habitabilidad”
Por su parte, consultados por este medio, desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía sostienen que el local en el que residían estas dos familias “no cumple en absoluto las mínimas condiciones de habitabilidad” y que la denuncia contra ellos se tramita una vez que el titular adjudicatario del local informa a AVRA de su renuncia a dicho local porque “lo han ocupado ilegalmente”.
La agencia adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta reconoce que desconoce “la composición y situación de las familias que ocupaban el local” y reitera que este espacio destinado a uso comercial “no es una vivienda y, por tanto, no reúne en absoluto los requisitos y condiciones mínimas de habitabilidad”, dado que “carece de la infraestructura necesaria para ello, como baño o cocina”, por lo que “no puede ser usada como lugar de residencia al no disponer de los servicios indispensables para ello”. Dado que no se dan esas condiciones, es por lo que se denuncia “no solo la ocupación, sino su uso irregular como vivienda”.
Por último, el organismo de la Junta señala al registro de demandantes de vivienda del Ayuntamiento de Córdoba como el indicado para trasladarle la situación de especial vulnerabilidad en las que estas dos familias se encuentran y actuar así en consecuencia.
