Caso cerrado, caso abierto

¿Han obtenido justicia las tres mujeres víctimas de abusos sexuales sistemáticos a manos del ex decano de la Facultad de Educación? La sentencia conocida esta semana, casi siete años de cárcel, debería hacernos pensar que sí. La decisión de la Universidad de Sevilla de suspenderlo cautelarmente de sus funciones una vez conocido el fallo, se supone que también. Pero no. Qué va. Ni mucho menos. Los detalles que vamos conociendo del caso, desde que empezaron a cometerse los abusos hasta hoy, más de una década después, provocan más dudas, estremecimientos y rabia. Mucha rabia.

¿Han hecho el juez, la Universidad, la Facultad, todo lo que podían para proteger a estas mujeres durante este tiempo? Muchos elementos apuntan a que no. No del todo, al menos. Pero la opción contraria, que todo fue correcto, es si cabe más dolorosa.

Porque si tenemos que dar por bueno que, con la ley y los estatutos universitarios en la mano, lo único que se ha podido hacer desde que se denunció el caso es dejar que el agresor siguiera dando clase tranquilamente mientras sus víctimas se sentían obligadas a dejar la Universidad, o a esconderse por los pasillos, la situación es más jodida de lo que pensábamos. Al fin y al cabo, el mensaje que se traslada a las mujeres que en el futuro (tal vez hoy mismo) sean agredidas por miserables es demoledor: esto es todo lo que pueden esperar.

Es inevitable pensar hasta qué punto el abuso, la intimidación, el maltrato psicológico fue posible no sólo por la maldad del agresor, o por el machismo que intoxica nuestra sociedad, sino también por un ambiente universitario viciado y oscurantista, que actuó como ecosistema perfecto con el silencio, cuando no la complicidad, de no pocos protagonistas de esta historia. Como ha contado una de las denunciantes, sus primeras quejas no fueron bien respondidas por el rector de entonces, empeñado en trasladarlas fuera de la Universidad, y cuando finalmente se atrevieron a actuar formalmente, la inmensa mayoría de sus compañeros testificaron en favor del jefe. Solo dos, frente a diez, se pusieron de su parte.

Cinco años después de la denuncia, la sentencia más que cerrar el caso parece haberlo reabierto. Y seguramente es bueno que así sea. Nos queda mucho por hablar sobre la violencia contra las mujeres. Nos sentimos cómodos en el trazo grueso, pero el diablo, como suele decirse, está en los detalles. Detalles como las insignificantes sanciones impuestas al profesor de la Jaume I que manoseó a una alumna en su despacho (tres meses sin sueldo), al docente de la Universidad de Santiago de Compostela que humilló a una estudiante con comentarios sobre su escote (dos meses) o al que, en la misma universidad, lanzó expresiones homófobas en clase (dos meses).

En esta historia, como en otras, se siguen acumulando las preguntas y faltan todavía muchas respuestas. Alguna de ellas debería darlas este miércoles el rector en la comparecencia que ha convocado ante los medios de comunicación. En el comunicado distribuido ayer martes, demasiado breve y frío, se echa en falta una condena enérgica de los hechos, que ni siquiera se mencionan, y quizá sobra el recordatorio, un tanto a la defensiva, de que fue la Universidad quien tras la denuncia oficial de las profesoras llevó el asunto a la Fiscalía. Faltaría más.

¿Por qué no fue posible actuar antes con más contundencia dada la gravedad de los hechos? ¿No cabían otras medidas cautelares, o una sanción disciplinaria en firme sin esperar cinco años a la sentencia penal? ¿Por qué en casos mucho menos graves como éstos de Valencia o Almería la respuesta universitaria fue fulminante?

Y estas preguntas van para los jueces: ¿Irá Romero a prisión, con sus casi 68 años? ¿Por qué nadie, ni la Fiscalía, pidió su inhabilitación? ¿Recurrirá y acabará jubilándose plácidamente, recreándose en la contemplación de la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, recibida sólo un año antes de que se destaparan los hechos?