¿La gran trama andaluza o un gigantesco castillo de naipes?

La principal clave del juicio de los ERE que esta semana ha comenzado en la Audiencia de Sevilla no está en la mala gestión, algo bastante evidente, que se hizo de los 855 millones de presupuesto destinado a ayudar a empresas en crisis. No está en los intrusos que alguien coló para que cobraran un dinero que no les correspondía. No está en las facturas, seguramente infladas, de las aseguradoras e intermediarios que participaron en las prejubilaciones. Ni siquiera está en la cocaína que compartían el ex director de Empleo y su chófer en sus noches de parranda.

La auténtica clave del proceso que ha sentado en el banquillo a dos ex presidentes de la Junta y a veinte ex altos cargos es un poco más compleja. Consiste en demostrar que todas esas irregularidades, que pocos pueden ya negar, ocurrieron porque una trama política ideó, diseñó y ejecutó un sistema pensado específicamente para hacerlas posibles. Porque una organización, asentada en la cúspide de la pirámide del poder en Andalucía, retorció a sabiendas la ley, dinamitó los controles y burló repetidamente al Parlamento. Una maquinaria perfecta, sostenida en la sombra durante más de una década y a la que a lo largo de los años se fueron incorporando nuevos actores, conscientes de que lo que hacían era ilegal. Y todo ello, hay que recordarlo, sin que ni Chaves ni Griñán ni la gran mayoría de implicados se llevara (nadie les acusa) un euro a su propio bolsillo ni a las arcas del partido.

Eso, sólo eso (y nada menos que eso), es lo que está sobre la mesa en esta primera fase del caso ERE, la llamada “pieza política”. Y cómo se resuelva esta cuestión es determinante, porque si el argumento de la trama política que con tanto ahínco construyó la jueza Alaya se desestima, todo el caso ERE, con todas las otras piezas que quedan por juzgar, se desmoronará como un castillo de naipes, igual que ha ocurrido con la macrocausa de los cursos de formación.

Si eso ocurriera, estaríamos hablando de un monumental ejemplo de mala gestión, de fallos clamorosos de control que abrieron grietas que aprovecharon los corruptos. Las dimisiones y ceses de cargos implicados, incluídas las de Chaves y Griñán, estarían más que justificadas. Una disculpa pública sería también exigible.

Y junto a eso, algunas personas tendrán seguramente que ir a la cárcel y responder con sus bienes por lo defraudado. Recordemos que cada año se evaden en España entre 40.000 y 70.000 millones de euros en impuestos. Miles de empresarios engañan a la Seguridad Social. Los sobrecostes en obra pública son cosa de todos los días. Por censurable que sea políticamente, es razonable que no baste con eso para sentar en el banquillo al ministro de Hacienda, al de Empleo o al de Fomento, salvo que se pueda demostrar que la falta de control frente al fraude es algo deliberado.

Hablaríamos también de un modelo de ayudas cuestionable y necesitado urgentemente de revisión por su discrecionalidad y falta de transparencia, pero que no se diferencia mucho del que aplican otros territorios o el propio Gobierno central cuando eligen intervenir sólo en determinados ERE que consideran social y políticamente más emblemáticos.

Estaríamos hablando, por tanto, de un fraude, de un gran fraude, pero no de una conspiración política. Distinguir una cosa de otra es la difícil tarea que tiene por delante el tribunal de los ERE.