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Un empresario de la Sierra Norte dice que su relación con Viera "era inexistente" y niega "trato de favor"

Un empresario de la Sierra Norte de Sevilla que está imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que anule el auto en el que le impuso una fianza de responsabilidad civil de 1.401.349,33 euros, argumentando para ello que su relación con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera "era inexistente" y negando "un posible trato de favor" en orden a conseguir la ayuda de la Junta.

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En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Eduardo Manuel Lora, que fue presidente de la empresa SAT Virgen del Espino dedicada a almazara de aceite y ubicada en El Pedroso (Sevilla), pone de manifiesto que "es cierto" que fue presidente de dicha empresa durante el periodo de tiempo en que recibió las subvenciones, "pero no es verdad que las mismas fueran concedidas" por su actuación "cerca de los responsables de la Consejería de Empleo que intervinieron en su concesión".

Al hilo de ello, la defensa de este empresario asevera que su cliente "jamás ha tenido relación de ningún tipo" con los responsables de este departamento, sobre los cuales además "nunca ha ejercido influencia alguna que pudiera ser determinante de la concesión de las subvenciones".

En este sentido, recuerda que la juez le ha imputado un delito de tráfico de influencias "por la supuesta relación que tendría" con Viera, que era consejero de Empleo en la fecha de la concesión en el año 2003 de la subvención, "cuando no existe prueba alguna de esta pretendida relación".

"Antes al contrario, de las declaraciones tanto de mi representado como del propio Viera ante el Tribunal Supremo se desprende que la relación entre ellos era inexistente y que jamás se produjo entre ellos ninguna comunicación ni reunión que pudiera dar indicio de un posible trato de favor hacia la SAT Virgen del Espino para la obtención de subvenciones", pone de manifiesto.

NIEGA TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El letrado recuerda que, en su declaración, su cliente habló de la existencia de una Junta General de la SAT a principios del año 2003 a la que asistió el propio Viera "y en la que se prometió ante más de 200 socios cooperativistas de dicha sociedad la concesión de una subvención de 601.000 euros, concretamente 100 millones de pesetas", una reunión que "ha sido reconocida por el propio Viera en su declaración" ante el Tribunal Supremo.

El abogado asevera que su patrocinado "no tuvo reunión ni contacto alguno con Viera para conseguir la visita de éste a El Pedroso ni para obtener esta subvención, hecho también reconocido por Viera", por lo que "no se le puede imputar" un delito de tráfico de influencias, ya que "no había entre ambos relación personal alguna de la que mi representado pudiera prevalerse para la concesión de la subvención".

De igual modo, afirma que "ninguna relación personal ha existido" entre el imputado y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "que pudiera determinar la obtención de subvenciones para la SAT, al margen de la asistencia a la citada Junta General de esta sociedad, en la que también estuvo presente Guerrero, y las conversaciones que mi representado pudo tener con éste en sus visitas a El Pedroso sobre lo prometido a la SAT por Viera".

NIEGA TAMBIÉN LA RELACIÓN CON GUERRERO

Todo ello, a su juicio, "no implica la existencia de ascendencia alguna sobre Guerrero ni de relación personal con él que pudiera ser empleada" por su patrocinado para obtener subvenciones". "No consta en la causa prueba alguna en la que pueda sostenerse el delito imputado", apostilla.

Asimismo, asevera que "no consta en autos ninguna clase de prueba que induzca a presumir que mi representado ejerciera influencia alguna" sobre el que fuera director general de Trabajo Juan Márquez, "con el que no tenía ninguna clase de relación, ni con ninguna otra autoridad o funcionario para la obtención" de la ayuda.

En relación a la subvención recibida, que "no fue concedida" por Guerrero, el abogado sostiene que "la aplicación de la subvención recibida a la finalidad para la que se concedió y la justificación documental de la inversión de las cantidades recibidas se ha justificado por la SAT Virgen del Espino mediante la documental correspondiente que consta en las actuaciones".

De este modo, esta sociedad "ha invertido la totalidad del importe de las subvenciones en los fines para los que se concedieron, concretamente en la modernización de las instalaciones en la que se ha invertido más de 2,5 millones de euros, y en el mantenimiento de los puestos de trabajo, que se han conservado gracias a la subvención recibida".

El imputado reclama a la juez que anule el auto donde le impuso la fianza civil y, para el en caso de que lo desestime, ofrece en garantía de la responsabilidad civil que pudiera derivarse la constitución de fianza hipotecaria sobre los bienes inmuebles e instalaciones de los que es propietaria la SAT Virgen del Espino.

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