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La vergüenza del hambre

Foto: Luis Serrano.

Durante los últimos años se ha producido un importante incremento en las tasas de desempleo de larga duración en España, especialmente a partir del año 2008, donde se produjo una continua subida desde tasas en torno al 2%, hasta alcanzar el 11% en 2012. Es decir, un aumento de 9 puntos en cuatro años:

 

tasa desempleo larga duración

Fuente: Eurostat 2014

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El amor en los tiempos del ébola

Hoy sabemos que estábamos equivocados. Que exigíamos Renta Básica, por ejemplo, cuando lo suyo era acercarse a la Caja y que en un momento te dieran una tarjeta opaca. Creíamos también que cuando un ministro católico se retira de la política no quería decir que fuera a cobrar de la política más de 80.000 euros al año, porque la mendacidad es pecado, y la avaricia lo es capital. También, ilusos, pensábamos que un protocolo de seguridad contra una enfermedad infecciosa exigía algo más que fregar el suelo con lejía y poner cinta aislante en las ventanas. Creíamos, igualmente, que en estos tiempos, cuando pretenden que la sanidad sea un lujo en manos de los de las tarjetas opacas y la educación un coto privado para sus hijos, lo único que no nos iban a arrebatar era la ayuda mutua, la cooperación. Hoy por ti, mañana por mí. Creíamos, por tanto, que estos eran tiempos para el amor.

No parece, sin embargo, que nos los quieran poner fácil. Si amar, en tantos casos, conlleva concebir hijos, sabemos que Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid, recomienda no contratar a mujeres en edad fértil. "Yo no lo haría", dice, sin darse cuenta de que de esa manera ella hubiera pasado buena parte de su edad adulta en paro, nunca habría ocupado su cargo y probablemente nuestra vida sería ahora más fácil. Claro que durante su etapa fértil una mujer podía abortar con mucha mayor facilidad que la que el ex ministro mendaz pretendía para la actualidad.

Amarnos tampoco es fácil cuando nuestros gobiernos, de uno u otro partido, siguen entregando parte de nuestros impuestos a la Iglesia católica, sin que sepamos bien por qué ni cómo, ya que de amor hablamos, casa eso con la aconfesionalidad que declara la Constitución. Será porque la Inmaculada Constitución solo puede ser mancillada cuando lo digan los prohombres del parlamento y cuando afecte a la deuda pública, al dinero, en definitiva, a eso que antes -nos decían- iban a destinar a nuestro bienestar, a mejorar nuestra vida: a amarnos.

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De Orioles, presencias y compromiso, o cómo los recursos humanos se convirtieron en personas

Las declaraciones de la presidenta del Círculo de Empresarios acerca de la regulación en favor de la conciliación familiar y la maternidad, no sólo son todo lo que se ha dicho de ellas y probablemente algo más, sino que reflejan un síntoma de por qué España apunta a quedarse fuera de la revolución digital.

El impacto de las nuevas tecnologías en los modelos de negocio suponen volver a barajar una partida en la que teníamos malas cartas. Durante el final del siglo XIX y todo el siglo XX, nuestro país ha desarrollado una auténtica maestría para incorporarse siempre como seguidor a los cambios y llegar tarde a la generación de oportunidades de crecimiento. Desde la industrialización hasta las tecnologías de la información.

El inicio del siglo XXI se caracteriza por la reinvención completa del sistema competitivo. Surgen nuevas empresas con nuevos modelos que acaban con viejos sectores. Desde el turismo a las comunicaciones, pasando por el transporte o la forma de fabricar, comercializar y distribuir objetos de consumo.

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La gran casuística de las viviendas en suelo rústico

Derribo de una vivienda ilegal en la costa de Andalucía.

La normativa urbanística en Andalucía, como regla general, prohíbe la construcción de nuevas viviendas en suelo no urbanizable salvo que sean unifamiliares y necesarias para el funcionamiento de una explotación agropecuaria, forestal, cinegética, u otra propia del suelo rústico a la que se encuentren asociadas. Es importante recalcar la expresión "que sean necesarias", ya que, si la explotación puede desarrollarse sin la necesidad de que exista alguien viviendo en la finca (por ejemplo, la mayoría de los cultivos), entonces no es posible autorizar la vivienda. Es decir, no sólo tiene que estar asociada a una explotación agropecuaria, sino también ser absolutamente necesaria para su funcionamiento.

Esta regulación supone, en la práctica, que el uso residencial en suelo rústico está prácticamente prohibido, ya que los casos en los que se cumplen los requisitos anteriormente citados son minoritarios. La mayoría de los ciudadanos, como se aprecia por la problemática existente, quieren construirse una vivienda en el campo para constituir allí su residencia, su segunda residencia o, incluso, como inversión inmobiliaria, sobre todo en zonas costeras o con valores turísticos relevantes, muy pocos lo hacen porque la explotación agropecuaria de su finca así lo requiera y sin embargo este es el único caso en el que la ley lo autoriza.

Esta restrictiva regulación se introduce en nuestra comunidad autónoma con la entrada en vigor de la primera, y hasta ahora única, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada en diciembre de 2002 y denominada comúnmente por sus siglas: LOUA. Ciertamente, el marcado carácter medioambiental y proteccionista de la ley es loable, ya que trata de preservar el suelo rústico de la feroz especulación inmobiliaria que se producía en los años en los que fue aprobada y que llevaba aparejada graves perjuicios medioambientales.

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Ganemos y la izquierda

Han pasado ya varios meses desde el surgimiento de Guanyem Barcelona y la posterior réplica de iniciativas parecidas a lo largo de todo el Estado. En este tiempo se han multiplicado también los diferentes análisis, casi todos coincidentes en algunos puntos: el campo de posibles que abrió el 15-M y su onda expansiva en forma de mareas, plataformas y experiencias colectivas de todo tipo; la agonía obscena del Régimen del 78, con su goteo incesante de corruptos condenados, de cortejos cada vez menos sutiles entre los dos grandes partidos; la irrupción de Podemos tras las elecciones europeas como un acicate más al sí se puede... Ganemos visto como lo nuevo frente a lo viejo, los de abajo frente a los arriba, la democracia frente a la mafia, el 99% frente al 1%, la gente frente a la oligarquía, o la casta. ¿Y Ganemos frente a la forma partido?

Aunque aún incipiente, el experimento Ganemos merece ser abordado ya desde una mirada menos analítica, más centrada en sus prácticas, en los hechos, en una acción que ya es visible en cada ciudad de manera más o menos cotidiana. Sin lugar a dudas, lo más llamativo en la práctica de una iniciativa como Ganemos es la generosidad. Basta participar en alguno de sus grupos de trabajo para descubrir un número creciente de vecinas y vecinos poniendo tiempo, energía, recursos y aprendizaje al servicio de un proyecto eminentemente ciudadano. Muchas de esas personas están adscritas a diferentes organizaciones sociales, sindicales, vecinales o incluso políticas. Y ahí descubrimos otro rasgo de generosidad: no son pocas las organizaciones políticas, los partidos, que se han sumado a Ganemos, en algunas ciudades de manera explícita, en otras a la espera de formalizarlo en próximas asambleas constituyentes, como el caso de Málaga.

Estos partidos, y de ahí su generosidad, han sabido abandonar algunas de sus señas de identidad, trabajar por una confluencia real, animar a sus militantes a un debate enriquecedor, olvidar antiguas rencillas, apostar, en definitiva, por lo que es Ganemos: un proyecto ciudadano que aspira a revertir la relación entre los representantes y los representados, a construir una nueva municipalidad, a que el protagonismo de nuestras ciudades y pueblos regrese a sus gentes. Y sin embargo... Ganemos frente a la forma partido, nos preguntábamos.

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Viviendas ilegales: de la permisividad a la cultura urbanística

El fenómeno es común en zonas como la Axarquía malagueña

Que en Andalucía existan centenares de miles de viviendas en suelo no urbanizable (y en España más de un millón) no es producto de una noche de borrachera. Solo puede ser producto de una acción continuada en el tiempo, como resultado de la inexistencia de normas precisas al respecto; o con normas, pero sin voluntad ciudadana ni política de cumplirlas. Solo cuando se ha plantea la necesidad de controlarlas, o derribarlas de acuerdo con la legalidad, se han convertido en un problema social y político.

La cultura urbanística se ha ido construyendo lentamente. Nuestra primera ley urbanística, de 1956, es reconocida por ser un texto de una gran calidad técnica, pero de escasos resultados efectivos. El Urbanismo empieza a ser una prioridad política en los años setenta, coincidiendo con los primeros ayuntamientos democráticos y la fuerte expansión urbana. En esos momentos lo prioritario era dar respuestas al crecimiento de las grandes ciudades; el campo no era un problema urbanístico. Quizás por ello, la legislación estableció tres conceptos y clases de suelos: el Urbano, el Urbanizable y el No Urbanizable, que se mantienen hasta hoy. Se ha advertido con frecuencia que este último recibe una denominación inadecuada, en negativo; pero a mi modo de entender refleja muy bien la idea de que es el espacio ajeno a la ciudad, el espacio ignoto de los mapas antiguos con el territorio que estaba más allá del mundo conocido.

La cultura urbanística empieza a extenderse entonces en los suelos urbanos y urbanizables. Ha habido también mucha indisciplina urbanística, pero hoy todo propietario sabe que si el Plan Urbanístico dice que se pueden construir cuatro plantas, no construye seis (antes se hacía); si el Plan declara que un inmueble está protegido por sus valores arquitectónicos, el propietario sabe que no puede demolerlo (antes se hacía para construir un centro comercial o un bloque de viviendas); los terrenos destinados a la construcción de un parque, se respetan (antes, no siempre).

Sin entrar en detalles, hoy el Plan urbanístico se cumple en los ámbitos urbanos y los Ayuntamientos ejercen el control de las actuaciones y la disciplina urbanística. Mientras tanto el Suelo No Urbanizable es un gran contenedor que no solo es ocupado por el espacio productivo agrario. Es donde se construyen carreteras o aeropuertos (¿dónde si no?) donde se instalan grandes vertederos de basura o cementerios de vehículos (¿dónde si no?), se abren canteras (¿dónde si no?), … y se construyen viviendas (por qué no?).

Viviendas en suelo no urbanizable ha habido antes de que la legislación urbanística existiera. La mayoría son viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria y ninguna legislación urbanística establece prohibición alguna a su existencia, ni a la de los edificios anexos: casas de aperos de labranza, establos y naves para el ganado, bodegas, cortijos, pabellones de caza y un largo etcétera. Aquí no está el problema, salvo que se haya solicitado autorización para ampliar la caseta de los aperos de labranza y el resultado sea la construcción de un chalet con piscina. El problema se genera con la proliferación de viviendas no vinculadas a la agricultura.

La proliferación de vivienda “en el campo”, y en términos jurídicos en suelo no urbanizable, está vinculada a diversos factores: La disminución de la actividad agraria, la mejora del nivel de vida, el incremento del parque de automóviles y de la movilidad, la demanda de segunda residencia para españoles o de primera residencia para extranjeros, son factores que se concatenan para provocar tal ocupación del territorio. Pero ¿por qué ilegales? ¿Por qué en suelos no urbanizables? Por tres razones muy simples: porque son más baratas, por la permisividad de las Administraciones y porque no existe una concienciación ciudadana que repruebe esos comportamientos.

Con frecuencia, la Administración que ha de vigilar el cumplimiento de la legalidad urbanística no ha ejercido su responsabilidad, bien porque no ha sido capaz de ejercer la disciplina urbanística en todos los rincones de su término municipal, bien porque ha sido permisiva ante el coste político que suponía le podría acarrear frenar tales actuaciones, e incluso se ha visto como una diversificación de la actividad económica en sus pueblos, con las nuevas construcciones y el incremento de residentes.

En los suelos que se ocupan legalmente, la construcción de viviendas viene precedida de la urbanización de esos suelos a los que se les dota de alcantarillado, abastecimiento de agua, luz y telefonía, pavimentación y acerado de las calles, y las administraciones reciben una parte de esos suelos para la construcción de viviendas protegidas y para los equipamientos que el nuevo sector urbano requiere (colegios, centros de salud, parques y jardines, …). Finalmente, todos estos costes de urbanización son repercutidos en el precio de la vivienda; pero ninguno de ellos es asumido por el comprador de una parcela en suelo no urbanizable, de ahí que su coste sea bastante inferior. Los adquirientes de estas viviendas, una vez asentados, reclaman los mismos servicios y acceso a dotaciones públicas y se organizan para que se legalice su vivienda, algunas adquiridas de buena fe y otras no tanto. El tiempo transcurrido desde su construcción y la inactividad de los poderes públicos son argumentos que juegan a su favor.

Mientras el número de estas viviendas ilegales se va incrementando hasta cifras inasumibles y se pone de manifiesto la insostenibilidad de ese “modelo” de ocupación del territorio por el consumo excesivo y desordenado de los recursos naturales, el deterioro ambiental y paisajístico, y el deficiente funcionamiento de infraestructuras y dotaciones, una nueva cultura del territorio reclama una actuación más firme y eficaz que es recogida por algunas leyes urbanísticas autonómicas, entre ellas la andaluza, y la Ley del Suelo estatal de 2008. Se identifican sus valores naturales, culturales y patrimoniales y se prohíbe la ocupación residencial de esos suelos.

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Populismo e independentismo: recetas para una sociedad hastiada

Ciertamente en los últimos meses uno de los debates políticos que más tinta ha derramado en periódicos y sesiones parlamentarias ha sido sin lugar a dudas el de la consulta catalana, esa huida hacía delante de un nacionalismo que, incapaz de gestionar y resolver los problemas de aquella región, vio una perfecta tabla de salvación en el "proceso independentista" que a la postre servía para redirigir el foco del cabreo de la ciudadanía  como consecuencia de la incompetencia del gobierno bipartito nacionalista hacía un "nuevo enemigo" que no era otro que España, esa ladrona que hurtaba de puntillas la riqueza del territorio.

De nuevo como tantas veces en la historia, una situación de crisis es resuelta en la identificación de un nuevo enemigo al que toda la ciudadanía debe mirar alejando su atención del verdadero problema de raíz que afecta a su territorio. Lo sorprendente en todo esto es que ha sido Cataluña -sí, esa Cataluña a la que se le roba desde la castellana o desde el sur de España- la comunidad autónoma que más dinero ha recibido del fondo de liquidez autonómico. De los 12.217 millones de euros recibidos hasta junio por las ocho regiones adheridas, 4.760 han ido a parar a Cataluña, lo que representa un 39% del total. 

Esto que podría parecer un elemento aislado en los últimos meses, no es más que la continuidad de una senda de constante apoyo económico de la "España enemiga" a la "Cataluña víctima", un camino en el que los datos de los últimos años ponen de relieve que ha sido esta comunidad autónoma a la que más dinero ha prestado el Gobierno de la Nación a través de la Línea ICO, un instrumento que sumado al fondo de liquidez autonómica hace que en los años 2012 y 2013 también haya sido Cataluña la más beneficiada por España. Y es que llegados a este punto de esquizofrenia independentista basados en la absurdez argumental, ¿no se tendría que quejar la Comunidad Autónoma de Madrid de ser la región a la que le roban sus recursos los catalanes?

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Audiovisual andaluz, nueva temporada, nuevos capítulos

Pronto estrenaremos nueva temporada, por fin, en el audiovisual andaluz, la que tanto tiempo llevábamos esperando. Se rueda ya en Andalucía y van a hacer falta muchos extras. El perfil que se necesita: hombres y mujeres, preferentemente con interés en un relato nuevo y transformador de nuestra sociedad, que tengan una convicción profunda sobre la importancia de la igualdad de género, a ser posible que la traigan ya incluida en su ADN, y que no quieran perderse por nada del mundo trabajar en esta nueva temporada que se abre en Andalucía y que se va a seguir con mucha atención en todo el Estado español y en otros países del mundo.

Hay hueco también para papeles protagonistas, especialmente para interpretar a los personajes con responsabilidad institucional, o que toman las decisiones de producción y programación de contenidos audiovisuales, para los que es requisito indispensable hacer suyo el papel, llevarlo puesto las 24 horas y que no les salga impostado cuando tengan que defender las leyes y hacer efectivos los compromisos. Esta nueva entrega de la serie marcará un hito, porque resulta que nunca se ha escrito antes una historia así sobre el sector audiovisual, una en la que la igualdad entre mujeres y hombres sea un principio inspirador y un compromiso en firme y transversal a todas y cada una de sus diferentes tramas y textos.

Sinopsis de la temporada: en territorios andaluces se está procediendo a la elaboración y aprobación de dos textos legislativos determinantes, la Ley del Audiovisual y la Ley del Cine. En el proceso están participando representantes de la ciudadanía y, por primera vez, las profesionales del sector, organizadas ahora en una asociación (AAMMA), se sientan en la mesa de decisiones. Parece una serie de época, pero no es así, lo que ocurre es que ésta había sido siempre una historia en la que sólo había personajes masculinos protagonistas, y aun siendo más de la mitad de de la población, y también de la audiencia, las mujeres son menos del 6% (aunque en los estudios audiovisuales sean mayoría). Pero esto está cambiando, y para ello esta nueva temporada va a ser determinante.

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Un texto histórico para la igualdad en el sector audiovisual andaluz

Tras meses de trabajo con la Consejería de Presidencia y representantes de todo el sector audiovisual, tras cinco mesas temáticas, 25 grupos de trabajo y un proceso altamente participativo en el que se han analizado pormenorizadamente todas las necesidades y la realidad del colectivo, se ha hecho historia para las mujeres en el audiovisual andaluz.

Por primera vez, las profesionales del sector organizadas en AAMMA, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, se han sentado en la mesa de decisiones, y el pasado 25 de Julio firmaron el texto base para el anteproyecto de la Ley del Audiovisual Andaluz y el Plan de Ordenación e Impulso al Sector Audiovisual (POISA). El texto tiene como principio inspirador "la igualdad de género en todas las políticas audiovisuales", y que muy pronto se concretará también en una Ley del Cine autonómica, la primera de una autonomía del estado español.

El sector audiovisual en Andalucía cuenta con más de 2.000 empresas y ocupa el tercer puesto, por detrás de Madrid y Cataluña, en el ranking de comunidades con mayor número de empresas, Representa el 10,7% del total de España, y tendrá una "extrema importancia para el presente y el futuro" de la industria, según el gobierno andaluz. Además, la producción audiovisual en la comunidad se ha multiplicado por siete en la última década. El sector cuenta con algo más de 35.000 empleos, según datos de 2009. 

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Por una renta básica incondicional, universal e individual

Fotografía: Luis Serrano

La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente el decreto de "medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía" (BOJA 113 de 13 de junio). En diciembre de 2013, a iniciativa de IU se creó en la Cámara andaluza un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Igualdad, Salud y Política Social, que sigue activo –aunque escaso de actividad- para avanzar hacia una Ley andaluza de Renta Básica, en cumplimiento del Estatuto de autonomía vigente, que hace mención a tal concepto, si bien de forma vaga.

Y en los últimos días, los sindicatos llamados mayoritarios, junto con otras entidades de la sociedad civil, anuncian una Iniciativa Legislativa Popular andaluza para lograr la aprobación de lo que llaman también una "renta básica" para Andalucía. Tanto la medida institucional como las iniciativas referidas de la sociedad civil pretenden paliar y revertir el incremento de la pobreza en nuestra tierra, que alcanza cotas alarmantes, en extensión y en intensidad, si bien creemos que lo pretenden siguiendo fórmulas muchas veces ensayadas y con resultados siempre pírricos.

Desde la Plataforma por la Renta Básica Universal de Sevilla creemos necesario pronunciarnos sobre estas iniciativas y otras que por el estilo vienen proponiéndose desde distintos ámbitos, para Andalucía o para el conjunto del Estado. Con ello queremos también difundir la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica presentada en el Congreso de los Diputados y subrayar la radical diferencia que supone la Renta Básica Universal, según se entiende internacionalmente (Uncondicional Basic Income-UBI-) respecto a las otras "rentas básicas" no universales, sino condicionales y subsidiarias.

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