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Por supuesto, no nos callarán

Los sindicatos de clase iniciamos hace ya más de un mes bajo el lema  “No nos callarán” una campaña de movilizaciones que, precisamente, esta semana nos llevó a concentrarnos ante las delegaciones del gobierno de toda España.

No nos callarán frente a la ofensiva penal contra el derecho a huelga y la libertad sindical. Sólo en Andalucía a 32 compañeros les han abierto expedientes penales por participar en diferentes huelgas generales, compañeros que en ningún momento mantuvieron una actitud violenta o coactiva que supusiera un riesgo cierto para la integridad de las personas o bienes. 32 compañeros y compañeras andaluces.

Durante 2013 nuestros servicios jurídicos han instado 40 procedimientos judiciales en defensa de derechos fundamentales y 21 más en relación a la libertad sindical.

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Huelga no es delito

Huelga general 2012. Foto: Comisiones Obreras

Parece mentira que a estas alturas tengamos que defender derechos tan consolidados como el derecho a la huelga, o que haya personas procesadas por haber ejercido ese derecho en los últimos años. Sin embargo, ambas circunstancias se están dando en estos momentos como consecuencia de una política ejercida por el Gobierno más propia del museo de los horrores que de una democracia.

Su máxima es que la crisis todo lo permite, incluso atentar contra derechos fundamentales garantizados por la Constitución Española como es el derecho a la huelga. Pero no nos engañemos, la represión sindical que ha supuesto que 260 sindicalistas estén procesados por ejercer este derecho persigue, en realidad, el mismo objetivo que el resto de sus medidas y reformas: acabar con los derechos y que la ciudadanía esté callada ante las tropelías que se están cometiendo con lo público, con el empleo, con los derechos sociales y laborales y, en definitiva, con la igualdad.

Lo que sucede es que, a pesar de todos los intentos del Gobierno, hay un muro que les impide manejar a su antojo a la ciudadanía y acabar con lo conseguido hasta ahora, y el Gobierno ha tomado la decisión de intentar si no aniquilar sí debilitar al movimiento sindical para que no haya obstáculos en su camino por hacer de España un país de ricos y pobres sin hueco para la igualdad de oportunidades.

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Ada Colau, la dignidad y la izquierda imprevisible

Protesta de la PAH frente a las antiguas oficinas de Rodrigo Rato (22 de mayo). \ S.P.

Las imágenes de la presentación de Guanyem Barcelona me llevan a recordar el momento en que me llegó un número teléfono de la PAH de Barcelona -la única PAH que existía en ese momento- al que llamé para interesarme por su funcionamiento y objetivos. Quien respondió fue la misma Ada que nos explicó todo lo que necesitábamos saber.

Eran tiempos de inicio de esta crisis que tantos dramas humanos está generando en los que en mi municipio murciano de Molina de Segura diversas personas afectadas por el paro y las hipotecas intentábamos autoorganizarnos para hacerle frente a una situación que no esperábamos que se convirtiera en un largo calvario.

Así se creó la segunda PAH en el Estado. Después se ayudó a crear la de Valencia, más tarde la de Madrid y a partir de ahí, como un efecto dominó, en Asturias, La Rioja, Andalucía...

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Discriminación Real a las víctimas del franquismo

“Le pedí al nuevo Rey que también recibiera a las víctimas del franquismo”. Corresponde a un tuit de Pilar Manjón. Ese mismo día, en la portada de la mayoría de la prensa aparece Felipe VI con las víctimas del terrorismo, a las que les agradece la ausencia de “sentimientos de venganza”. Hace ya algunos años, José Mª Calleja escribía un artículo en el que comparaba a las víctimas del franquismo con las de ETA y que titulaba Víctimas de segunda.

Juan Carlos I ha reinado casi cuarenta años. Nunca tuvo un gesto de reconocimiento hacia estas “víctimas de segunda”. Sólo en su último viaje a México agradeció el acogimiento de este país a los miles y miles de exiliadas y exiliados republicanos. Felipe VI ha iniciado su reinado y confío en que, bien asesorado, sí tendrá ese gesto para estas víctimas, también españolas. Es triste ver cómo desde las asociaciones de familiares se pide al nuevo Rey que también sean tenidas en cuenta. ¿Son, quizás, menos víctimas? Discriminándolas cometemos una doble injusticia y lanzamos un mensaje: que no merecen el mismo estatus. No daré datos. No son ni necesarios ya. Sólo con ver los informes y recomendaciones de Naciones Unidas o con seguir el proceso de la Querella Argentina, como españoles y representantes democráticos deberíamos sonrojarnos. ¿Hasta cuándo?

Hemos legislado para corregir muchos de los derechos no reconocidos. Legislamos en Andalucía ampliando esos derechos a la verdad y a la justicia, no sólo a la reparación. Pero echo en falta gestos y actitudes en mis dirigentes. Y me entristece. Porque conozco a muchas de esas familias, porque conozco que fueron miles los militantes socialistas represaliados que aún, para nuestra vergüenza, permanecen en fosas comunes y sin reconocimiento. Y es injusto. Profundamente injusto.

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Participación ciudadana. ¿Qué participación? ¿Participación para qué?

Frente a la sensación general del desapego hacia la política por parte de la población, un creciente número de ciudadanos quieren participar en la vida pública. Quiere decidir sobre su futuro y, a medida que pasan los años, esta exigencia parece que empieza a ser capaz de aglutinar voces, conciencias y actitudes que plantean la necesidad de otra forma de gobierno. De decidir hacia dónde se va, de reflexionar sobre cómo estar, hoy, en este mundo. 

Se discuten las actuales formas de representación, y uno de los argumentos fundamentales para ello es la ausencia de identificación entre los que nos gobiernan y los ciudadanos, entre los que deciden hacia dónde vamos y los que nos sometemos a unas decisiones que se refrendan periódicamente en las urnas, cada vez con menos entusiasmo.

El término participación, como sucede con otros -sostenibilidad, democracia, gobernanza…-  ha sufrido un vaciamiento que lo convierte en la mayoría de las ocasiones en una muletilla utilizada en el discurso mediático y político que, o carece de contenido sustancial o, en el mejor de los casos hace referencia a cuestiones que poco tienen que ver con su sentido “fuerte”, “radical”, de raíz. Los gobernantes conciben la participación de modo paternalista. La entienden como una concesión graciosa de los que tienen el poder de decisión para con los destinatarios de sus acciones. Conciben la participación como la puesta en marcha de fórmulas que quedan en meros procedimientos comunicacionales, sin incorporar implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones que es lo que fundamenta ese sentido radical de la participación y que, en consecuencia, es lo que propicia el empoderamiento real de la ciudadanía.

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