El derecho al refugio es un derecho humano; el derecho a la migración, también. Siendo deber de los estados garantizar los derechos humanos, y papel de la sociedad civil organizada vigilar que así sea, el incumplimiento de los gobiernos puede tener varios grados: el más básico es la inacción, es decir, no hacer nada para la garantía de derechos fundamentales. Una segunda fase les otorga un papel más activo, con actuaciones que van claramente en contra de estos derechos, incluidas las medidas jurídicas. En tercer lugar, el estado no se conforma con sus propias medidas y actuaciones negativas, sino que criminaliza a las personas defensoras de los derechos humanos. En toda esta escalada, además, los discursos juegan un importante papel en la normalización de lo inaceptable: y, casi sin darnos cuenta, interiorizamos la deshumanización en la misma medida en la que los gobiernos se mueven cada vez más cómodos en un cinismo que no para de crecer.
Europa lleva muchos años luchando contra el derecho a la migración y el refugio. Sí, justo en la dirección contraria. Blindando sus fronteras ante la llegada de personas que huyen de guerras, persecución, violencia o pobreza, como intentó con el tratado firmado con Turquía; ignorando la finalidad de la cooperación para el desarrollo, al destinar fondos que cuenta como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a gastos de militarización y externalización de las fronteras y control migratorio; cayendo en el cinismo más absoluto en los discursos de recogida del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017, entregado días después de no haber sido capaz de dar acogida ni a la cuarta parte de la ridícula cifra de alrededor de 180.000 personas que buscaban asilo en el continente.
España es alumna aventajada en esta infame política europea. Sumado a lo anterior (en dos años apenas cumplió con el 11% de su cuota de acogida de personas refugiadas), ha ido reforzando en los últimos años mediante reformas legislativas ese rechazo al “extranjero pobre”: negando el derecho a la sanidad pública universal mediante la reforma sanitaria, vulnerando derechos fundamentales de los solicitantes de asilo con la inclusión de las “devoluciones en caliente” en las Leyes Mordaza o con el mantenimiento (o incluso ampliación, con mayores irregularidades aun, caso de la cárcel de Archidona) de los centros de internamiento de extranjeros (CIE). En este proceso, además, los discursos no quedan atrás, y nada como equiparar migración y terrorismo para justificar cualquier actuación en las fronteras del estado. Lo ha dicho sin inmutarse esta misma semana el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, más allá de cualquier dato que lo sustente o del derecho internacional en materia de refugio y asilo: «Al frenarse la emigración, impedimos que las rutas se usen para que lleguen los yihadistas a la UE».
¿Cuál era el siguiente paso en la lógica del Gobierno español y otros estados de la Unión Europea? Convertir la solidaridad y la defensa de los derechos humanos en un delito. Frenar la acción organizada a favor de las personas migrantes. La propia UE se planteó elaborar un código ético para regular el trabajo de los barcos de ONG de rescate en el Mediterráneo, una labor que algunas organizaciones empezaron a desarrollar ante el incremento de muertes y la inacción institucional. El ministro Zoido también tiró de cinismo en esta ocasión, acusando a las ONG (caso de Médicos Sin Fronteras o Por Activa Open Arms) de fomentar la inmigración irregular y favorecer el efecto llamada. En las últimas semanas nos encontramos ante dos casos paradigmáticos que han llegado o van a llegar a los tribunales: el de la activista almeriense Helena Maleno y el de los bomberos sevillanos de ProemAid.
Desde Caminando Fronteras, Helena Maleno lleva años ayudando a salvar miles de vidas de personas que intentan cruzar el Mediterráneo a partir de un sistema de alertas que traslada a Salvamento Marítimo. Su caso, denunciado por la policía española, fue llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que lo desestimó por falta de pruebas. Y es esta denuncia que no llega a puerto en España la que se traslada a Marruecos y la obliga a declarar en los tribunales de Tánger. Un estado agotando sus cartuchos para castigar a defensores de derechos humanos.
Para los tres bomberos sevillanos de ProemAid, el juicio les espera en mayo en Grecia. Les podrían condenar a hasta 10 años de prisión por ofrecer su experiencia profesional de forma desinteresada para rescatar a personas que huían de la guerra de Siria de morir ahogadas en el mar. La postura de Zoido ante los barcos de rescate no parece ser el mejor aval del apoyo gubernamental a estos ciudadanos españoles ante el juicio.
¿Qué papel nos queda a las organizaciones de la sociedad civil? Ante todo, no caer en el desaliento ni asumir discursos deshumanizadores, por más que se encarguen de repetirlos. No dejarnos llevar por la criminalización de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y de la ayuda. Ofrecer una mirada crítica a quienes intentan imponernos el rechazo al otro desde una posición de privilegio económico. Salvar vidas nunca debe llegar a ser un delito, y para mantener esta premisa debemos actuar más unidas que nunca.
Maribel Roldán, responsable de comunicación de la Coordinadora Andaluza de ONGD.
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