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III República: pacto por la democracia

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Un joven ondea la bandera republicana durante una manifestación convacada en abril de 2010 en Madrid por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo / KOTE RODRIGO (EFE)

KOTE RODRIGO (EFE)

La crisis que se desencadenó a partir del año 2007 ha sido la constatación de la inviabilidad de la globalización neoliberal, basada en la subordinación de los poderes públicos a los intereses de la multinacionales, el crecimiento mediante el endeudamiento masivo, el aumento de la desigualdad, la circulación incontrolada del capital financiero, la precarización de las relaciones laborales, la negación de límites biofísicos para el crecimiento económico y la homogeneización cultural, siguiendo las pautas marcadas por EE.UU.

La crisis de la globalización ha afectado especialmente al modelo que las élites del estado español habían ido implantando desde la transición, a través de un sistema que en la práctica reservaba el poder del estado exclusivamente a dos partidos que se relevaban en el poder, pero que impulsaban una estructura económica similar especulativa, deficitaria, con un fuerte endeudamiento de empresas y familias y sustentada en la conexión entre el desarrollo del sector de la construcción y las políticas urbanísticas.

El estallido de la burbuja inmobiliaria, las ayudas a la banca, la corrupción generalizada por las complicidades entre las grandes empresas, la casa real y el bipartidismo, el paro masivo, el desigual reparto de las cargas de la crisis, el empobrecimiento de gran parte de la población, el endeudamiento de las cuentas públicas, la pérdida de derechos laborales y civiles, el retroceso en la igualdad de género y la atribución casi en exclusiva de los trabajos de cuidado y reproducción social a las mujeres, el deterioro de los servicios públicos, la privatización y destrucción de los bienes y servicios ambientales y la dureza de las políticas recentralizadoras, han supuesto la ruptura del pacto social sobre el que se ha basado la convivencia en España desde la instauración de la democracia en 1979 y ha propiciado la apertura de una profunda crisis institucional política y social.

 

Desde las movilizaciones en torno al 15M de 2011, vivimos en España un período de cambio que tiene que cristalizar en la plena democratización del Estado para poder abordar los graves problemas sociales y económicos que padecemos. La alternativa estructural de regeneración para el actual sistema político implica superar las limitaciones democráticas que los poderes fácticos obligaron a introducir en la Constitución del 78: la monarquía como forma política del Estado, las restricciones para una estructura territorial federal y los controles para asegurar estas limitaciones.

Federalismo y república son la alternativa estructural de regeneración para el actual sistema político, porque son los instrumentos para la democratización del poder, y a su vez, condición necesaria para impulsar otro modelo económico y social frente a la crisis de la globalización.

El federalismo republicano, plurinacional y cooperativo, ha sido la alternativa histórica para la convivencia de los pueblos ibéricos y la que en estos momentos se percibe como la propuesta necesaria para la construcción de una nueva institucionalidad democrática, multinivel y cooperativa, basada en el concepto de reconocimiento de las diferencias nacionalidades, la soberanía compartida, el fortalecimiento de los poderes públicos y los valores éticos del republicanismo cívico.

La pluralidad nacional en el Estado español, lejos de ser un problema, es una oportunidad para liderar este proceso de transformación que pivota sobre la conexión democrática entre república y federalismo y hacer frente a los desafíos del siglo XXI y, en particular, a la crisis del capitalismo globalizado con todas sus secuelas de desigualdad y destrucción social y ambiental.

En Andalucía, el territorio que más ha sufrido la crisis, necesitamos levantar un proyecto para la igualdad social, la transformación económica y la generación de valores comunitarios que ofrezca garantías sociales para toda la ciudadanía, basado en elementos educativos y culturales que nos haga reconocibles como pueblo acogedor, solidario y universal, profundizar en la democracia, transformar radicalmente nuestro modelo productivo desde parámetros de sostenibilidad, con el objetivo imprescindible de acabar con el paro, la pobreza y el empleo precario, y alcanzar las cuotas de autogobierno necesarias para disponer en especial de una soberanía básica que implique la autonomía energética, alimentaria y financiera, para lo que necesitamos la fuerza de un andalucismo de mayorías, profundamente democrático, ecosocial, internacionalista y feminista. Por eso decimos que plurinacionalidad se conjuga en andaluz: que sin Andalucía no hay alternativa al conflicto territorial.

Necesitamos un amplio consenso en la opinión pública, en torno a un nuevo pacto por la democracia que permita desmontar los controles insertos en la propia Constitución, que impiden que la ciudadanía se pueda pronunciar libremente en referéndum para elegir entre la monarquía o la república como forma de estado y el derecho a poder optar por una estructura de estado federal, plurinacional y cooperativa.

Para ello proponemos una doble vía:

  1. Una primera fase de reformas constitucionales para eliminar los controles que básicamente consiste en reformar:
    1. Un sistema electoral que impide la igualdad de voto al estar basado en la provincia como circunscripción electoral
    2. Las limitaciones a la participación directa de la ciudadanía en la política (referéndum, iniciativa legislativa popular).
    3. La gran rigidez para la reforma constitucional.
  2. A la renovación constitucional interna en el ámbito estatal habría que sumarle un replanteamiento de las relaciones territoriales con las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, para transformarlas en un sistema constitucional interrelacionando republicano y democrático donde sean los ciudadanos los verdaderos dueños de las políticas públicas que se implementen en cada territorio.

 

Conclusión:

El republicanismo aporta además los valores imprescindibles de convivencia, solidaridad y virtudes cívicas necesarios para los nuevos paradigmas constitucionales en torno a la idea de avanzar en un proceso de profundización y reapropiación democrática, hacia un estadio social concebido desde una triple dimensión: un "suelo" de vida equitativa y digna para todas las personas, un "techo”" definido por los límites de biocapacidad del planeta y una convivencia global basada en la concertación democrática entre Estados, pueblos y ciudadanía con una gran pluralidad cultural.

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