Cuando casi han pasado diez años desde que se promulgó la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conocida como Ley Integral, los objetivos que pretendía alcanzar parecen incluso más lejanos que entonces, porque la Ley, que no era perfecta pero sí ambiciosa, justa y novedosa, ha sido sepultada por la inercia machista de las Administraciones y de la sociedad, y el modelo de intervención previsto por ella no ha llegado a desarrollarse.
¿Cómo pudo una Ley con vocación trasformadora quedar enterrada hasta resultar ineficaz? Para contestar a esa pregunta serían necesarias numerosas páginas, así que voy a centrarme en estas líneas en algunas cuestiones que creo que además de haber convertido a la Ley en ineficaz, pueden ser resueltas en Andalucía mediante la emisión de instrucciones en cada servicio que garantice la aplicación del Procedimiento de Coordinación.
En mi opinión, la Ley nació con una confianza - tal vez basada en la aprobación por unanimidad en las Cortes- que no se correspondía con la resistencia que iba a encontrar en la propia Administración de Justicia y entidades colaboradoras, ni en la Administración en general, ni con la movilización machista que se desarrolló contra ella y, en general, contra las mujeres que reivindican sus derechos. Parecía, cuando se promulgó que la Ley, que era, además de imprescindible, suficiente para combatir la violencia de género en la pareja. Esa creencia fue un error que ha tenido graves consecuencias, porque buena parte de los cambios que la Ley establecía precisaban ser concretados mediante instrucciones directas dentro de cada ámbito. También era imprescindible que su cumplimiento se garantizara de verdad. Al no llevarse a cabo esos cambios concretos, la Ley Integral estaba formalmente pero no estaba en la práctica.
Entre todo lo que establecía, merece la pena destacar la atención integral, que partía de una actuación especializada, multidisciplinar y multi-institucional, y que, por tanto, exigía la coordinación entre la Administración de Justicia y las instituciones especializadas en atender a las víctimas. Estas últimas debían rediseñar sus servicios y la primera crear nuevos servicios específicos para atender esta problemática, con principios y pautas muy diferentes a las aplicadas hasta ese momento en los Tribunales. Me refiero a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer y a las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género. Sin embargo, por debajo de la Ley Integral no se hicieron las concreciones normativas necesarias para provocar un diseño específico de los servicios, y lejos de iniciar cada uno de ellos un modelo de intervención diferente al previo y acorde con la Ley Integral, y de producirse un acercamiento entre la Administración de Justicia y las instituciones especializadas -como el Instituto Andaluz de la Mujer y los servicios específicos de los Ayuntamientos- durante años se ha reafirmado cada institución en su modelo anterior y se han acentuado las distancias.
Hemos llegado a un punto, en mi opinión, en el que podemos decir que se han desarrollado dos modelos de interpretación de la realidad y, por tanto, de actuación antagónicos. Uno, los servicios que atienden de manera especializada a las víctimas, que dedican tiempo a escucharlas y las animan a denunciar. Otro, por la Administración de Justicia y su equipo forense -las Unidades de Valoración Integral de la Violencia de Género– que por lo general no reciben información de los primeros. Por las propias limitaciones de la Justicia no suelen escuchar de manera completa ni durante largo tiempo a las víctimas, y por tanto, a menudo no pueden tener una información completa del caso sobre el que tienen que pronunciarse.
A esta situación se une que, actualmente, se da con mucha frecuencia una forma de violencia de género en la que no pensaba el legislador cuando dictó la Ley -la ciberdelincuencia de género- y que las víctimas jóvenes y adolescentes no reaccionan ante la violencia con la pasividad con la que reaccionaban sus madres y abuelas, y no son suficientemente comprendidas ni por los servicios de atención especializada ni por la Administración de Justicia.
Para superar estas contradicciones que generan mucha confusión, frustración y desprotección –además de convertir en papel mojado a la Ley Integral y a la Ley Reguladora de la Orden de Protección- es necesario que las instituciones especializadas en la atención a las víctimas asuman todas sus responsabilidades y se trasformen en los ojos de la justicia, como esperaba la Ley Integral. Para ello sería muy útil que los Tribunales y Fiscalía reconocieran ese papel de informantes especializados, y que las instituciones de atención integral a las víctimas aplicaran los Procedimientos de Coordinación que se han creado precisamente para hacer efectiva la Ley Integral.
A nivel de Andalucía, el 25 de noviembre de 2005 se firmó el Procedimiento de Coordinación Institucional para la Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas en Andalucía, pero fue escasamente conocido durante su vigencia y escasamente aplicado. Uno de los derechos a favor de las mujeres que consagraba era el de que se le entregara un informe escrito sobre la violencia que hubieran detectado los servicios especializados en su intervención, es decir, el Instituto Andaluz de la Mujer, y los servicios específicos de los Ayuntamientos, así como las entidades concertadas con las Administraciones Públicas para dar atención a las mujeres víctimas de violencia de género, hijos e hijas. Esos informes que permitirían que la Administración de Justicia tuviera en su poder de inmediato información muy relevante de servicios especializados, podrían marcar una diferencia considerable en el procedimiento judicial, tanto penal como civil, pues deberían entregarse a las propias usuarias – y no solo a petición del Juzgado- las cuales podrían usarlos a la vez que presentaban las denuncias o demandas civiles. Sin embargo, esos informes en Andalucía no se han elaborado -salvo excepciones puntuales-, a pesar de que era uno de los derechos reconocidos en dicho Procedimiento de Coordinación, dentro del derecho a la información y atención.
La importancia de la relación y la derivación de información entre los servicios de atención a las víctimas y la Administración de Justicia es tan relevante para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y a los hijos e hijas, que ha vuelto a formar parte del actual Procedimiento de Coordinación y Cooperación Institucional para la mejora en la Actuación ante la Violencia de Género de Andalucía, de fecha 3 de junio de 2013.
Ha pasado un año desde la creación de ese Procedimiento de Coordinación y tras muchas dudas y resistencias, parece que los dos mundos, el judicial y el de las instituciones especializadas en dar atención, por fin empiezan a orbitar de una forma coordinada con los impulsos de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y la Consejería de Justicia. El nuevo Procedimiento de Coordinación resalta la importancia de los protocolos internos, e instituciones relevantes se plantean hacerlos. Tal vez en esta ocasión se consiga y, por fin, nos encontremos con el Modelo de Actuación previsto por la Ley Integral, en el que Igualdad y la Justicia avanzan de la mano y con respeto. El primero en alegrarse será el espíritu de la Ley Integral y quienes la hicieron posible, pero también las víctimas, sus hijos y sus hijas, y quienes trabajamos cada día por hacer visible la violencia de género y fomentar dinámicas sanas.
Es la hora de lamentar la tardanza, los errores, pero también de un poco de esperanza, porque tras mucho buscar la Ley Integral parece que al fin la vamos a encontrar, rejuvenecida y más integral que nunca.
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