La Junta lamenta la “auténtica traición” de Rajoy al recurrir la reapertura de Aznalcóllar

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha lamentado la “auténtica traición” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía 9/2013, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla.

En declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press, el consejero se mostró “profundamente indignado” por el hecho de que el Consejo de Ministros “haya utilizado una ley franquista, la Ley de Minas de 1973, para impugnar un decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía por unanimidad de todas las fuerzas políticas para la reapertura de mina se Aznalcóllar”. A su juicio, ello constituye una “auténtica traición al pueblo de Andalucía”.

“No han tenido suficiente con impugnar la subasta de medicamentos o con no concedernos un plan de empleo de la misma naturaleza del de Extremadura o Canarias; ahora la gota que colma el vaso es ir contra la soberanía del pueblo andaluz”, se lamenta el consejero, quien apunta que “no ha respetado al PP-A, que ha votado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, tanto la aprobación de la proposición no de ley como el decreto ley para convocar el concurso público de la mina de Aznalcóllar, que tanto empleo, riqueza y bienestar podría generar”.

Para Sánchez Maldonado, “hoy es un día de luto para Andalucía, provocado pro la traición del PP; Rajoy sigue traicionando a los andaluces”. El consejero asimismo apunta que el Gobierno “se apoyan en una ley preconstitucional, la Ley de Minas de 1973; parece que las leyes franquistas le gusta mucho a los señores que están gobernando”.

Sánchez Maldonado se muestra seguro de que el decreto ley “tiene todos los parabienes jurídicos de los servicios jurídicos de la Junta” y lamenta que ahora “pueden pasar cuatro o cinco años y miles de ciudadanos que podrían tener empleo explotando estos recursos naturales de Andalucía no van a tener oportunidad por la cerrazón, sinrazón y traición de Rajoy al Gobierno andaluz”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía 9/2013, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla. Además, según consta en las referencias publicadas tras el Consejo de Ministros, el Gobierno realizará una invocación expresa del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión del decreto andaluz.

Fin del proyecto

La Junta ha advertido de que la decisión del Gobierno de España “puede representar en la práctica el final del proyecto de reapertura de la mina”, en la medida en que la impugnación “suspende de inmediato el concurso hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional y, en el caso de que el alto Tribunal levantara la suspensión, mientras esté pendiente la resolución del recurso difícilmente se van a presentar ofertas ante la inseguridad jurídica que supone”. Lamenta que la decisión del Consejo de Ministros “se produce además sin previo aviso por parte del Gobierno central a la Administración autonómica”.

En una nota, la Junta ha explicado que dadas las excepcionales circunstancias que concurren en Aznalcóllar, el Gobierno andaluz aprobó el pasado 17 de diciembre un Decreto-ley que establece una reserva minera, con el fin de asegurar que la reapertura “viniera precedida de un concurso público internacional en el que sería seleccionada para explotarla la compañía más adecuada y que pueda garantizar el cumplimiento de los estándares más altos de protección y de seguridad ambiental”.

La Junta indica que esta medida --la celebración de un procedimiento público y de concurrencia competitiva para la adjudicación de una concesión minera-- “es algo excepcional, ya que en la preconstitucional Ley de Minas de 1973 la regla general es que el derecho minero se otorga a quien primero lo solicita ('prior tempore, potior iure'), siempre y cuando cumpla determinados requisitos establecidos en la legislación”.

Agrega que “la excepción es la reserva minera, pues solo cuando la Administración declara la caducidad de un título minero o levanta una zona de reserva es posible seleccionar al explotador de la mina a través de un concurso público”.

El Gobierno andaluz considera que la regla de la prioridad establecida en la Ley estatal de 1973 “es una invitación a la especulación, mientras que el concurso internacional, que permite la comparación de las ofertas de las diferentes empresas mineras, es la solución que mejor se adapta a los requerimientos de la sociedad y a las exigencias medioambientales”.

Asegura que al aprobar el Decreto-Ley, que ha sido convalidado por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, la Junta de Andalucía “actuó de acuerdo con sus competencias para la regulación y el control de las minas y de los recursos mineros (Estatuto de Autonomía) y para la gestión de la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales (Estatuto de Autonomía)”.

El consejero de Economía ha puesto de manifiesto “la paradoja de que el Gobierno central acuda al Tribunal Constitucional invocando una Ley de Minas de 1973, de carácter preconstitucional, y después de que el Parlamento de Andalucía haya avalado de forma unánime el Decreto-Ley del pasado mes de enero y de que en julio de 2013 se aprobase una proposición no de ley, también de forma unánime, en la que los grupos parlamentarios de PP, PSOE e IU instaban al Gobierno andaluz a reabrir el complejo minero”.

Para José Sánchez Maldonado, con esta decisión, el Gobierno de España “se sitúa en contra de los intereses de Andalucía, comunidad autónoma en la que existe un amplio consenso político y social para reactivar la minería de forma sostenible en un contexto en el que se ha incrementado de forma significativa la demanda de mineral y de que la actividad extractiva pueda realizarse con las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad”.

“Una competencia que solo corresponde al Estado”

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo autonómico en el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno y por el que la comunidad se reserva los derechos del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla) de cara a su reapertura “se atribuye una competencia que solo corresponde al Estado, como es el reservarse el aprovechamiento de esos recursos minerales”.

Según Crespo, el Gobierno de Mariano Rajoy, con esta decisión, pretende que el proceso cuente “con todas las garantías conforme a la legislación y sin invasión de competencias”. A partir de ahí, según ha añadido, el Ejecutivo central apuesta por “un desarrollo económico sostenible de la comarca”.

En este sentido, la delegada del Gobierno en la comunidad ha resaltado que la Junta de Andalucía “no puede, de manera unilateral, iniciar un proceso tan crucial para Andalucía”.

Por último, Crespo ha recordado que la catástrofe de Aznalcóllar registrada en el año 1982 causó un gran daño medioambientalmente, que “no se ha reparado del todo”, cerca del Parque Nacional de Doñana. Además, ha precisado que “los tribunales aún no se han pronunciado sobre las indemnizaciones que debe pagar Boliden”, empresa que abandonó la mina poco después de la famosa catástrofe medioambiental, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.

El sector: “muchas empresas se verán perjudicadas”

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios (Aminer), ante el recurso de inconstitucionalidad que ha anunciado el Gobierno de España. Fuentes de Aminer han indicado a Europa Press que la patronal minera andaluza lamenta esta situación que “afecta considerablemente al sector”.

Asimismo, advierte de que esta nueva situación “afectará negativamente a la imagen internacional de la faja pirítica y al interés de empresas de primer orden ante las oportunidades mineras de la Comunidad”. Para Aminer, “la reactivación y el empuje que estaba experimentando el sector se ve parcialmente frenado”, tras lo que han recordado las fuentes que Aznalcóllar “tiene grandes recursos”, por lo que esta decisión “retrasa la creación de riqueza y empleo en la zona”.

“Una canallada más”, según CCOO

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha criticado la decisión del Gobierno de recurrir el decreto para reabrir la mina de Aznalcóllar (Sevilla), lo que el dirigente sindical define como “una canallada más del Gobierno central a Andalucía”, tras lo que ha anunciado que estudiará la posibilidad de convocar movilizaciones en la zona.

En declaraciones a Europa Press, Carbonero considera que esta decisión “no entra dentro del cálculo o del sentido común” que el Gobierno “pueda recurrir la posibilidad de que en una comunidad como la nuestra pueda haber una apuesta por el desarrollo económico e industrial, en un momento en el que además hay demanda de la minería, especialmente del cobre”.

Ha indicado que este proyecto “conlleva muchas posibilidades de generación de empleo” y reconoce que CCOO “tenía esperanzas de que este proyecto pudiera ser un foco de generación de empleo para remontar la crisis”. Carbonero lamenta que en esta situación “el PP-A vuelve a no pintar nada en el PP de España cuando le hacen esas cosas a Andalucía” y considera que “se merma la confianza de los andaluces en alguien que rechaza permanentemente las posibilidades de prosperidad de Andalucía”.

“Es una insensibilidad con el pueblo andaluz”, asevera Carbonero, quien reconoce su “sorpresa” por este hecho que “no esperábamos” y que genera “una frustración generalizada ante la que CCOO va a responder”. Carbonero ha anunciado que CCOO en las próximas semanas va a pedir a la Junta que convoque la Mesa de la Minería y va a estudiar si convoca movilizaciones, en cuyo caso convocará a los trabajadores y ciudadanos de la zona.

El alcalde avisa de que el pueblo “no se quedará callado”

El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Agapito Ramírez (IU-CA), ha criticado este viernes duramente el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central. “Nos ha sentado como un jarro de agua fría. Esta comarca está totalmente deprimida y la tasa de paro supera el 30 por ciento en Aznalcóllar. El pueblo no se va a quedar callado”, ha dicho a Europa Press el alcalde, quien pregunta retóricamente si el Gobierno haría lo mismo “si la mina estuviese en Valencia”.

Es un jarro de agua fría y, desde luego, no nos lo esperábamos a estas alturas“, ha dicho el alcalde, toda vez que se encuentra en curso el concurso abierto por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación de esta mina que, recordémoslo, fue abandonada poco después de la famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.

Para el primer edil, se trata de una decisión especialmente hiriente porque el Gobierno central “sabe que esta comarca está totalmente deprimida, con un paro de más del 30 por ciento”. “Tenemos muchas esperanzas depositadas en la reapertura de la mina y, desde luego, no nos vamos a quedar callados”, avisa el primer edil, quien pregunta con ironía si el Gobierno central de Mariano Rajoy haría lo mismo “si la mina estuviese en Valencia”.

“El Gobierno de Rajoy ayuda a las multinacionales, a los bancos y a las grandes corporaciones, pero actúa en detrimento de los trabajadores”, dice Agapito Ramírez, quien por cierto formaba parte de la antigua plantilla de Boliden-Apirsa.

Para el PSOE-A, un “ataque continuo” del Gobierno

El secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, ha censurado este viernes la decisión del Gobierno y ha señalado al respecto que “esta decisión no obedece más que a una estrategia de ataque continuo” a la Comunidad.

En un comunicado, Pradas ha afirmado que “la única lógica que hay tras este recurso de inconstitucionalidad es la lógica de quienes se empeñan en poner la zancadilla al crecimiento económico de nuestra tierra. Cueste lo que cueste y, por supuesto, siempre por encima del interés general del pueblo”.

Tras destacar que la reapertura de las minas sevillanas “permitirá generar empleo cualificado y de calidad y, además, servirá de impulso a este sector”, el dirigente socialista ha dicho que la derecha solo habla el lenguaje de la desesperanza“.

“Nos niega un Plan de Empleo Extraordinario, nos recorta las partidas destinadas a políticas activas de empleo y cercena cualquier iniciativa impulsada desde Andalucía para plantarle cara a la crisis”, ha aclarado Pradas, quien ha destacado que este “ambicioso proyecto, como no podía ser de otra manera, se ejecutará con las máximas garantías medioambientales”.