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Modelo Doñana para La Almoraima

Verdemar propone comprar la Almoraima entre todos los andaluces para evitar que caiga en manos de especuladores

Alejandro Ávila

“Lo público debe seguir siendo público”. Así de tajante se mostraba este lunes María Jesús Serrano, la consejera andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La finca de la Almoraima, que ocupa el 10% del Parque Natural de Los Alcornocales y a la que los ecologistas han llegado a denominar “la Capilla Sixtina del bosque mediterráneo”, ha recibido el espaldarazo institucional que se demandaba.

Tras el intento del Gobierno central de venderla por 300 millones de euros al mejor postor para construir un hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y un aeródromo, la Junta ha anunciado su intención de incluir el 100% de La Almoraima en el Parque Natural “para impedir la especulación”. En cuanto se apruebe la ampliación de Los Alcornocales, el plan auspiciado por el ministro Miguel Arias Cañete quedará paralizado.

Juan Casanova (IU), alcalde de Castellar de la Frontera, municipio gaditano en el que se extiende el 80% de la finca, se congratulaba este lunes de que se haya dado “un paso tan importante y bloqueado los movimientos especulativos” para defender la gestión pública y sostenible de un bosque maduro, que cuenta con especies endémicas muy importantes y está enclavado en un lugar estratégico entre África y Europa.

Tras reunirse con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, el alcalde de la localidad gaditana manifestó a eldiario.es/andalucia que se pretende acercar la Almoraima al “modelo de Doñana, uniendo a todas las administraciones, la local, regional y nacional, y diseñando un plan de desarrollo que mantenga un alto grado de conservación con otras actividades económicas compatibles”.

El regidor de Castellar destaca que la conservación de La Almoraima es “perfectamente compatible” con “la agricultura ecológica, la ganadería, el aprovechamiento forestal, su transformación, las energías renovables y el agroturismo”. En este sentido, Casanova incidió en que “los que vivimos en este entorno no nos podemos ver privados de vivir de él; estamos sufriendo un paro de cerca del 40 por ciento y no podemos seguir a ese nivel”.

Por su parte, Antonio Muñoz, portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, manifiesta su satisfacción por que La Almoraima se una ahora a la ampliación de Los Alcornocales prevista para la zona de Guadalquitón, la Alcaidesa, Pinar del Rey, Sierra del Arca, Chapatal y Majarambú. “Llevamos 25 años demandando esto, es una grata sorpresa. Vamos a apoyarlo y a hacer todo lo posible para que la finca siga siendo pública”. Muñoz asegura que “una rentabilidad de larga duración va asociada al desarrollo sostenible de la naturaleza y no al ladrillo, que es pan para hoy y hambre para mañana”.

En este sentido, la consejera de Medio Ambiente destacaba este lunes que el Gobierno andaluz ya está elaborando el II Plan de Desarrollo Sostenible del parque natural y que se van a destinar en total 3,3 millones de euros para empleo verde en Los Alcornocales.

El Ministerio insiste en la venta

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reafirmaba, por su parte, su determinada intención de vender La Almoraima, criticando las “maniobras con fines políticos” anunciadas por la Junta y manteniendo que la Consejería intenta frenar las posibilidades de crecimiento económico de la zona.

Después de que la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, afirmara que no entiende los motivos para “privatizar” la finca, que “debe ser un espacio para disfrute de todos los ciudadanos porque así ha sido siempre”, el Ministerio ha recordado que la misma fue propiedad privada hasta que fue expropiada en 1983. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete subraya que el Gobierno mantiene su decisión de extinguir la sociedad mercantil La Almoraima, S.A. y proceder a la venta de la finca, devolviéndola de esta forma a la propiedad privada, “en el marco de su firme intención de reducir las estructuras de gasto público y promover una gestión eficiente y sostenible de la finca, garantizando la máxima conservación medioambiental de la superficie protegida”.

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