UPA denuncia discriminación en el acceso de los hijos de agricultores y ganaderos a las becas del Ministerio de Educación

Más de 200.000 alumnos volverán en las próximas semanas a las aulas de las universidades públicas andaluzas, y muchos de ellos solicitarán beca para poder acceder a una formación que no se encuentra al alcance de todos los bolsillos.

Más difícil lo tienen aquellos jóvenes que han de desplazarse muchos kilómetros o buscar alojamiento, como es el caso de los que viven en zonas rurales, para ellos la Universidad supone un suma y sigue de gastos adicionales a los de matrícula o libros .

Y es que en Andalucía, donde más del 90 % del territorio se considera rural y el 54,92 % de la población reside y vive en municipios rurales, “el acceso a la educación es un derecho que en muchas ocasiones no se puede ejercer por problemas económicos”, según la Unión de Pequeños Agricultores.

Esta organización denuncia que existe una discriminación real a la hora de que los hijos de agricultores y ganaderos puedan acceder a las ayudas que concede el Ministerio de Educación, debido a los límites de patrimonio familiar, que en su opinión son discriminatorios y demuestran una “falta de sensibilidad con la igualdad de trato entre el mundo rural y el urbano”.

En este sentido, en lo que se refiere a los umbrales de renta y patrimonio para acceder a las becas, el curso comienza con novedades después de los cambios introducidos en el Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, sin embargo para la organización agraria son “claramente insuficientes”. De hecho según Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, “nos podemos encontrar con gente a la que se le deniegue la beca y no pueda continuar sus estudios porque el valor catastral de la finca rústica de la familia supera el establecido para poder acceder a esa beca”.

Como ejemplo, el hijo de un agricultor con unas 40 hectáreas de secano en propiedad estaría excluido de las becas, en el caso del regadío, a partir de 16 hectáreas y si se trata de un regadío de leñosos con 8 hectáreas ya no tendría derecho a una ayuda. “Sin embargo, con fincas de estas superficies no se puede vivir”, dicen.

De hecho, para poder incorporarse al sistema agrario se  exigen como mínimo de media (depende del tipo de cultivo y la zona de España) de 90 a 110 hectáreas en secano, de 20 a 35 hectáreas de regadío y de 12 a 18 hectáreas de leñosos.

Para más inri, en Andalucía, con 169.400 explotaciones de olivar, el sistema agrario más extenso de la comunidad que ocupa el 25% de la Superficie Agraria Útil (SAU) y el 42% de las explotaciones, para poder incorporarse a la actividad agraria es necesario tener como mínimo 17 hectáreas de olivar en secano. Nueve hectáreas por encima del límite para poder acceder a una beca.

Así, si cuentas con más de 8 hectáreas de olivos no puedes acceder a una beca, pero si tienen menos de 17 no puedes incorporarte a la actividad agraria, una contradicción que critica la organización agraria.

Vieja reivindicación

El cambio del sistema de becas en los que se refiere a las familias rurales, es una vieja reivindicación del sector, que siempre ha considerado que el sistema catastral penalizaba, de forma injusta y negativa, el acceso en comparación con las zonas urbanas.

Para organizaciones agrarias como Asaja, el nuevo decreto, que modifica parcialmente el de 2007, evita la discriminación, al elevar los valores catastrales de las construcciones situadas en fincas rústicas, excluido el valor catastral de la construcción que constituya la vivienda habitual de la familia, de 13.130 a 42.900 euros. Esta modificación no hace sino igualar el umbral de las construcciones rurales a las urbanas. 

Este cambio, siendo positivo, “no es suficiente”, afirma UPA, porque no han modificado el límite de los valores catastrales de las fincas rústicas pertenecientes a los miembros computables de la familia.

Lo que propone UPA es eliminar el límite de volumen de negocio y atender al elemento más objetivo a la hora de valorar los ingresos realmente disponibles: la renta de la unidad familiar.

Todo ello diferenciando entre los que tienen fincas, construcciones rurales o urbanas que las utilizan como medio de producción, para desarrollar su actividad agraria, y entre aquellos que son un elemento patrimonial sin más. De forma, que se aumentarían los límites en los valores patrimoniales de las fincas urbanas y rústicas cuando éstas están ligadas a una actividad agrícola o ganadera.

Además, nunca hay que perder de vista que en el campo no todo depende de la cantidad de tierras sino de cómo responda el tiempo, y los estudios de un joven pueden estar al albur de una buena o mala cosecha.

UMBRALES PATRIMONIALES

Fincas urbanas. La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los miembros computables de la familia, excluida la vivienda habitual, no puede superar los 42.900 euros.

Fincas rústicas. La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas excluidos los valores catastrales de las construcciones que pertenezcan a los miembros computables de la familia no podrá superar 13.130 euros por cada miembro computable.

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