La herida entre UPA Federal y UPA Andalucía sigue abierta

El 2016 ha comenzado para la Unión de Pequeños Agricultores con una herida abierta en Andalucía. Una herida que comenzó a supurar el pasado mes de octubre cuando el Comité Federal de UPA apartaba de sus cargos a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva de UPA Andalucía, así como a los secretarios generales de todas las provincias andaluzas excepto Almería. Un mes después anunciaban la suspensión de derechos de afiliación al que fue elegido secretario general en 2014, con el 98 por ciento de los votos, de UPA-Andalucía y posteriormente de UPA-Jaén, Agustín Rodríguez, y a la vicesecretaria general de Organización y Finanzas de UPA-A, a Montserrat Moyano.

Desde la UPA federal insisten en que los hechos se producen tras la apertura de expediente disciplinario por irregularidades e incumplimientos graves de sus obligaciones como afiliados, unas “faltas muy graves que perjudican notablemente a la organización”, incluso llegan a decir que Agustín Rodríguez había convertido UPA-A “en su chiringuito”. Una de estas supuestas irregularidades, al menos la que se aporta más claramente, es que no se han satisfecho las cuotas de los afiliados por parte de Andalucía a la federal desde 2012. También hablan de incumplimiento de los estatutos sin precisar un artículo concreto.

Los directivos suspendidos se han defendido asegurando que es algo que ocurre en otras UPAS de España, debido a la crisis, y que no es UPA-A la encargada de gestionar las cuotas, ya que dependen de cada UPA provincial con personalidad jurídica propia. Explicaciones aportadas, unos días después de conocerse la decisión del Comité Federal de UPA de apartarlos de los cargos.

Ese día, en un acto celebrado en Jaén, Rodríguez era arropado por más de un centenar de afiliados, miembros de la dirección regional y de las distintas comisiones provinciales que, a excepción de la secretaria general de Almería, lo ratificaban como secretario general. También era confirmada toda la dirección regional, al tiempo que acordaban tomar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia de la organización y la salvaguarda de sus órganos.

Para Agustín Rodríguez, así lo ha asegurado desde el principio, “el problema es que quieren el control de Andalucía”, que con 10.000 afiliados acapara casi el 25% del total nacional, y con una gran importancia en el sector agrario. De hecho, denunciaba que ya en 2007 no les dejaron entrar a una reunión y que en 2012 llegó un anónimo a la secretaría general de la UPA con “ciertas acusaciones” en la que se pedía su cese fulminante, anónimo que fue puesto en manos de la fiscalía por parte del secretario general.

La polémica se dirime en los juzgados

En el presente, se ha comenzado hablando de una investigación de su patrimonio. Lo que en sus comparecencias ha tachado de lamentable, por intentar sembrar dudas sobre su gestión, ante lo que animaba a acudir a los tribunales si alguien tiene algo contra él. “Lo que tengo es fruto de mi trabajo desde los 13 años”, “del sudor de mi frente, de mi explotación agraria y de mi sueldo como secretario general (...) y del esfuerzo de mi mujer y mi familia”, ha defendido.

Desde el mes de octubre las actuaciones se han sucedido. UPA federal ha creado una gestora presidida por Marcos Alarcón, responsable que trabaja para “normalizar la situación” a la “espera de que éstas personas (las destituidas) asuman su situación” y “dejen de resistirse a dejar sus cargos”.

Al tiempo que la polémica se dirime en los juzgados, con distintas medidas cautelares, como la planteada sobre la ocupación de la sede en Sevilla de unos u otros, o la suspensión del contrato de la empresa de seguridad de la sede. El centro de la cuestión se encuentra en el juzgado de lo social número 4 de Sevilla, que a finales de noviembre admitía a trámite la denuncia de UPA Andalucía contra UPA federal por “vulneración de derecho sindical”. El juzgado fijaba para el 13 de enero el señalamiento de la causa, y ese día se celebró una vista para tratar medidas cautelares, aunque el juicio no tendrá lugar hasta noviembre de 2016.

Y como la vida sigue, este mismo mes de enero, los días 26 y 27, se celebrará el 9º Congreso Federal ordinario. En medio de la polémica, en representación de UPA–A estarán presentes los delegados elegidos el 27 de noviembre en un congreso extraordinario en Sevilla, según UPA federal, “por el 100% de los votos de los asistentes, representantes de las provincias al corriente de sus obligaciones estatutarias”, es decir sólo de Almería y Córdoba.

El Congreso de Sevilla también está denunciado ante los tribunales por la anterior ejecutiva de UPA-A. Las razones: ser “convocado por un órgano que no tiene competencias para ello”, con la presencia de representantes de solo dos provincias, dejando fuera a las otras seis restantes.

Opiniones enfrentadas

Por un lado UPA Federal habla de “irregularidades e incumplimientos graves de sus obligaciones como afiliados”, de no acatar resoluciones anteriores de la organización federal y del incumplimiento de los estatutos de UPA Federal y de la UGT donde se integran.

Mientras que los que han sido directivos de UPA-A, hablan de “vulneración de derecho sindical” y de los estatutos de la organización andaluza. Aducen que UPA-A tiene personalidad jurídica propia desde su nacimiento, tiene sus estatutos reformados en 2014 y ante los que nadie presentó ningún recurso, y que recogen que el único órgano competente para separar del cargo a un representante es el comité de UPA-A. Asimismo, añaden que se trata de entidades con personalidad jurídica propia, con NIF, presupuestos y órganos propios, que se integran en una estructura federal para coordinar la política sindical y nada más, por lo que para intervenir en ella sería necesaria una resolución judicial.

Opiniones enfrentadas en una y otra parte, que parecen no afectar al funcionamiento de la organización en Andalucía, ya que los trabajadores y sus oficinas realizan el trabajo con normalidad, tramitando ayudas y demás, y no hay pendientes negociaciones colectivas, como en Jaén donde se aprobó el convenio del campo en 2014 y hasta octubre no habrá que tratar la revisión de las tablas salariales. Pero sí hace daño a la imagen de una organización, cuya solución parece sólo poder llegar con una resolución judicial.