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Isla Mayor acoge este miércoles la entrega de autorizaciones para la pesca del cangrejo rojo
Al acto asistirán, entre otros, el director general de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, Javier Madrid; y el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente, José Losada; junto a los alcaldes de Isla Mayor y de La Puebla del Río, Juan Molero y Manuel Bejarano, respectivamente. Todo ello, como se ha informado, como solución al conflicto desencadenado ante la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a Ecologistas en Acción y anula las excepciones que permitían la pesca y comercialización de este crustáceo, pese a su inclusión en el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras.
Mientras la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio señala que esta orden regula un sistema de control de la población de cangrejo rojo, declarado especie exótica invasora, mediante su “traslado en vivo únicamente hasta los establecimientos autorizados”, como “sistema de eliminación” en el que los ejemplares pasan a “material alimentario”, el primer edil de Isla Mayor resumía recientemente que este mecanismo habilita la pesca como “método manual para controlar la población”.
EL CONFLICTO DEL CANGREJO
Valentín Murillo, presidente del sector de empresarios cangrejeros de Isla Mayor, había detallado ya que el cangrejo rojo fue introducido en España a principio de los años 70, precisamente por el Ministerio de Medio Ambiente de aquella época, para favorecer “el desarrollo de zonas rurales deprimidas económicamente”, siempre que la especie encontrase “vacío el nicho ecológico”, es decir “que no interfiriese en las especies autóctonas”.
Y es así como a lo largo de casi 50 años, el cangrejo rojo “se ha naturalizado totalmente en las marismas del Guadalquivir”, dado que su población “no afecta a las especies autóctonas”. No obstante, en 2011 el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras incluyó en su listado al cangrejo rojo, extremo resuelto “mediante un real decreto” acompañado de una disposición adicional específica. Gracias a dichos instrumentos normativos, según Valentín Murillo, se permitió la pesca y comercialización del cangrejo rojo “como recurso zoogenético para la alimentación”.
La sentencia del Supremo, merced a las acciones legales de los ecologistas, anula precisamente los mencionados instrumentos normativos que, como excepción, permitían la pesca y venta del cangrejo rojo.
Y dado que “el 70 por ciento de la población de Isla Mayor depende” de la pesca del cangrejo, esta sentencia se alzaba como todo un “desastre” económico para toda la comarca del Bajo Guadalquivir, puesto que Isla Mayor es “el centro neurálgico de la actividad productiva”.
