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Verdemar insta a Junta a "cerrar el paso" a empresas de Gibraltar que "cuelan" residuos peligrosos no autorizados

Verdemar-Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Andalucía que "cierre el paso" a las empresas gibraltareñas que están "engañando" y "colando" por la frontera "residuos peligrosos no autorizados". Asimismo, le ha exigido "más rigor y control", tildando de "lamentable" que sean las organizaciones ecologistas las que estén investigando esta serie de acontecimientos y que la Administración vaya "a remolque".

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Así lo han indicado a Europa Press fuentes de Verdemar-Ecologistas en Acción después de que la Consejería de Medio Ambiente haya "confirmado sus sospechas" sobre el traslado a la cantera Ortega Vela, S.A., en Estepona (Málaga), de tierras "contaminadas" y "sin la correspondiente autorización", procedentes de las obras del túnel del aeropuerto de Gibraltar.

En respuesta a una solicitud de información de los ecologistas, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta ha detallado que recibió una comunicación de la empresa exportadora HSE Consulting, Ltd informando de que Ortega Vela había paralizado la entrada en vertedero de nuevos traslados de tierra al haberse detectado en la partida del día 4 de febrero residuos ajenos a los autorizados, tales como hidrocarburos, bidones oxidados, residuos de asfalto, tuberías de PVC y otros.

La exportadora gibraltareña argumentaba en su escrito que es responsabilidad de Ortega Vela, S.A la separación de los residuos no autorizados cuando son recibidos en sus instalaciones.

La Junta contestó a HSE Consulting que la responsabilidad de que se transporten, desde su origen, los residuos autorizados "corresponde exclusivamente a la empresa exportadora". Además, le dio un plazo de diez días para presentar un plan de actuaciones para la retirada de los residuos "indebidamente depositados" en Estepona.

Asimismo, se le advertía de que de no solucionarse adecuadamente la situación "se volvería a suspender los traslados y se procedería a la apertura del correspondiente expediente sancionador", de lo que ha apuntado que se entregó una copia a la autoridad ambiental gibraltareña.

Así, el pasado 14 de marzo se presentó por parte de la exportadora un escrito en el que proponía la retirada de los residuos indebidamente depositados y su traslado a las instalaciones de Gamasur Campo de Gibraltar, en Los Barrios (Cádiz).

ACTUACIÓN DEL SEPRONA

En su contestación a los ecologistas, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Junta da cuenta de que el 22 de marzo se recibió un escrito del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil denunciando el traslado de dichos residuos no autorizados a la cantera de Estepona.

Así, la Delegación Territorial de Málaga de la citada Consejería inició un procedimiento informativo, incluyendo una inspección de las instalaciones de Ortega Vela el pasado 30 de marzo con presencia de agentes del Seprona, procediéndose a una inspección ocular de los residuos objeto de la denuncia, un reportaje gráfico y toma de muestras.

Según se recoge en la contestación de la Junta, que tiene fecha del 20 de abril, se continúa a la espera del resultado de las analíticas de las muestras tomadas durante la citada inspección al objeto de decidir las actuaciones a llevar a cabo.

MALESTAR ECOLOGISTA

Desde Verdemar-Ecologistas en Acción han enfatizado que su denuncia se ha "confirmado", lamentando que se estuviesen llevando a Estepona residuos peligrosos no autorizados procedentes de Gibraltar "sin que la Junta se percatara".

Asimismo, han calificado de "escándalo" que la exportadora gibraltareña pretendiera "endosarle la responsabilidad a la empresa malagueña", que, "además de no estar autorizada, carece de los medios e instalaciones para tratar residuos peligrosos".

Además, ha lamentado que, "como siempre, al final son los gaditanos los destinatarios de estos indecentes residuos", toda vez que acabarán en el vertedero de Los Barrios.

Finalmente, ha exigido a la Junta "más celo" en lo que respecta al cumplimiento de la legalidad de los traslados transfronterizos y también "más contundencia" a la hora de depurar responsabilidades, proponiendo en este sentido que "se cierre el paso" a las empresas que están "engañando y contaminando nuestro territorio".

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