La oposición estudia elevar a la Fiscalía de Granada el informe de la Cámara de Cuentas sobre Cetursa

El informe de la Cámara de Cuentas sobre Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada (Granada), ha movilizado a los grupos de la oposición en el Parlamento de Andalucía: Podemos estudia elevarlo a la fiscalía, el PP pide que lo haga el propio órgano de fiscalización, y los dos, igual que IU, reclaman dimisiones o relevos después de se haya detectado que directivos de la misma cobraron más de lo marcado por la ley, entre otras irregularidades.

De este modo, el diputado de Podemos David Moscoso, que lleva meses poniendo el foco en Cetursa y ha presentado 40 iniciativas en el Parlamento de Andalucía sobre el tema, ha anunciado que pedirán una investigación en la fiscalía sobre la empresa pública. “Gana peso la necesidad de que estos hechos se trasladen a instancias judiciales”, ha apuntado.

Ha recordado que todas las iniciativas de su grupo sobre el tema “expresan el malestar y las denuncias de la plantilla de trabajadores a través de sus representantes sindicales” tras reuniones con ellos. “Contamos con un informe elaborado en el marco de esas reuniones que recoge numerosas supuestas irregularidades sobre contratos de externalización, uso de recursos públicos para fines particulares, malversación de fondos públicos, contratos a dedo por razones políticas y supuesta incompatibilidad con empresas del ramo de servicios turísticos”, ha enumerado, información que elevarían a la fiscalía.

Igualmente, ha asegurado que pedirán que el consejero de Turismo y Deporte, Javier Fernández “rectifique” tras haber “puesto la mano en el fuego” por la consejera delegada de Cetursa, la que fuera consejera de Justicia y Administración Pública María José López, porque “se la ha quemado”. Para reiterar: “Presentaremos toda la documentación de la que disponemos a la Fiscalía de Granada y, por último, esperamos que la Cámara de Cuentas enviará de oficio al Tribunal de Cuentas este informe de fiscalización, o en caso contrario tampoco descartamos que lo hagamos desde mi grupo”.

La parlamentaria del PP Ana Vanessa García, por su parte, ha exigido la destitución la consejera delegada de Cetursa. En paralelo, ha reclamado a la Junta de Andalucía que “investigue los ocho años que ha estado al frente de Cetursa y la estación de esquí y que se devuelva el dinero que dice la Cámara de Cuentas que se ha podido cobrar indebidamente en sobresueldazos a directivos mientras el personal de pistas y remontes trabaja a temperaturas bajo cero y algunos haciendo guardias en el Veleta sin calefacción”.

En su opinión, esto pone de manifiesto lo que el PP ya ha denunciado en numerosas ocasiones y que la propia Cámara de Cuentas “ya advirtió en 2003, dando cuenta de irregularidades” en Cetursa, cuya gestión ha calificado como otro ejemplo de “chiringuito del PSOE”. Según su análisis, que la Cámara de Cuentas “cifra lo que han podido cobrar en sobresueldos los seis directivos de Cetursa desde el 2012 en 300.000 euros, aproximadamente”.

Recuerda que la Cámara de Cuentas “habla hasta en cuatro ocasiones de que existe una posible responsabilidad contable, de que puede haber menoscabo de fondos públicos, de que se ordenan pagos vulnerando la ley, que la consejera delegada tomaba acuerdos nulos de pleno derecho, que estas decisiones no cuentan con el informe preceptivo de la consejería de Hacienda de Hacienda y Administración Pública, que se producen pagos indebidos en concepto de antigüedad a los trabajadores y retribuciones en especie sin la correspondiente retención del IRPF…”. Por ello, ha preguntado si el presidente de la Cámara Cuentas, Antonio López, ha mandado el informe a fiscalía “como ha hecho en otras ocasiones”.

Desde IU su parlamentaria María del Carmen Pérez ha reclamado también el relevo de los directivos de Cetursa. Considera que el informe revela una “nefasta gestión” por parte de la empresa pública que está repercutiendo de forma directa en los derechos laborales. “Privilegios, beneficios, sobresueldos, modificaciones de organigrama para saltarse la ley, todo ello en contra de los derechos, los salarios de los trabajadores”, ha censurado.

Por su parte, María José López ha interpretado que lo denunciado por la Cámara de Cuentas “sólo afecta a tres directivos” que en total han cobrado poco más de 26.000 euros durante cinco años, cantidades que “han devuelto” mientras se determina si se ajustan o no a sus contratos. Lo ha calificado de “mera discrepancia”. Para concluir que este asunto afecta a tres personas con una antigüedad de 30 años en Cetursa y con unos derechos consolidados de los que no se puede prescindir “de forma unilateral”.