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La Audiencia de Huelva admite a la Junta como parte perjudicada en la causa de formación

El juez encargado de los cursos de formación declara a la Junta responsable civil subsidiaria

EUROPA PRESS

HUELVA —

La sección primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha admitido la personación de la Junta de Andalucía en calidad de perjudicada en la causa que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz.

Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la sala ha acordado estimar el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía y la adhesión al mismo por el Ministerio Fiscal contra el auto del 17 de mayo del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de esta investigación, y que desestimaba a su vez el recurso de reforma contra el auto del 22 de marzo. En consecuencia, revoca ambas resoluciones en el sentido de que la personación de la Junta debe admitirse en calidad de perjudicado.

Tras una vista, celebrada la pasada semana, la sección primera ha procedido a admitir la personación en este sentido a fin de que el Gobierno andaluz pueda ejercitar las acciones para recobrar los fondos que hayan sido defraudados por los beneficiarios de las subvenciones, ya que es la Junta quien deberá ser “resarcida de los daños sufridos”.

Todo ello, al ser titular de los fondos empleados en los cursos de formación, dada la inexistencia --en principio-- de daño económico “más allá del que pueda derivar de la actuación delictiva de los investigados en la causa respecto a la Hacienda Pública Andaluza”, a lo que añade que “si se revierte algo de lo defraudado a las arcas públicas lo será en beneficio de toda la ciudadanía”.

Del mismo modo, la Audiencia remarca que “no puede admitirse la postura del auto recurrido de que los perjudicados serían los ciudadanos ya que supondría conceder una acción directa a cada ciudadano, lo que permitiría intervenir a tantos como entendieran que son perjudicados, ni tampoco lo serían las personas destinatarias de los cursos de formación, al no haber sufrido las mismas ningún perjuicio patrimonial”.

En el auto recurrido en reforma se argumentaba que al existir indicios de infracción penal en la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, la personación de la Junta debía serlo “en calidad de responsable civil subsidiario”.

Sin embargo, la letrada de la Junta en el citado recurso alegó “la inexistencia de tercero perjudicado y de daño económico más allá del que pueda derivar de la actuación delictiva de los investigados en la causa respecto de la Hacienda Pública Andaluza”, así como que “las subvenciones no fueron confinciadas por la Unión Europea sino que fueron concedidas en base a recursos del patrimonio propio de la Junta”, por lo que “no concurre en esta causa otro perjudicado más que la propia Junta”.

El juez instructor consideraba en su auto que los fondos propios de la Junta “no debe entenderse como bien particular de la Junta que pueda hacer con ellos lo que quiera, sino que dichos fondos se han recibido por las aportaciones vía impuestos de los ciudadanos, siendo la Junta la encargada de gestionarlos” e hizo referencia al auto dictado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el 'Caso Noos' en relación a la expresión 'Hacienda somos todos'.

En este auto, el juez indicó que la responsabilidad civil subsidiaria debería consistir “en una obligación de hacer consistente en reservar una partida presupuestaria de fondos propios igual al importe que se acredite como quebranto producido y se destine a una nueva actividad de formación”, sin embargo finalmente la Audiencia ha estimado el recurso.

Al respecto, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva, Manuel Ceada, ha destacado “el respeto” de la Administración andaluza a cualquier decisión judicial y que, en este caso, pone de manfiesto que el Gobierno andaluz “pueda personarse como perjudicada en la causa y, por tanto, revoca la que la consideraba como responsable civil subsidiario”. Por ello, ha confiado en que la Junta de Andalucía pueda seguir trabajando para “recuperar cualquier ayuda que no se haya empleado correctamente”.

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