Francisco: prisionero en su silla de ruedas... y en su casa

Francisco tiene diez años, y padece una discapacidad severa derivada de la Parálisis Cerebral que le fue diagnosticada al nacer. Vive en Lepe, en un piso de promoción pública por el que sus padres, Rafael, de 55 años de edad, y Victoria, de 43, pagan 59 euros al mes. Se trata de viviendas construidas en los 90 y entregadas a familias de la localidad amparadas por los Servicios Sociales Municipales, con el matiz de que el ascensor de la vivienda lleva más de cinco años estropeado, los mismos que Francisco lleva prisionero en su propia casa.

La base de todo es un edificio en el que hay cosas que, de entrada, no parecen lógicas, porque se tenga o no una discapacidad, los vecinos que quieran coger el ascensor tienen que subir antes 17 escaleras. Con la Ley de 2017 sería impensable que algo así se autorizase, pero en los 90 fueron varios los edificios similares ubicadas en las cercanías del pasaje de Nueva Umbría donde vive Francisco, cerca del polideportivo de Lepe. Para más INRI, la escalera de acceso a la casa con sus 17 escalones es exterior.

Contra esto llevan ya cinco años peleando los padres de Francisco, a los que les es imposible mover los 100 kilos de peso que suma su hijo y su silla de ruedas adaptada. Sólo sale de casa para lo imprescindible, como ir al colegio, pero el resto del tiempo ni se plantean que pueda salir a la calle a una actividad de ocio o salir juntos a cualquier sitio en familia.

Y es que Francisco no tiene apenas movilidad. Tampoco habla, y ha ido creciendo en torno a un edificio sin ascensor, hasta que ha sido imposible tener una vida normal por falta de este elemento. La familia asegura que el Ayuntamiento no arregla el ascensor -les han dicho- por “problemas de presupuesto”. El consistorio dice a eldiario.es/andalucia que el problema es la base defectuosa del ascensor, que hace que cualquier arreglo dure pocos días. A ello se une, de nuevo, la Ley que permitió en los 90 levantar un edificio con una escalera exterior que impide que se pueda instalar un montacargas.

Reclaman una permuta

Ante esta situación, los padres han solicitado que les sea permutada la vivienda por otra de la mismas características sociales, pero de planta baja, con lo que su problema en concreto le sería solucionado. Piden que, si no puede ser en la misma zona, al menos sea una casa con unas características similares, tanto en dimensiones como en condiciones económicas.

Sin embargo, el Ayuntamiento señala que esa misma solución le fue ofrecida a los padres hace un años, y entonces la rechazaron, porque no querían una casa en la Plaza de Santa Ana de Lepe, en el otro extremo de la ciudad.

El consistorio admite que conoce la situación de esta familia, que ha recibido la ayuda de los Servicios Sociales en varias ocasiones, además de lamentar que la permuta era imposible de hacerse en el mismo edificio, porque las viviendas de planta baja sólo cuentan con una habitación, y ubicar a toda la familia en el mismo inmueble era misión imposible.

Por eso, se abrió de nuevo la posibilidad de tener a su disposición la vivienda de la Plaza de Santa Ana, una vez que se solventase el matiz legal de que se les iba a cambiar una casa del Ayuntamiento por otra que es propiedad de la Junta de Andalucía. A todo ello se ha unido que en los últimos meses la casa ha sido ocupada ilegalmente por una familia que está viviendo en ella sin ningún tipo de autorización. El caso ha sido denunciado, pero de momento no parece que haya solución a corto plazo.

Todo parece haberse unido para que Francisco siga siendo un prisionero en su propia casa. Su familia asegura que se acogerá a la solución que plantee el Ayuntamiento, y éste espera que la ocupación ilegal se solvente antes que tarde. Mientras, Francisco espera en su silla a que el ascensor que debía darle libertad termine de sacarle de su cautiverio.