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La Junta remite a la Fiscalía y al Seprona el informe sobre el yacimiento de Huelva

Junta remite a la Fiscalía y al Seprona el informe sobre el yacimiento y valora opciones en el marco de la ley

EUROPA PRESS

HUELVA —

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva ya ha remitido al Seprona de la Guardia Civil y a la Fiscalía de Medio Ambiente el informe realizado sobre los efectos que han podido provocar los movimientos de tierra realizados en parte del yacimiento arqueológico La Orden-Seminario de Huelva, según han confirmado desde la Delegación de la Junta en Huelva.

Al respecto, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la jornada 'La minería: oportunidades sociales y económicas, un reto para Andalucía', organizada por el Consejero Económico y Social (CES), y preguntado por este asunto, el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha señalado este viernes que la Consejería de Cultura está valorando todas las opciones posibles en el marco de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

En esta línea, Romero ha hecho hincapié en que desde la Junta se va a actuar en consecuencia por lo ocurrido y analizará si en esta ley cabe otro tipo de actuaciones para proteger más el patrimonio.

Por último, el delegado de la Junta en Huelva ha precisado que “tendrá que analizarse lo que se presumía que existía y lo que ya no se pueda conocer”, así como las distintas responsabilidades de los propietarios de las parcelas y de los que han actuado allí.

El pasado martes, el delegado precisó que, desde que tuvieron conocimiento de los hechos por parte del Seprona, se están analizando para valorar posibles daños y, si así fuera, la Junta va a ser “contundente” y aplicará la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que “tiene potestad sancionadora”, afirmó.

Preguntado por los mecanismos que podrían haber fallado al producirse estos hechos, subrayó que los desconoce, a lo que añadió que “la responsabilidad de preservar un bien patrimonial es del propietario”, en este caso la constructora Bekinsa, que es la propietaria mayoritaria, “y después estarán también las empresas que hayan actuado en el mismo, si realmente todo llega a verificarse”.

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