Una mujer maltratada, a punto de ser desahuciada por una deuda de 1.000 euros
Una vecina de Isla Cristina (Huelva), V.A., de 49 años, cuya pareja fue condenada por maltrato, se enfrenta a una petición de desahucio de la vivienda que ocupa pagando 200 euros al mes. Allí vive con su hijo de 23 años, en desempleo, contando las horas para salir de su casa, en un caso en el que la otra parte asegura que la mujer no ha cumplido lo pactado en el juicio para pagar. El letrado que defiende al propietario, Rafael Vélez, sostiene que este caso tiene más de persecución política que de social por su militancia en Podemos. Vélez sostiene que en el juicio se hizo todo lo posible para que un alquiler social solventase la situación, e intenta desvincular su condición política de la de abogado. En este caso concreto ha defendido a su suegro, el propietario de la casa.
Sin solución en el aire, al menos de forma aparente, hace una semana se cumplía el plazo dado, sin orden de alzamiento aún, para que se solvente el asunto, y la inquilina ya ha comenzado a empaquetar todo lo que tiene en la vivienda, en la que vive desde hace tres años.
Mientras que el Ayuntamiento ha ofrecido al dueño del piso el pago de uno de los cinco meses atrasados como solución temporal, la mujer explica a eldiario.es/andalucia que la deuda que acumula en el pago del alquiler asciende a unos 1.000 euros, el equivalente a cinco meses, y que inicialmente afrontó todos los pagos puntualmente, pero se ha retrasado porque en dos años solo ha trabajado seis meses“. Actualmente, ha dicho, recibe una ayuda que no llega a 300 euros al mes, y su hijo, de 23 años, ”está en el paro y depende de mí“.
“He sufrido una encerrona”
La mujer ha calificado este asunto de “encerrona”, ya que “se me convocó a un juicio el verano pasado, pero me puse al día porque trabajé en febrero, y al final hubo otro juicio, pero por enfermedad no fui, pero entonces le pagué una parte, y me dijo el dueño del piso que como se había aplazado el juicio ya no me preocupara, y finalmente me ha dicho que me echa a la calle”.
Fuentes del Ayuntamiento han indicado que se está tramitando un alquiler social para V.A. a través de La Caixa, aunque la entidad bancaria ha dicho que el trámite durará un mes aproximadamente, y que cuando se le ha ofrecido al propietario pagarle el mes de alquiler mientras el banco termina la tramitación, “nos ha dicho que ya ha cogido la señal de los nuevos inquilinos, y que esta mujer tiene que abandonar la vivienda”.
V.A. se estableció en la vivienda después de sufrir maltrato por parte de su expareja, que cumplió pena de prisión por ello, y las fuentes municipales han destacado que, a pesar de su situación, ha podido costear dos carreras universitarias para dos de sus hijos, y sacar adelante a un tercero que vive con ella y se encuentra en desempleo.
El abogado ha hablado a través de su perfil en Facebook, en el que denuncia “una campaña falsa contra mí por un asunto exclusivamente profesional”, para indicar que “yo no soy líder de Podemos en Isla Cristina, sólo soy un inscrito más del círculo local, y la secretaría general la ostenta otra ciudadana”.
“De todas formas, por mis ideas afines a Podemos se le realizó un alquiler social a V. por 200 euros al mes más los consumos. Tras más de año y medio de proceso judicial y con una deuda acumulada de más de 1800 euros el día del juicio, conociendo su situación económica y por humanidad se le perdonaron todas las deudas, las costas judiciales y hasta los gastos de tasas que el propietario asumió a cambio de recibir las llaves y darle plazo hasta ayer para que retirara sus enseres y buscase ayuda”.
Sin embargo, asegura: “Cuál es mi sorpresa cuando desde los servicios sociales municipales se le recomienda que continúe de ocupa porque no pueden reubicarla, e inician esta campaña pretendiendo presentarnos como personas inhumanas que desahucian a una mujer maltratada”.
“Los servicios sociales deben dar cobijo y protección a esta mujer al igual que a todos aquellos que la sociedad coloca en tan difícil situación pero no a costa de otros necesitados como el propietario pensionista”, termina su carta abierta en la red social.
Los citados servicios sociales, que en el Ayuntamiento de Isla Cristina gestiona políticamente el PP, mediante un tripartito que gobierna en la localidad, niegan que su intención sea mantener la condición de ocupa para esta mujer, sino llegar a un punto de entendimiento con una ayuda inicial con la que se gane tiempo. De momento, ese entendimiento parece que no llega.
