Fiscalía de Jaén reclama a la Junta una sala para las víctimas de violencia de género en el juzgado

La fiscal delegada de Violencia Sobre la Mujer de Jaén, Gracia Rodríguez, ha instado a la Junta de Andalucía a habilitar de manera urgente una sala para las víctimas de violencia de género en el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital jiennense que es el encargado de sentenciar el grueso de esta materia.

En declaraciones a Europa Press, Gracia Rodríguez ha denunciado que en el edificio que alberga el Juzgado de lo Penal número 4 no haya una sala de víctimas que separe al agresor de la víctima en el día del juicio. Esta es una vieja reivindicación que se lleva recogiendo en las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sin que hasta el momento se haya hecho nada al respecto.

“La víctima llega con temor y el acusado llega en actitud de enfado, de nervios o de tensión con lo que se puede producir cualquier acto contra la integridad física o psicológica de la víctima”, ha indicado la fiscal. De hecho, según Rodríguez, “ya se han producido casos en el que el acusado o los que le acompañan se acercan y amenazan a la víctima e incluso ha habido hasta agresiones”.

Ha añadido que ya se han dado casos en que mujeres víctimas de violencia de género “han salido corriendo de allí” y ha recordado que muchos de los acusados por violencia de género tienen orden de alejamiento de sus parejas o exparejas sentimentales. Sin embargo, el día del juicio coinciden en la antesala de la vista, un espacio pequeño donde víctima y acusado coinciden sin que haya nadie que controle a excepción de los agentes de la Guardia Civil que se encargan de la entrada y salida en el juzgado.

“Tiene que haber una habitación separada para evitar que unos y otros se vean”, ha indicado la fiscal y ha insistido en que se trata de una cuestión que está recogida específicamente en las modificaciones que se hicieron en el 2015 para todas las sedes judiciales, pero que “en los casos de los juzgados que se ven los casos de violencia de género todavía es más necesario”.

En este punto ha incidido en que se trata de un tema que “es obligación de la Junta de Andalucía ya que es la que administración encargada de los medios materiales y de los edificios donde están instaladas las sedes judiciales”.

MAYOR SENSIBILIDAD CON LOS MENORES

También relacionado con la violencia de género, la fiscal responsable de este área ha recordado que los menores también son víctimas directas de este tipo de violencia, de ahí que haya reclamado “mayor sensibilidad a todos los que participamos en la lucha contra la violencia de género y la violencia familiar”.

Un llamamiento, que según Rodríguez, van dirigidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces, fiscales, abogados, servicios sociales, psicólogos, trabajadores sociales, forenses y funcionarios en su conjunto.

“Todos tenemos que tener una mayor sensibilidad en el tema de proteger a los menores. Los niños tienen muy poco tiempo para ser niños y para tener una educación”, ha subrayado Rodríguez.

Ha recordado que la legislación ha sufrido modificaciones en el año 2015 y ha habido dos modificaciones de leyes orgánicas referentes a la protección de la infancia y la adolescencia en las que se reconoce que “el menor tiene derecho a tener una vida sin violencia como un derecho fundamental, que tenemos que escucharlos en todo tipo de procedimientos, que tenemos que atender al interés del menor y que éste es prioritario respecto a cualquier otro que entre en colisión, ya sea el de los padres o de algún familiar”.

Para la fiscal responsable de Violencia sobre la Mujer, “lo que es primordial es defender a los hijos” ya que “siempre que exista el más mínimo atisbo de que un niño está sufriendo consecuencias psicológicas o físicas por la acción de alguno de los progenitores u otro familiar, hay que cortar la relación con ese familiar ya sea como medida preventiva mientras se investiga o posteriormente si finalmente hay sentencia condenatoria”.

Ha apuntado que en cuanto que un menor manifieste que está sufriendo un mal, la justicia tiene que actuar defendiendo a ese menor. Esto incluye que los profesores y trabajadores sociales, todos los que estén trabajando con un menor, tienen la obligación de denunciar igual que los médicos si tienen conocimiento al respecto.

“Si la legislación ya ha avanzado en esos aspectos, los profesionales tenemos que avanzar al mismo paso. La aplicación del derecho va mucho más lenta que el avance del legislativo”, ha señalado Rodríguez que reitera la necesidad de que los menores sean considerados también víctimas directas de la violencia de género porque así está contemplado en la ley.

También ha realizado un llamamiento a la tranquilidad de los padres y de las madres ya que dentro de las modificaciones legislativas que se hicieron en 2015 ha quedado establecido que las declaraciones de los menores en los juzgados se tramitan a través de métodos especiales, no a través de los ordinarios.

“Es un mensaje de tranquilidad a los padres y a las madres porque se protegen totalmente a los menores para evitar la victimización secundaria” . Las declaraciones de los menores, según se especifica en las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “se pueden y deben realizar a través de un psicólogo”.

En este sentido, ha subrayado Rodríguez, existe la prueba preconstituida que significa que las preguntas las hacen las partes por adelantado y se entregan a un psicólogo que es el que interviene y el que se encarga de hacerlas al menor en una habitación separada donde solo está el profesional con el menor y donde todo queda grabado para que no haya que molestar posteriormente al niño.

“Se protege completamente el interés del menor y esto tiene que servir de tranquilidad a los padres para que sepan que con los niños se actúa con la suficiente sensibilidad y formación para atender sus necesidades”, ha destacado Gracia Rodríguez.