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Una alcaldesa de Málaga, denunciada por incumplir la Ley de Memoria al no cambiar el nombre de Villafranco del Guadalhorce

El nombre de la pedanía de Alhaurín el Grande incumple la Ley de Memoria Histórica, según la denuncia por prevaricación y vulneración de la Ley

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El abogado Eduardo Ranz, que ha tramitado una denuncia a España ante la ONU por no cumplir la sentencia que obliga a exhumar dos cuerpos del Valle de Los Caídos, ha presentado una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de Alhaurín el Grande, municipio al que pertenece la pedanía malagueña Villafranco del Guadalhorce, por "negarse a cambiar el nombre" de dicha pedanía en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Según expone el abogado, en 2015 se iniciaron acciones legales encaminadas a "redefinir democráticamente" los tres "municipios franquistas" que en ese momento aún existían: Bembézar del Caudillo (Córdoba), Queipo de Llano (Puebla del Río, Sevilla) y Villafranco del Guadalhorce (Alhaurín el Grande, Málaga). A lo largo del año, los municipios de Córdoba y Sevilla han sido "debidamente redefinidos adaptando el nombre a la Constitución Española, y al Estado de Derecho", no siendo así el caso del pueblo de Villafranco del Guadalhorce.

Ante esta situación, Ranz ha procedido a denunciar a la alcaldesa de Alahurín el Grande por prevaricación y vulneración de la Ley de Memoria Histórica. "La denominación del municipio se produce en la década de los 50, por el Instituto Nacional de Colonización, dedicándose su nombre al dictador Francisco Franco, máximo exponente de la exaltación de la guerra civil y dictadura. Por tanto, dicha denominación franquista, supone una vulneración del artículo 15 de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica", explica el abogado.

Además de la denuncia, se ha presentado también un escrito ante la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para que "se inicien tantas acciones como sean necesarias contra Villafranco, como símbolo contrario a la Memoria Histórica y Democrática andaluza".

Por último, el abogado explica que la única finalidad que persigue con estas acciones "democratizar los pueblos y dotarnos de un sentido de dignidad como ciudadanos europeos", aunque ha destacado que, en caso de prosperar la denuncia, la actual alcaldesa tendría "imposibilidad legal" de aspirar a la reelección al encontrarse "a mitad de mandato municipal".

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