Tres polémicas que podrían someterse a consulta popular con la futura Ley de Participación

La futura Ley de Participación, de la que la Junta de Andalucía acaba de aprobar el anteproyecto, tiene en el establecimiento de la consulta popular -no siempre con voto en urna, sino que hay diferentes fórmulas recogidas- su más claro exponente de que los políticos no pueden gobernar de espaldas a la ciudadanía. Proponemos repasar tres ejemplos de polémicas abiertas en Andalucía en las que la exigencia de convocar consultas populares se está oyendo con insistencia y donde pueden encontrar la opción -sin que se pueda negar ningún alcalde cuando se cumplan los requisitos para convocarlas- con esta nueva vía.

Hasta que entre en vigor la Ley de Participación Ciudadana en 2015, la manera de intentarlo sería a través de la Ley de Consultas Populares Locales de 2011, que exigen la autorización del Gobierno de la Nación porque tiene carácter de referéndum, son para temas municipales y se convocan sobre el censo. Precisamente, estas dificultades han hecho que cale poco. De hecho, hasta la fecha sólo se ha usado una vez: para decidir sobre la privatización del agua en Aracena (Huelva) el pasado mes de marzo, donde por cierto ganó el “sí” con una participación del 56,24% de los votantes. Eso sí, hay que subrayar que hace unos días se ha aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Los Barrios iniciar el procedimiento para una consulta popular según la misma ley con un debate de fondo: preguntar a los vecinos si quieren que se acaben las obras de la cubierta de la plaza de toros o se desmonte para devolverla a su diseño original. En este caso la propuesta de consulta popular ha sido presentada por el gobierno local (PA-PP).

La consulta popular de la Ley de Participación pretende ser una fórmula más ágil y pese a que no sea vinculante, pondrá a los políticos en el brete de tomar una decisión en contra del pronunciamiento de la ciudadanía. Esta consulta popular se amplía también a los temas autonómicos (podría tener derecho a ser llamada a opinar toda la población mayor de 16 años de Andalucía en un momento determinado) pero desde la Junta de Andalucía consideran que será en el plano local donde tenga más impacto. Y en este contexto, precisamente la privatización de servicios públicos tiene todos los visos de ser la que cope su demanda. No en vano, se ha barajado ya -de acuerdo con la ley vigente y sin llevarse a cabo- para casos como los de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María o Cartaya con el servicio de agua. Junto a este asunto, la instalación de empresas potencialmente contaminantes, es lo que más debate suele abrir. De los dos casos tenemos ejemplos de polémicas abiertas en estos momentos.

Privatización del servicio de agua en Cortegana (Huelva)

La petición de una consulta popular ha salido de las filas de la oposición. El PSOE e IU entienden que el alcalde, José Enrique Borrallo (PP), debería convocarla para conocer la opinión del pueblo en el proceso de privatización del servicio de agua. Pero el regidor se niega. Es más, considera “sorprendente” que lo pidan ahora el PSOE de IU mientras que cuando gobernaban decidieron que el municipio se incluyera en la Mancomunidad Provincial de Servicios (MAS) y Giahsa durante 30 años, y entonces “no lo hicieron” ellos.

Les reprocha por tanto que digan que se haga una consulta popular “para el asunto de la externalización del ciclo integral del agua cuando ellos en su momento no consultaron absolutamente nada”. Igualmente, garantiza que el servicio seguirá siendo público. “Nosotros garantizamos un servicio público del agua, la más barata de toda la sierra”, ha recalcado, incidiendo en que las tarifas las fijará el Ayuntamiento de Cortegana.

Instalación de una empresa en Los Barrios (Cádiz)

Con una consulta popular en tramitación según la ley vigente, en el citado caso de la plaza de toros, la polémica ahora es por la instalación de una planta de almacenamiento de combustibles del grupo Vitol. Colectivos como Cooperación Alternativa y Agaden están exigiendo que el Ayuntamiento de Los Barrios convoque una consulta popular para ello. Recuerdan también que cuando el alcalde, Jorge Romero (PA), estaba en la oposición proponía un referéndum sobre la instalación de la papelera y fábrica de medicamentos de la multinacional LPC Group. Entiende que por lógica debería mantener este criterio cuando se está hablando de instalar una empresa que guardará derivados del petróleo “junto a núcleos poblacionales de Los Barrios y San Roque”, en los que, además de áreas residenciales, hay hoteles, cines, restaurantes, un hospital... Ellos ya entienden que “por sentido común y por precaución” no se debería permitir dicha instalación.

En cualquier caso, estos colectivos insisten en que “en aras de la transparencia y de fomentar la participación” en un asunto “de interés general”, sería deseable que la población afectada pudiera “decidir, con toda la información, si quiere tener o no un almacén de combustible próximo a sus viviendas y negocios”. Exigen que se pronuncie la población cuando tanto el PA como el PP y el PSOE “se han unido para defender este proyecto”, para evitar que “con el argumento de la creación de empleo, pretendan justificar una nueva agresión a la salud y el medioambiente de este rincón de Andalucía, donde la incidencia del cáncer y otras enfermedades es superior a la media”.

Zona azul en Bami (Sevilla)

La ampliación de la zona azul en la capital hispalense ha sido especialmente conflictiva en el caso del barrio de Bami, un entorno que tradicionalmente ha padecido la falta de aparcamientos en sus calles y un trasiego constante de vehículos de vecinos y de los que acuden al hospital Virgen del Rocío y a las sedes de dos consejerías de la Junta de Andalucía allí instaladas. El grupo municipal de IU ha trabajado por la convocatoria de una consulta popular de acuerdo con la ley vigente pero su propuesta ha sido rechazada en la junta municipal del Distrito Sur (12 votos a favor y ocho en contra).

Cuando una parte de los vecino y muchos comerciantes y trabajadores del entorno se oponen a que el Ayuntamiento de Sevilla haya implantado el sistema de pago y rotación para aparcar en superficie (con 1.767 plazas reguladas), la opción que les queda es optar por la vía de consulta popular que abrirá en el futuro la nueva Ley de Participación, suponiendo que para entonces el conflicto no haya muerto.