El juzgado abre las tres primeras piezas de la causa de los cursos de formación

La juez María Núñez Bolaños ha incoado diligencias previas de las tres primeras piezas en que dividió la 'macrocausa' donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, piezas relativas a los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, Rafael Velázquez Sierra y José María Pérez González.

Así lo acuerda la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla en tres autos distintos después de que, el pasado 21 de diciembre, dividiera la causa en nueve piezas, como son las tres ya incoadas y otras cuatro centradas en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación 'Barrado' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

En el auto relativo al entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez explica que en esta pieza se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal que habría recibido con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación “a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y 3 de diciembre de 2010”.

La juez dice que existen indicios de que “buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas” al exconsejero, “en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento”.

Al hilo de ello, la juez considera que de estos hechos podrían ser penalmente responsables un total de 14 personas, entre ellas los exconsejeros Ángel Ojeda y Antonio Fernández.

En las piezas relativas a los entramados empresariales vinculados a Rafael Velázquez Sierra y José María Pérez González, la instructora señala que “se investiga la actividad desarrollada por las empresas vinculadas” a los mismos “en relación a las subvenciones de cursos de formación y contratación”. La juez considera que únicamente serían penalmente responsables ambos empresarios.

Los autos de incoación de diligencias previas de cada una de estas tres piezas pueden ser recurridos ante el propio Juzgado, en el plazo de tres días, y ante la Audiencia Provincial de Sevilla, en el plazo de cinco días.